Cuando a fines de junio el Congreso Nacional votó la Ley de Reparación Histórica con el 80% de aprobación, el conjunto de los bloques patronales (incluido el massismo y el peronismo, además del oficialismo) era consciente de la hipoteca a la que se sometía al sistema previsional a costa de los trabajadores y jubilados, mientras por otro lado implicaba grandes beneplácitos al capital con el “régimen de sinceramiento fiscal” incluido en el combo de la ley ómnibus. Ayer, la Justicia, esta vez desde el área atinente a la Seguridad Social, volvió a arbitrar en forma bonapartística en el régimen político dando lugar a una cautelar impulsada por un ex funcionario de Massa (cuando estaba al frente de la ANSES durante el gobierno de Kirchner) para frenar por tres meses la liquidación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Esta “movida” en el tablero, a pocos días del fallo contra los tarifazos de gas y uno pendiente por el de energía eléctrica, levanta un manto de dudas respecto de los verdaderos acuerdos que se están realizando entre los bandos de la casta política y con el partido judicial. Asimismo, algunas voces esgrimen que la negociación con el partido de Massa y la burocracia sindical es clave para avanzar en otros terrenos, como una ley antiobrera de mayor flexibilización laboral.
El juez Juan Fantini concedió el freno en el marco de una demanda acerca de la inconstitucionalidad de la norma. El magistrado se declaró competente -más allá que el expediente lo disputaba el fuero contencioso administrativo federal- y concedió “parcialmente” la cautelar contra el artículo 28 de la Ley 27.260 que para el demandante “significa la venta lisa y llana de los activos que forman parte del FGS para el pago de las sentencias homologadas, y asimismo, para pagar el flujo de haberes”.
En una presentación realizada por Marcos Peña a Diputados, a pocas horas de revelarse la resolución de la cautelar de la justicia federal de la Seguridad Social, se mostraba que al 30 de junio de 2016 el valor total de inversiones del FGS alcanzaba $ 770.141.960.213, de los cuales casi la mitad corresponden a Bonos públicos y un 12,5 % corresponden a acciones negociables, esto es, $ 96.484 millones.
Estas acciones en manos del Estado, son en su mayoría provenientes de grandes empresas privadas amigas del gobierno como el Banco Macro ($ 20,457 millones), Grupo Galicia ($ 12,241 millones), Telecom Argentina ($ 13,731 millones), Siderar ($ 8,735 millones), entre otros. Como describió Martín Mikori en Revista Ideas de Izquierda N°32, los rendimientos generados anualmente por estos activos significan aproximadamente el 9 % de los ingresos de la Seguridad Social (rentas de propiedad), por lo que su liquidación según establecen los nuevos topes acordados en la Ley de Reparación Histórica que permite bajar su participación mínima hasta el 7 % del FGS, significaría no sólo resignar un activo de $ 54.000 millones, sino también dejar de disponer de una parte importante del sostenimiento de las jubilaciones y pensiones.
La “sociedad de negocios” establecida de esa manera entre el Estado y las empresas privadas permite vislumbrar los planes de desfinanciamiento de las jubilaciones y todo el sistema de seguridad social implícitos en la Ley. Una “bomba de tiempo”, como se señala en el mismo artículo de Mikori, ya que además la ley permite avanzar en la liquidación no sólo de acciones sino de otro tipo de activos, reduciendo así la “garantía” a los jubilados que dicho fondo significa. A lo que se suma la reducción del financiamiento por la devolución coparticipable a provincias.
El camino abierto, y sin atajos, conduce directamente a una reforma reaccionaria del sistema de jubilaciones, también previsto en dicha Ley, que ya se está especulando alrededor de la suba de la edad jubilatoria, fundamentada en el relato que avanzan en construir junto con la ayuda de los medios amigos: el de la falta de “sostenibilidad”.
En la misma presentación oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros se admite que en el mes de agosto 6,5 millones de jubilaciones y pensiones alcanzan el monto mínimo de haber, esto es, $ 4.958,97. Aproximadamente son el 70 % de los jubilados y pensionados, que reciben un monto muy lejano de la canasta básica.
Lo cierto es que los argumentos esgrimidos por la cautelar judicial “parcial” (por tres meses) y el denunciante del massimo Miguel Angel Pastor para frenar la venta de activos del FGS parecen tener un baño importante de realidad al denunciar el desfinanciamiento de las jubilaciones implícito en la ley. Este dictamen, sin embargo, no deja de ser transitorio, enmarcado en un contexto político incierto y de gran necesidad de alianzas por parte del macrismo para poder implementar sus planes.
Por su parte, aún no se sabe cuál será el monto total del blanqueo de capitales, cuyos fondos se supone irían a financiar los reajustes de haberes a jubilados, aunque sobrados argumentos existen para pensar que apenas podrían alcanzar para una proporción reducida del pago, mientras otros especulan con su utilización para el financiamiento del déficit público.
Por lo tanto, de conjunto sigue pesando el alerta sobre los jubilados, a quienes se supone se les intenta “reparar” un daño llevando adelante inusitadas quitas de haberes, mientras por otra parte se les va amasando un paquete de reformas flexibilizadoras y de mayores requisitos (casi excluyentes) para acceder a jubilaciones dignas.
Los jóvenes trabajadores, no obstante, son quienes ven derribadas todas sus ilusiones de ascenso social y de disfrute del tiempo libre, no sólo en la actualidad por ser el sector sobre el que pesan los mayores índices de precariedad laboral, sino hacia el futuro no muy lejano en el que las patronales presionan para que deban trabajar hasta que el cuerpo aguante. |
