Unas 10.000 personas se concentraron ayer a las 11 frente a la sede de Tribunales Federales en Córdoba. Organizaciones de Derechos Humanos, partidos políticos de izquierda, docentes y estudiantes de escuelas secundarias estaban allí para para esperar la sentencia de la llamada Megacausa La Perla. Una pantalla gigante permitía seguir lo que sucedía en la sala de audiencias, como siempre, muy pequeña.
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Se hicieron presente referentes de Abuelas de Plaza de Mayo y la titular nacional de Abuelas, Estela de Carlotto, además de Sonia Torres, una de las principales querellantes. También asistió el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti y algunos de los funcionarios de su gabinete. El gobierno provincial fue duramente cuestionado esta semana a partir de la noticia de que un fiscal revistó en el D2 en los últimos meses de 1983.
Además, se hicieron presentes legisladores del Frente de Izquierda como Laura Vilches, que acaba de presentar un pedido de juicio político contra el fiscal Ramírez, que reconoció haber cumplido funciones durante la dictadura.
La causa
Fue el juicio más extenso de los que se han realizado en Córdoba contra los delitos cometidos en la última dictadura. Reúne 22 expedientes con los casos de 716 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. La mayoría de ellos pasaron por “La Perla”, el Centro Clandestino de Detención más grande del país, aunque también había casos de cautiverio en los Centros Clandestinos “Campo de la Ribera”, Departamento 2 de Informaciones de la Policía (D2 en sus sucesivas sedes), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar.
Además, fue la primera vez que se juzgaron en Córdoba delitos contra la integridad sexual de las víctimas -entendidos como delitos de lesa humanidad y no subsumidos en la figura penal de “tormentos”-, delitos económicos -en particular los cometidos contra el grupo Mackentor S.A.- y la apropiación de niños. Por primera vez en el país se reconocieron como delitos de lesa humanidad hechos cometidos antes del golpe militar del 76, lo que deja una puerta abierta para que se investigue las responsabilidades del gobierno de Isabel Perón.
Los condenados
De los 58 imputados en esta causa en diciembre del 2012, sólo 43 llegaron al final del juicio. Once fallecieron durante estos años y cuatro fueron apartados de la causa porque las autoridades consideraron que su estado psico-físico no les permitía enfrentar el proceso. El tribunal condenó a 28 de ellos a cadena perpetua. Para algunos era la primera vez, como Ernesto Barreiro. El ex jefe de inteligencia y de interrogadores en La Perla había permanecido impune luego de que en 2007 fuera deportado de los Estados Unidos. Por otro lado, Luciano Benjamín Menéndez recibió su 14ª condena perpetua y es el represor que más penas máximas lleva acumuladas.
Cinco represores fueron absueltos. El resto obtuvo condenas menores, de entre 2 y 14 años.
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La palabra de querellantes y testigos
El fallo dejó conformes a las agrupaciones que intervenían en la querella. El abogado de familiares y víctimas, Claudio Orosz, se mostró “satisfecho” con la sentencia y destacó que “demuestra que fue una barbaridad” la sentencia de la Sala III de la Cámara de Casación Penal de inicios de junio que rechazó la perpetua a tres militares por fusilar a 14 personas y sostuvo no se trata de delitos de lesa humanidad porque los hechos ocurrieron durante un gobierno democrático.
Sin embargo, varios también resaltaron que el veredicto se queda “a medias”. La misma Sonia Torres, referente más conocida de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba dijo al salir, dirigiéndose a su hija Silvina: “Hice la mitad de la tarea, hija. Ahora me falta encontrar a mi nieto. A este juicio lo vivo con sentimientos encontrados, con mucho dolor y mucha alegría, después de lo que hemos luchado estos años”.
La abogada de Abuelas, María Teresa Sánchez, manifestó a La Izquierda Diario que a los represores se los tenía que juzgar “por la figura de genocidio. Que se aplique la convención forzada de persona, y que se aplique la convención contra la tortura. Que son tres convenciones internacionales”.
