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A continuación reproducimos Plan Obrero-metalúrgico para enfrentar la crisis minera, editado durante el conflicto entre trabajadores asalariados y cooperativistas mineros en el distrito de Colquiri, departamento de La Paz, el año 2012. Consideramos valido en sus lineamientos generales para resolver la crisis que se ha iniciado en el sector minero.

Plan Obrero-metalúrgico para enfrentar la crisis minera
Introducción
a) Los decretos 1368 y 1369: la liberación de reservas fiscales y un salto en la política anti obrera
b) Por un plan que se apoye en la movilización revolucionaria de los trabajadores
Antecedentes
a) El MAS y las trasnacionales mineras
b) El cooperativismo minero, su desarrollo y diferenciación social interna
c) Los aportes del sistema cooperativo al Estado
d) Huanuni y la expulsión de la trasnacional Allied Deals
e) El gobierno del MAS y el ataque cooperativista a Huanuni
f) La verdad de las cooperativas
Por un Programa obrero de nacionalización de la minería
a) ¿es posible nacionalizar el 100% de los yacimientos mineros?
b) ¿Cooperativas tal cual son o “empresas cooperativizadas”?
c) ¿COMIBOL fiscalizadora como quiere el MAS o COMIBOL capitalizada y productiva?
d) Control obrero colectivo en la minería privada y Administración colectiva de la minería nacionalizada
e) Monopolio estatal del comercio exterior
f) Banca estatal única controlada por los trabajadores
g) Las comunidades indígenas campesinas y la explotación minera
Por un plan de lucha nacional para imponer este programa

Plan Obrero-metalúrgico para enfrentar la crisis minera

Introducción
La elaboración y el anuncio de la proximidad de aprobación de una nueva ley minera que regule las operaciones del sector, combinado con los aun precios altos de los minerales, ha acelerado diversos conflictos que tienen como protagonistas centrales a las cooperativas mineras y a los trabajadores asalariados como en Colquiri o a las comunidades indígenas como en Mallku Khota que lograron la expulsión de la trasnacional canadiense. Sin embargo, estas últimas por ejemplo, deben ahora enfrentar los avasallamientos a sus comunidades por parte de cooperativistas voraces que buscan quedarse con el rico yacimiento. Ante todos estos conflictos, diversos sectores sociales junto a los asalariados vienen exigiendo la nacionalización de los recursos mineros y la expulsión de las trasnacionales como parte de un plan de desarrollo económico nacional con creación de nuevas fuentes de empleo.

Esta situación se da luego de 6 años de gobierno del MAS que ha mantenido y garantizado la continuidad de las disposiciones legales neoliberales con respecto a las trasnacionales y las cooperativas, agravando la crisis al intentar conciliar intereses antagónicos como son los intereses de trasnacionales junto a un reducido número de empresas pequeñas, que operan y realizan fabulosas utilidades en el sector, las cooperativas mineras que en los últimos años han experimentado un enorme crecimiento llegando a contar con casi 120 mil socios y la lucha de los asalariados que ha venido encarnando el conjunto de los intereses nacionales al exigir la nacionalización de las empresas, el uso racional y sostenible de las reservas fiscales y apuntando contra las leyes y disposiciones acuñadas durante el ciclo neoliberal. Todas las medidas que el MAS ha mantenido y ha sido su continuidad no han hecho más que beneficiar a los sectores empresariales ya sea trasnacionales o cooperativistas patronales, llevando adelante incluso disposiciones anti obreras y antinacionales como son los recientes Decretos Supremos 1368 y 1369. Apenas iniciado su gobierno, Evo Morales entregó la fundición de Karachipampa a la trasnacional canadiense Atlas Precious Metals por la mitad del costo que tuvo la COMIBOL en su construcción. Esta operación, como todo negociado, termino siendo un fracaso y aun hoy, 2012, Karachipampa sigue siendo un enorme elefante blanco, igual que el fracaso en la explotación del hierro del Mutún, operación llevada adelante nada menos que por los maoístas del PCML al frente del ministerio de minería quienes entregaron el yacimiento a la trasnacional anglo-hindú sin que llegara a producir nada.

En las líneas siguientes intentamos formular el esbozo para el desarrollo de un plan obrero para la minería que garantice no solo la creación de nuevas fuentes de empleo sino que se conviertan en el puntal junto al sector hidrocarburos para iniciar una ciclo de industrialización de los recursos naturales, retomando la agenda de octubre y combatiendo el saqueo de nuestros recursos naturales.

Esto se hace aún más urgente ante los riesgos de que la crisis económica mundial, que no tiene perspectiva de resolverse, provoque una caída internacional del precio de las materias primas. De darse esta situación y como mencionamos líneas abajo, las empresas van a intentar descargar esta crisis sobre los obreros, como ya mostraron los primeros meses del 2008. Pero aún más, ya que en una situación así, las cooperativas se verán arrastradas y los que pagaran los costos sin posibilidades de establecer medidas sociales serán los cooperativistas pobres, los que no poseen vetas o los jornaleros. Por eso, este plan obrero no solo es para “salvar” a los asalariados de una eventual caída de cotizaciones sino que es un plan que debería ser apoyado y sostenido por los jornaleros y cooperativistas pobres y por las comunidades originarias campesinas que tienen importantes intereses en sus regiones. El gobierno no quiere hacerse cargo de su suerte si se produce este escenario y por tal motivo apoya la línea privatista ya sea trasnacionales o cooperativas, para no tener que responder cuando la crisis pegue.