Ercilia Dufour, esposa de Luis Alberto Marconetto, desaparecido en “La Perla”, también habló con La Izquierda Diario. “Fue una sentencia a medias, incompleta, injusta. Con muchos absueltos y con muchos con penas cumplidas. Nosotros todavía esperando los restos de nuestros seres queridos, que están presentes y estarán siempre”, opinó. Y luego agregó: “Queremos que se sepa la verdad, hay listas, hay escondidos como el fiscal que apareció ayer, agazapados en la sociedad, infiltrados”, haciendo referencia al Fiscal Ramírez.
Por otro lado, el gobernador Schiaretti dijo al salir de la sala: “Tenemos que ratificar ´Nunca más´ al terrorismo de Estado, sí a la tolerancia”. Muy pocas personas podrían creer esto luego de una semana en la que se conoció que un fiscal de su gobierno formó parte del Departamento de Inteligencia de la Policía durante la dictadura. Evidentemente, la palabra “tolerancia” tiene para Schiaretti un significado muy particular.
Como dato de la jornada, fue llamativa la solicitada que salió publicada en La Voz del Interior el día del juicio, donde los organismos de Derechos Humanos cordobeses suscribieron junto con la gobernación de Schiaretti, la consideración del juicio como un hecho histórico. Es decir, aún si conocer el resultado de la sentencia, que incluyó absoluciones y penas bajas para algunos de los genocidas, y a días de conocerse la noticia del Fiscal Ramírez.
La izquierda en el juicio
Como ha ocurrido en cada uno de los juicios contra los represores de la última dictadura, el PTS y el Frente de Izquierda estuvieron presentes en toda la jornada de ayer.
Laura Vilches, legisladora del PTS-FIT sostuvo: “El caso del fiscal Ramírez demuestra que hay que abrir los archivos que posee el Estado, no sólo de la dictadura sino desde el año 1974, año del golpe policial de Navarro. Sólo así se conocerá a todos los partícipes y el destino de todos los compañeros. El mismo fiscal de la causa dijo en su presentación en la legislatura que durante el juicio se encontraron pruebas de complicidad civil, datos aportados por las empresas y personal de inteligencia infiltrado en las fábricas que pasaban a los militares. Hay que avanzar en juzgar a todos los cómplices civiles, judiciales y eclesiásticos”.
Leticia Celli, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.), querellante en los juicios de Neuquén expresó: “Además, los juicios deberían hacerse por Centro Clandestino de Detención. Como dijo la abogada de Abuelas, se los debe condenar por genocidio y deben ir a cárcel común. Quisieron exterminar a toda una generación de jóvenes y trabajadores que se oponían a la implementación de un plan económico”.
Por su parte, Jorge “Turco” Sobrado, quien fuera detenido-desaparecido por los militares en 1976 y trasladado al Centro Clandestino “Campo La Ribera”, manifestó: “Llegamos a este juicio producto de años de movilización de los organismos de derechos humanos y de la izquierda. Si bien se condenó sólo a 28 represores a cadena perpetua y algunos pueden quedar en libertad, es un golpe para los planes de Macri de reeditar la teoría de los dos demonios. Sólo con la movilización podremos frenar ese intento y conseguir que todos los responsables estén presos por todas las causas”.
Provocadores
Como sucede en general en todos los juicios contra genocidas, Cecilia Pando estuvo presente. Aunque en un primer momento no se pudo entrar, un grupo de policías federales le permitió el ingreso junto conun pequeño grupo de familiares de represores. Portaban carteles con consignas como “Nunca Más terroristas montoneros” o “No eran jóvenes idealistas, eran terroristas”.
Al finalizar el juicio, dos de los genocidas protagonizaron otra provocación. Mientras los familiares cantaban “adonde vayan los iremos a buscar”, Arnoldo José López respondió con un puño levantado y gritó: “nosotros también”. Posteriormente, Carlos Alberto Díaz miró hacia el estrado y gritó “jueces corruptos”, mientras propinaba insultos y amenazas.
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