a) Los decretos 1368 y 1369: la liberación de reservas fiscales y un salto en la política anti obrera
El pasado 3 de octubre del 2012, el gobierno de Evo Morales aprueba los Decretos Supremos 1368 y 1369 que en teoría eran la expresión de los acuerdos con los dirigentes de la FSTMB, el SMTMC y la COB, así como expresión del acuerdo alcanzado un par de semanas atrás con la FENCOMIN . Sin embargo estos decretos, lejos de calmar y disminuir las tensiones en Colquiri, lo que hicieron fue dar un nuevo salto en el giro a derecha con barniz populista del MAS, al entregar en partes iguales la veta Rosario a Cooperativistas para que inicien el saqueo del yacimiento en beneficio de los dirigentes y los sectores adinerados. Sin embargo con el DS 1369, el gobierno lo que hace es empezar a aplicar su proyecto de Ley minera cuyas bases habían sido rechazadas por los asalariados y que aún se encontraba en fase de negociación entre todos los operadores mineros. Con el mismo se liberan importantes áreas de reservas fiscales, todas las que solicitaron las cooperativas, y se preservan o se reafirma el derecho de COMIBOL sobre 26 áreas de explotación minera. La liberación de las reservas fiscales por decreto, no solo que pone en riesgo los yacimientos a futuro, ya que cualquiera puede transformarse en cooperativista y reclamar la explotación de zonas de trabajo, sino que esta liberación lleva el control de las cooperativas mineras desde un actual 4% de reservas hasta un 30% de las mismas. Esta medida es un respaldo no solo económico sino también político a las cooperativas que verán incrementar su solicitud de nuevos socios para la explotación de estas áreas con ritmos geométricos. En palabras del presidente de la FENCOMIN, Albino García “Existen dos tipos de áreas, nacionalizadas y tierras fiscales, de las que el 42 por ciento está inactiva y nosotros queremos tomar en arrendamiento esos sectores”. (…) “El Estado tiene a su cargo más del 46 por ciento de las áreas mineras y nosotros queremos por lo menos un 30 por ciento” . En la misma entrevista García afirma que el 54% de las reservas mineras ni siquiera están en manos de la COMIBOL sino de las empresas privadas, en su gran mayoría constituidas por trasnacionales. Estos dos decretos, que de nacionales y populares solo tienen el membrete, pone en evidencia una vez más la política minera del MAS basada en fortalecer los acuerdos económicos y políticos con las cooperativas, la convivencia “de caballeros “con las trasnacionales y su negativa a considerar los reclamos asalariados para la nacionalización e industrialización de los recursos naturales.

b) Por un plan que se apoye en la movilización revolucionaria de los trabajadores
Los últimos conflictos mineros precedidos por la movilización y resistencia indígena del TIPNIS, han llevado a algunos intelectuales críticos, como Raúl Prada, a afirmar que este “modelo extractivista” que el gobierno impulsa, se da mediante una franca violación de la Nueva Constitución Política del Estado. Algunos sectores incluso han afirmado que la inclusión del sector cooperativo en la Constitución seria el producto no del texto aprobado en Sucre sino en Oruro y luego refrendado en el negociado entre García Linera y Carlos Borth, para lograr el acuerdo con la burguesía y la oligarquía del oriente el 21 de octubre del 2008, texto que es el vigente.

Esta exigencia que realizan diversos sectores e intelectuales de que se debe cumplir la NCPE sin embargo es impotente para resolver la crisis minera y los enfrentamientos en curso. De hecho el mismo Evo y Linera han afirmado y se han apoyado en la misma constitución para llevar adelante sus medidas a favor de las cooperativas y de las trasnacionales que los intelectuales llaman a apelar y defender. Opinamos que los trabajadores mineros deben usar todos los recursos legales y constitucionales que puedan ayudar a su movilización, sin embargo no se puede perder de vista que hasta el momento esto ha sido un completo fracaso.

Según la Constitución y como parte de los objetivos políticos de salvataje del orden burgués el MAS incluyó artículos que hablan sobre la “democracia participativa”, incluyendo y otorgando fuerza institucional a formas de deliberación y decisión como los cabildos. En Colquiri se han llevado adelante sendos cabildos con la participación de la amplia mayoría de sectores incluyendo a las comunidades originarias campesinas, exigiendo la nacionalización 100% y el retiro del sistema cooperativo de la región. Las actas y resoluciones de los participantes no tuvieron no solo ningún peso político sino tampoco legal-institucional. Vemos que la tan publicitada Constitución está al servicio de mantener el engaño sobre amplias capas de trabajadores del campo y la ciudad pero que no significan ningún punto de apoyo en la actual lucha de los trabajadores. Las exigencias de apoyarse centralmente en la Constitución para llevar adelante la pelea solo conduce a una visión abogadil de la lucha, distrae y pasiviza a los trabajadores y por eso mismo dificulta la posibilidad de preparar y organizar una poderosa movilización que imponga las justas demandas de los trabajadores y de las comunidades indígenas campesinas.

El plan que presentamos a continuación, es un plan para cumplir las demandas de la Agenda de Octubre, de nacionalización, de industrialización de los recursos naturales. Este plan indudablemente afectará los intereses de los grupos económicos dominantes. La nacionalización no se puede realizar contentando a las trasnacionales como pretendió Evo y sus amigos durante estos años. Es necesario expulsar del país a estas empresas sin indemnización alguna. La industrialización no se puede realizar si no se corta con la relación de absoluta dependencia de de capitales y de tecnología de las trasnacionales, garantizada por la dependencia del país al imperialismo. Poco importa que Evo y sus amigos insulten de tanto en tanto al imperialismo o al capitalismo, como en la última conferencia de las NNUU. Esto solo es funcional a engañar a sectores de los trabajadores y el pueblo que no han terminado de realizar una experiencia con el MAS como si la han realizado los indígenas del TIPNIS, Mallku Khota o los mineros asalariados. La realización de la agenda de octubre, la industrialización de los recursos naturales superando el mero “extractivismo semicolonial” de materias primas solo podrá realizarse con cortes progresivos a las ganancias y a los derechos de enriquecimiento de la clase dominante. Un plan semejante requiere de la organización y movilización independiente de los trabajadores del campo y la ciudad. Esta es nuestra propuesta y creemos la única vía para satisfacer en forma plena las demandas de la insurrección de octubre del 2003 y de todos y cada uno de los levantamientos desde el 2000.

Antecedentes
a) El MAS y las trasnacionales mineras
Durante todos estos años, ha quedado en evidencia la voluntad de Evo Morales y García Linera de llevar adelante una política de “buenas relaciones” con las trasnacionales y las filiales de empresas imperialistas en el país. Más allá de los juegos y poses retoricas sostenidas en foros mundiales, donde se ataca al capitalismo y al imperialismo, lo cierto es que en casa, la relación con estas filiales andan por buen camino. El pasado 1 de mayo, Evo Morales estatizaba una empresa española que en el ámbito internacional estaba al borde de la quiebra, de distribución de electricidad en Cochabamba y cuyo valor no pasaba de los 5 millones de euros –aunque el reclamo por la estatización bordea los 30 millones de euros- con retórica nacionalista, mientras jugaba un partidito de futbol en el Chaco junto al presidente –nada menos- que de la REPSOL internacional en la inauguración de una planta separadora de líquidos. Estas relaciones de “iguales” con las trasnacionales saqueadoras hoy convertidas en “socias” del estado boliviano son las que se han reproducido en la política minera. Durante el mes de mayo y junio, cooperativistas del distrito minero de Colquiri ocupan el yacimiento y exigen la nacionalización parcial para poder acceder a la veta Rosario. Acto seguido los asalariados responden con una nueva ocupación del yacimiento exigiendo la nacionalización completa a favor del estado y el pueblo boliviano. Ante semejante estado de confrontación, Sinchi Wayra, trasnacional que usufructúa varias concesiones mineras en el país, debe abandonar Colquiri mientras el Estado avalúa las “legitimas” indemnizaciones que debe pagar a la trasnacional. Sin embargo, esta empresa no es retirada de Bolivia, sino que se mantienen las concesiones otorgadas por la COMIBOL, evidenciando con ello la voluntad del gobierno de respetar los compromisos adquiridos con estas empresas saqueadoras de los recursos naturales. Al igual que en Huanuni, el MAS solo “nacionaliza”, pagando jugosas indemnizaciones, cuando la presión social así se lo imponen. Karachipamapa entregada a una trasnacional, el Mutún entregado a otra trasnacional, Coro Coro adjudicada a una trasnacional de origen japonés, San Cristóbal con la trasnacional Sumi Tomo, Mallku Khota entregada a South American Silver y recuperada por la lucha de las comunidades indígenas de Norte Potosí, etc. Sin embargo este tipo de contratos que están lejos de potenciar la COMIBOL, y de ser parte de un plan de industrialización de nuestros recursos mineralógicos, en realidad son la continuidad de una política que facilita y alienta la fuga de capitales al exterior. Es decir ni siquiera estamos ante la presencia de un “reformismo serio” sino que estamos en presencia de una continuidad neoliberal apenas disimulada por la retórica nacional desarrollista y administrada por ministros y viceministros de origen maoísta-estalinista-guevarista. Todo un símbolo del capitalismo andino.

En un trabajo de investigación auspiciado por el PIEB, Rolando Jordán, nos brinda una visión sobre el desarrollo de la minería mediana en el periodo que va del 2000 al 2009, tratando de analizar los determinantes del crecimiento minero de los últimos años y el destino de lo que llama el excedente y la renta minera. Tomamos en esta parte algunos elementos de la mencionada investigación con el fin de evaluar las políticas desplegadas por el MAS desde el 2006 a la fecha, ya que son una muestra de cómo la política tributaria sostenida por el actual gobierno lejos de apuntar hacia la paulatina industrialización de los recursos naturales sobre la base de la reinversión de la renta minera –en la renta hidrocarburifera sucede algo similar- en realidad se alienta la fuga de este excedente bajo la forma de “repatriación de capitales”. En la investigación mencionada que estudia el desarrollo de la renta y del excedente minero de 6 empresas, las mismas representarían incluyendo San Cristóbal el 52% del valor de la producción minera nacional y el 43% de la producción hasta la puesta en marcha del mencionado proyecto. En este sentido los datos vertidos pueden considerarse como expresión del comportamiento del conjunto de la minería mediana y trasnacional, ya que excluyendo Huanuni, empresa incluida en este estudio, todas las demás son empresa filiales de trasnacionales. Según este estudio, la utilidad neta extraordinaria después del pago de impuestos de estas 5 empresas equivale a 692,56 millones de bolivianos y que son equivalentes al 42,33% de la renta total generada durante el periodo 2000-2009. De esta renta retenida por los operadores privados, el 9%, 63,2 millones de bolivianos (de 1990) fueron reinvertidos en sus proyectos, mientras que el “91% restante, equivalente a 641,5 millones de bolivianos de 1990 fue destinado a la repatriación de utilidades”. (…) Aun así, esto no explica el alto porcentaje de las utilidades netas después de impuestos que son remitidas al exterior. El bajo nivel de reinversión en Bolivia, ya sea en proyectos propios o en otras áreas, es un dato que coincide con el bajo nivel de valor agregado que muestra esta industria y la falta de integración, en lo que se refiere a compras, con una industria nacional débil. Entre el 85% y el 90% de los materiales e insumos utilizados en el proceso de producción minera son de importación”. Ante esta situación Jordán sugiere como causa de este fenómeno a la política tributaria heredada del sistema neoliberal y que tuvo continuidad en el gobierno del MAS, pese a un tímido intento de reajustar los impuestos y las regalías el 2008, con resultados de todas formas nulo: “ en efecto, al gravarse la remisión de utilidades al exterior con una tasa del 12,5%, que es exactamente la mitad de la que el inversionista pagaría si decidiera reinvertirla en Bolivia, el operador que reinvierte tendría el desincentivo de pagar una tasa del 25% si desistiera de sacar sus utilidades al exterior. En este sentido, el régimen fiscal boliviano desalienta la reinversión en Bolivia e incentiva la salida de capitales, (…)” . Es decir, que para un hombre que no se considera a sí mismo ni revolucionario, ni reformista, que fue un operador clave de la cámara de mineros medianos, economista y docente de la Universidad Católica y ex ministro del gobierno de la UDP, la política fiscal sostenida por el actual gobierno, heredada de los anteriores, es francamente favorable a las empresas trasnacionales que como vimos al principio son las que producen el grueso de la producción minera nacional.
Para finalizar este punto queremos subrayar, que observando lo sucedido en Huanuni el 2006, Colquiri el 2012, y todos y cada uno de los contratos firmados por el MAS, junto a su política al servicio de las cooperativas mineras, tenemos que concluir que este gobierno si tiene una política minera y la misma es anti obrera y francamente antinacional.

b) El cooperativismo minero, su desarrollo y diferenciación social intern
Luego de la derrota combinada primero gracias a la política de Lechín durante las jornadas de marzo de 1985 para ofrecer una salida revolucionaria a la crisis económica administrada por la UDP y luego la derrota durante la marcha por la vida en Calamarca, las fuerzas burguesas encabezadas por la alianza MNR-ADN, lograron aislar a la clase obrera, imponerle la relocalización y permitir la desarticulación del otrora poderoso movimiento minero. El ciclo neoliberal junto a la entrega de las empresas estatales daba inicio, abriendo un importante proceso de reconfiguración de las clases sociales en Bolivia. Miles de trabajadores salieron de las minas para transformarse en cuentapropistas, cocaleros, comerciantes etc. Sin embargo la tan publicitada relocalización jamás llegó y luego de un par de años la desocupación empujó a importantes franjas de la población a sobrevivir retornando a las minas pero en condiciones de salvaje auto explotación debido a lo bajo del precio del mineral que llegó a estar en algunos momentos incluso por debajo de los dos dólares la libra fina de estaño.

Paralelamente a este fenómeno, los nichos aun rentables de la minería eran adjudicados en contratos de riesgo compartido a empresas trasnacionales que convivían con la pobreza más espantosa de las cooperativas, como en Amayapampa y Capacirca y otras. Esta situación fue alentada por los mismos gobiernos “neoliberales” como el de Goni, Jaime Paz Zamora o Banzer y Tuto Quiroga facilitando áreas de la COMIBOL para las crecientes cooperativas como en Porco, Siglo XX, Catavi, y otras que por contar con aspectos básicos de infraestructura podían ser rápidamente explotadas sin inversión alguna. Así mismo se aprobaron diversas disposiciones tributarias que exceptuaban a las cooperativas el pago de impuestos a las utilidades y otras. Esta política minera, cuya continuidad durante el gobierno del MAS es evidente, tenía como finalidad evitar una enorme masa humana desocupada en las ciudades que podría haberse convertido en fuente de conflictividad social. La auto explotación de miles de cooperativistas se convertía así en un amortiguador y encubridor de la crisis social que el despido masivo y la privatización de todo el aparato productivo había provocado, además de facilitar la transferencia de una enorme masa de valor desde los centros mineros a los países industrializados e imperialistas que recibían mineral prácticamente sin costo alguno, agravando la dependencia y la subordinación del país al imperialismo. Durante años en que los precios de los minerales se mantuvieron muy bajos, la existencia o no de vetas ricas en mineral apenas provocó una muy débil diferenciación social interna, llegando incluso sectores de la intelectualidad de izquierda a ver en esta situación la formación de un nuevo tipo de clase obrera (sobre la base de la subsunción formal del trabajo cooperativo minero al capital) que trabajaba en condiciones de inseguridad laboral y social para las trasnacionales a quienes se vendía el mineral.
Sin embargo esta relativa uniformidad social basada en la pobreza empezó a modificarse sustancialmente con la tendencia alcista del precio de las comodities y de materias primas, las cuales pese a relativas y breves caídas de precio, tuvieron a partir de fines de los años 90’ una tendencia alcista. La explosión y crecimiento del cooperativismo minero se realizó en forma geométrica, manteniendo las modalidades de trabajo, tributarias y de inversión de las épocas de depresión. El resultado fue que los sectores poseedores de vetas ricas en mineral experimentaron un crecimiento y capitalización acelerada dando lugar al origen de una capa de cooperativistas ricos y adinerados y una enorme más de trabajadores que aunque logaron aumentar sus ingresos siempre se mantuvieron en niveles a la par o inferiores a los de los trabajadores asalariados. Las organizaciones y federaciones de cooperativas mineras empezaron a ser controladas en su amplia mayoría por aquellos cooperativistas exitosos que tenían bajo su cargo mano de obra en las vetas, despojada de derechos laborales y sindicales y que recibían un jornal o un pago semanal por su trabajo. La desinversión heredada de las políticas neoliberales, el virtual saqueo de los recursos mineralógicos y la explotación de una importante masa de trabajadores en condiciones de asalariados o cooperativistas pobres, sin veta, condujo a la transformación de las cooperativas en verdaderas cámaras empresariales del trabajo en negro y precario, agravando las condiciones ambientales en las regiones donde operaban y prácticamente sin aportes al estado nacional. Decenas de pueblos y yacimientos se transformaron en pueblos fantasmas ya que la explotación sin inversión en prospección y exploración minera condujo al agotamiento de los yacimientos los cuales para volver a ser rentables necesitarían millones en inversión, abriendo un nuevo circulo vicioso de empobrecimiento de amplias mayorías de trabajadores cooperativistas, y la búsqueda por parte de las capas ricas de nuevos yacimientos con inversiones listos para “asaltar”. Si en los 90’ el cooperativismo era la muestra más terrible de pobreza y explotación, en el nuevo milenio se transformaron en muestras de dinero rápido, saqueo y surgimiento de una nueva burguesía de origen más popular pero tan antinacional como la de antaño, ya que para aumentar su capacidad productiva no dudaba en buscar acuerdos con trasnacionales del sector. Los apoyos por parte de las cooperativas al gobierno de Sánchez de Losada en su segundo mandato era la expresión de este carácter burgués, anti obrero y antinacional que las capas ricas de las cooperativas representaban.

c) Los aportes del sistema cooperativo al Estado
Este sistema de trabajo basado esencialmente en una organización del trabajo de tipo artesanal y rudimentaria, exenta de impuestos está conduciendo a un creciente rechazo por parte de la población del sistema cooperativo al que se ve como depredador de los recursos naturales que desde octubre del 2003, son vistos como propiedad de todo el pueblo. Así, una discusión que tomó cuerpo durante y luego del conflicto de Colquiri fue la comparación entre la productividad y los aportes que realiza el sistema empresarial/asalariado tanto privado como estatal al país y el sistema cooperativo. Según informaciones de prensa el total de ingresos al Estado nacional en conceptos de regalías mineras e impuestos (valor agregado, impuesto a las utilidades y remesas al exterior) ha sido de 506 millones de dólares. De este total ingresado al Estado y por lo tanto excluyendo las fabulosas ganancias (utilidades y renta) que vienen realizando las trasnacionales y empresas mineras ha sido de 462 millones de dólares (91%) y las cooperativas mineras han aportado 44 millones de dólares en concepto de arrendamiento y regalías (impuestos están excluidos) (9%). Esta situación ya pone en evidencia no solo la diferencia en los aportes al estado sino también la diversa productividad del trabajo entre el sistema de organización empresarial/capitalista y el sistema cooperativo/capitalista de la minería, ya que el aporte empresarial se basa en la existencia de aproximadamente 16000 trabajadores asalariados, mientras que los aportes del sistema cooperativo se asienta en aproximadamente 120 mil trabajadores .

En el caso específico de Colquiri, durante el primer semestre de este año (2012) y según entrevista a Trujillo y radio Erbol, el sector asalariado de Colquiri habría aportado con 4,6 millones de dólares (2 millones en regalías y 2,6 millones en impuesto a las utilidades) y la Cooperativa 26 de febrero habría aportado con 240.400 dólares. Estas diferencia es la que condujo a las comunidades campesinas y a todas las organizaciones locales de Colquiri a apoyar la demanda de nacionalización de los asalariados y rechazar la presencia de las cooperativas que son fuente de enriquecimiento de un reducido número de afortunados patrones cooperativistas (con ingresos en miles de dólares) mientras se empobrecen y contaminan las regiones y cientos de trabajadores de las cooperativa se deben contentar con ingresos incluso inferiores a los 300 dólares mensuales.

d) Huanuni y la expulsión de la trasnacional Allied Deals
En el año 2002, cuando se daba un resultado electoral en las elecciones presidenciales de casi un 22% a favor del MAS, atrapando la atención del mundo político, en el distrito minero de Huanuni, y con muy poca difusión de prensa incluso de la misma izquierda que se reclamaba obrera y/o popular, los 800 trabajadores expulsaban del país a la trasnacional Allied Deals, quien se había adjudicado tres años antes un contrato de riesgo compartido para la explotación del yacimiento. Aduciendo que no había utilidades y de estar al borde de una quiebra técnica, la trasnacional evitaba sus compromisos de inversión con la COMIBOL. Ante esta situación los trabajadores que venían resistiendo durante años la privatización de la empresa, pusieron en marcha un mecanismo de control obrero que permitió verificar que la empresa no solo era rentable sino que existían importantes utilidades que la trasnacional sacaba del país. Paraje por paraje, turno por turno los trabajadores anotaban su producción, la comparaban con lo que salía de los ingenios y de ahí con lo que ingresaba a la fundición de Vinto. No había donde perderse. La trasnacional mentía y esto alentaba la lucha obrera exigiendo su reversión al estado hasta que el 2002 la empresa fue intervenida y el denominado “Control social” logró un mayor peso y relevancia en el futuro de la empresa. El control obrero fue denominado “control Social” para distinguirlo del viejo “control obrero” del MNR en la época post 52’ y que fue un mecanismo de cooptación y corrupción de dirigentes, quienes a título de control obrero eran asimilados al directorio de COMIBOL y con salarios de ejecutivos, se convertían en eslabones funcionales a las políticas de los gobiernos de turno y de subordinación de la minería nacionalizada a los intereses de las políticas pro imperialistas que condujeron en los 80’ a la quiebra de la COMIBOL. Mediante este peso de los trabajadores se redujo la jornada laboral a 7hs, se lograron sustanciales aumentos de salarios, se impulsaron diversos proyectos de desarrollo minero que Allied Deals afirmaba no poder hacer, como el nuevo dique de colas o la rampa de acceso hasta el nivel 200 y se garantizó un aporte al estado nacional que la trasnacional antes sacaba fuera del país. Fue un gran triunfo de los trabajadores.

e) El gobierno del MAS y el ataque cooperativista a Huanuni
El inicio del gobierno del MAS con sus estrechas relaciones con sectores cuenta propistas empezando por cocaleros, campesinos y cooperativistas, junto a una tendencia alcista persistente de los precios de minerales alentó la presión para la privatización en forma de cooperativas de los yacimientos mineros. La lucha de los trabajadores asalariados por defender sus empresas en varias compañías privadas condujo a un reaccionario frente único entre los trabajadores asalariados y sus respectivas patronales como en Sinchi Wayra o en las empresas de propiedad de Sánchez de Losada como COMSUR. Sin embargo la presión cooperativista sobre los yacimientos alentadas por el visto bueno gubernamental adquirió rasgos contrarrevolucionarios a meses del inicio del gobierno de Evo Morales, en octubre del 2006, donde un ataque cooperativista que buscaba la asociación de las cooperativas con trasnacionales de origen chino , condujo a la muerte de 16 personas y decenas de heridos en un enfrentamiento que fue alentado por García Linera y Evo Morales. La intentona fracasó y el triunfo de los trabajadores de Huanuni -quienes recibieron el respaldo de todas las organizaciones vivas del pueblo- se tradujo en la incorporación de los cooperativistas pobres y desocupados a las planillas de la empresa Minera Huanuni y de COMIBOl. De 800 trabajadores se pasaba ahora a casi 5000 trabajadores asalariados convirtiéndose de esta manera este distrito en la principal concentración obrera del país, portador de una tradición y experiencia de lucha sin precedentes, a la que ahora se sumaba una clase obrera nueva, joven y sin la experiencia de estos mineros. Este ataque puso en evidencia las relaciones y la naturaleza de clase del gobierno del MAS asociado a los representantes aburguesados de las cooperativas, cuestión que ha quedado confirmada con los decretos 1368 y 1369 con respecto a la veta Rosario en Colquiri y la entrega de importantes áreas de las reservas fiscales a este sector.

f) La verdad de las cooperativas
En las líneas siguientes reproducimos un breve recuadro escrito en Palabra Obrera numero 16 (informe especial) con motivo del enfrentamiento en Huanuni en octubre del 2006, alentado por las capas ricas y que contó con el visto bueno del gobierno del MAS y su ministro de minería de ese entonces el cooperativista Villarroel: “Las cooperativas ocupan un 80 % de la mano de obra del sector minero, pero su producción es sólo un 28 a 30%, lo que muestra el bajo grado de capitalización, la forma artesanal en que operan, la falta de planificación, inversión y tecnología. Sin embargo, la realidad de las cooperativas está muy lejos de la de una “asociación de trabajadores independientes que labora en común y reparte igualitariamente los ingresos, con un espíritu social” . Por el contrario, se trata de un sector muy heterogéneo socialmente, un conglomerado de pequeños capitales y trabajadores por cuenta propia, donde pesa un espíritu pequeñoburgués y que sufre una fuerte diferenciación interna. En la cima, las cooperativas y sus organizaciones, como FENCOMIN, están dominadas por una cúpula de socios enriquecidos, que prosperaron a la vera de los gobiernos neoliberales y están integrados a las élites burguesas departamentales como en Oruro y Potosí. Esta capa superior es también la “cadena de transmisión” de la ideología individualista, proburguesa entre la masa de los cooperativistas y el eslabón que subordina al sector a los intereses de las grandes empresas y las transnacionales mineras que dominan el sector. En esta “aristocracia cooperativista” figuran casos como la familia Alave, en Potosí, que emplea a 300 trabajadores y subvenciona con 30.000 Bs. mensuales al Club Nacional, centro de la élite potosina, o Felipe Flores, ex presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Potosí, hoy diputado de PODEMOS y que posee dos ingenios de concentración cada uno con 40 trabajadores (Datos de Miguel Lora en El Juguete Rabioso, 15-10-06). Los cooperativistas “Desde el primer gobierno de Sánchez de Lozada lograron ingresar con tres directores al directorio de la Corporación Minera de Bolivia y, desde allí, tomaron virtual control del sector. Saben exactamente la situación de las inversiones estatales en minería, tomaron varios centros mineros y almacenes para luego negociar con el Estado que siempre resignó infraestructura, vetas y maquinarias.” (La opinión, 7/10/06). Así, fueron también un aliado crucial del gobierno de Carlos Mesa, antes de aliarse con el MAS a cambio del ministerio de minería, diputaciones y otras prebendas. Pero también negociaron puestos en PODEMOS, donde tienen dos diputados Muchos de ellos son en realidad pequeños y medianos empresarios que emplean a trabajadores asalariados. En total, habría unos 10.000 asalariados –los “peones de los cooperativistas” en las cooperativas mineras, y según un Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia del PNUD: “La mayor parte de los dependientes de los socios cooperativistas no recibe implementos de seguridad, tampoco está asegurada a la Caja Nacional de Salud, ni registrada en las administradoras de Fondos de Pensiones. Por otra parte, los salarios que reciben son bajos comparados con los otorgados a trabajadores de otras industrias.” Además, los socios ricos actúan a veces como “rescatiris” de los afiliados con menos capital, desarrollando formas de explotación internas: “hacen compra de minerales”, dice de dirigentes de las cooperativas de Huanuni ese informe. En muchas cooperativas los socios venden individualmente su producción y los más ricos pueden comprar su derecho a explotar varias “vetas”, es decir, acumular una mayor participación individual y por tanto, emplear a más asalariados. Ingenieros, comerciantes, pequeños y medianos empresarios urbanos pueden así participar de las cooperativas. Por debajo, está una masa de cooperativistas pobres, que trabajan con sus propias manos o con ayuda de algún peón. Como conjunto social, se ven cada vez más subordinados al gran capital, que los explota de diversas maneras: comprándoles la producción a menor precio, a través de los altos intereses de los préstamos bancarios, etc. Así hay diversos acuerdos que subordinan a las cooperativas a las grandes empresas, como entre COMSUR (esta empresa cambió de razón social para encubrir la titularidad del gonismo) y la Cooperativa Minera Poopó, o en el megaproyecto San Cristóbal y otros. En este sentido es falsa la afirmación de García Linera de que estamos en presencia del surgimiento de un empresariado auténticamente nacional que es el que debería timonear el nuevo estado plurinacional de Bolivia. Linera afirmaba que :“Hay la emergencia de un nuevo tipo de empresarios de origen más popular, de los últimos 30 años, que emergen con mentalidad más austera, más clásica, más ahorradora, en el sentido weberiano del término, esos son los sectores medios (los cooperativistas, los comerciantes). Al interior del Estado, el núcleo dirigente articulador del resto de las fracciones sociales se ubica en esta alianza entre núcleos de clase media intelectual con núcleos de los pequeños productores urbanos y rurales mercantilizados” (citado por Carlos Arce CEDLA), pero como ya señalamos líneas arriba en realidad esta capa adinerada, este “nuevo empresariado”, no solo es el socio menor del capital trasnacional por los múltiples convenios e intereses comunes, sino también por el aspecto común que es el carácter anti obrero que los une.

Además, un puñado de grandes comercializadoras domina el mercado y se aprovecha de las necesidades de los cooperativistas. Esto los aproxima a los sectores humildes y pobres de las cooperativas a la clase trabajadora, y por ello, si los “peones de las cooperativas” son una parte esencial del proletariado minero, la masa de cooperativistas pobres puede convertirse en un aliado en el marco de la alianza obrera, campesina y popular, a condición de luchar por romper con la capa superior proburguesa, desarrollando la hegemonía obrera sobre el conjunto del pueblo, convenciendo y dando respuesta a los cooperativistas pobres con un programa obrero de nacionalización de la minería.

Por un Programa obrero de nacionalización de la minería
Cualquier plan progresivo para el desarrollo de la minería y de aprovechamiento del conjunto de los recursos naturales debe partir de imponer la nacionalización de la minería, para garantizar la soberanía sobre nuestros recursos naturales y la definición sobre cómo organizar su aprovechamiento racional. Sin embargo es evidente que está sola medida no es garantía ni de soberanía ni de desarrollo realmente sostenible que garantice la satisfacción de las necesidades de educación, salud, trabajo etc., de las grandes mayorías trabajadoras del país, como quedó en evidencia luego de la revolución del 52 donde se nacionalizó todo, pero no por ello dejamos de ser un país semicolonial, con altos niveles de atraso y miseria. Necesitamos formular un plan integral de desarrollo e industrialización dirigido y controlado por los trabajadores, realizando crecientes cortes y limitando el derecho de propiedad burguesa sobre los medios de producción. En las líneas siguientes formulamos un bosquejo de los que a nuestro criterio los trabajadores mineros, fabriles, petroleros, de servicios, etc. debemos empezar a discutir, para poder formular un verdadero plan de lucha que nos lleve a imponer este programa obrero para la minería.

a) ¿Es posible nacionalizar el 100% de los yacimientos mineros?
El gobierno del MAS, como antes los neoliberales, afirma que es imposible la nacionalización de la totalidad de los yacimientos. Arguyen para esto la importancia de las cooperativas mineras y la enorme mano de obra que absorben, cuestión que la COMIBOL no estaría en condiciones técnico-financieras para soportar este tipo de nacionalización. Es indudable que absorber 120 mil trabajadores de las cooperativas en las condiciones actuales de la minería nacional y del capitalismo atrasado (andino) de nuestro país, este proyecto sería inviable. Sin embargo lo que no nos dice el gobierno del MAS es que si se puede empezar nacionalizando toda la minería trasnacional y privada que funciona de manera empresarial, afirmando de esta manera el rol directriz del Estado en la producción minera, capitalizando a COMIBOL para poder llevar adelante emprendimientos multimillonarios como el que se requiere para la explotación rentable de Mallku Khota y otros. La absorción de decenas de miles de trabajadores cooperativistas puede garantizarse con un genuino plan de industrialización nacional de la minería, cuestión que tanto neoliberales como masistas se han negado a realizar. La fundición de Karachipamapa, convertida en un elefante blanco, no puede operar porque los volúmenes de producción son tan bajos que no solo no sería rentable su funcionamiento sino porque exportar lingotes o mineral en bruto, no tiene una gran significación en cuanto valor agregado. Necesitamos un verdadero plan minero siderúrgico-metalúrgico para crear fuentes de empleo garantizando un plan de industrialización nacional, absorbiendo paulatinamente el grueso de las cooperativas, única forma de llegar a una nacionalización 100% de todos los yacimientos. Hay que empezar nacionalizando la totalidad de las concesiones mineras de Sinchi Wayra, Bolívar, Porco, San Lorenzo, Inti Raymi, Colquiri, etc., para capitalizar y financiar ese plan minero basado en la COMIBOL.

b) ¿Cooperativas tal cual son o “empresas cooperativizadas”?
Las actuales cooperativas mineras, organizadas y dirigidas al servicio de los socios adinerados, se han convertido en fuente de violencia permanente. Violencia contra sus propios jornaleros y trabajadores con los que se enriquecen al no aportar para su seguridad laboral y social, al impedirles organizarse en sindicatos y violencia hacia los trabajadores asalariados al intentar en forma permanente asaltar los yacimientos para convertirlos en cooperativas, precarizando el empleo, iniciando procesos de desinversión y vaciamiento de las empresas mineras y finalmente violencia contra la naturaleza y las regiones al saquear los recursos y contaminar todos aquellos parajes en los que trabajan. Es necesario reorganizar el sistema cooperativo de tal manera que las utilidades y las ganancias de algunas vetas en las concesiones bajo su cargo se distribuyan entre todos los socios de las cooperativas, terminando así con un sector empresarial, explotador de sus propios compañeros y de jornaleros. Es necesario combatir a ese pequeño sector encaramado en las FENCOMIN y en las federaciones departamentales de cooperativas que se enriquecen disfrazándose del trabajo cooperativo. Miles de trabajadores cooperativistas pobres que hoy son usados como fuerza de choque como sucedió en Huanuni o recientemente en Colquiri, aprobaran este plan que significará no solo una alza en sus míseros ingresos sino también una mejora sustancial en las condiciones de trabajo y de vida. Las comunidades campesinas originarias también aprobaran un plan semejante que garantice la seguridad ambiental de la explotación minera combatiendo la contaminación del agua y tierra de sus regiones. Es necesario llevar la lucha de clases al interior de las cooperativas, para terminar con ese carácter reaccionario y atrasado de la producción artesanal e improductiva desde el punto de vista nacional. Solo los trabajadores jornaleros de las cooperativas y los cooperativistas pobres pueden ser los que apoyen una salida progresiva a la crisis minera en curso transformando la producción cooperativa en genuinas empresas cooperativizadas con distribución de ganancias por igual entre los socios, exigiendo el fin de las comercializadoras estableciendo una relación directamente con el Estado y recibiendo créditos baratos para su capitalización para lograr un aumento de la productividad del trabajo beneficiándose los cooperativistas de filas, las comunidades y el país.

c) ¿COMIBOL fiscalizadora como quiere el MAS o COMIBOL capitalizada y productiva?
Si las empresas centrales como YPFB en hidrocarburos o la COMIBOL en la minería, permanecen como oficinas administrativas que adjudican concesiones como hicieron los neoliberales y que el MAS ha mantenido pensar en un proceso de industrialización nacional de los recursos naturales, en este caso hidrocarburos o minería, es algo imposible. En el caso de los hidrocarburos ya vimos como la sola definición de los contratos petroleros con las trasnacionales condujo a una huelga de inversiones en exploración y perforación, llegando a disminuir la perforación petrolera de un promedio de 60 pozos anuales durante el ciclo neoliberal a 3 o 4 durante los primeros años luego de la mal llamada nacionalización. El resultado es conocido por todos, un intento de ataque anti obrero y anti popular con el gasolinazo y finalmente el restablecer subsidios y alientos a la exploración y perforación de las trasnacionales entregándoles 30 u$ por barril. Estas fueron las consecuencias de negarse a capitalizar a YPFB y de nacionalizar sin indemnización todos los hidrocarburos expulsando a las trasnacionales. En el caso de la minería estamos ante una situación similar. Los neoliberales convirtieron la COMIBOL en un ente regulador y administrativo. El MAS ha mantenido ese papel, apenas modificado por la valiente lucha de los mineros de Huanuni hasta el 2006. Emprendimientos mineros como el de Mallku Khota demandaron en exploración y prospección aproximadamente 50 millones de dólares, y la explotación del yacimiento demandará una inversión de aproximadamente, según fuentes de prensa, 500 millones de dólares. Es necesario avanzar en la capitalización de esta empresa, para que pueda cumplir el rol que se exige cuando se habla de nacionalización de los yacimientos y cuando se habla de industrialización al servicio de un plan minero metalúrgico. Este dinero solo puede provenir de: