Las recientes declaraciones del presidente ejecutivo de Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) reabrieron la discusión sobre una crisis en la cuprífera estatal. Pero esta crisis no es de falta de plata. Aún con la caída del precio, estos valores son similares a los que Codelco tuvo en sus 40 años de historia, con un promedio de US$ 2,1 la libra, y aún así generaba excedentes e inversiones. ¿Cuál es entonces su crisis?
La importancia de la discusión
El cobre sigue siendo “el sueldo de Chile”. Con los actuales precios, representa el 10% del PIB. Pero casi el 50% de las exportaciones. Entre 1976 y 2015 la empresa estatal entregó al fisco US$ 98.280 millones. Lo que cambió es la estructura de la propiedad. A inicios de los años ‘90, la producción de CODELCO representaba el 70% del total. Hoy es sólo del 30%, y el 70% quedó en manos de las empresas privadas, mayoritariamente transnacionales imperialistas, y también empresas nacionales, principalmente del grupo Luksic.
A pesar de esto, entre 2005 y 2014, CODELCO entregó al presupuesto fiscal 2,4 veces el monto entregado por la gran minería privada. Este año la minería estatal aportaría US$ 884 millones, mientras que la gran minería privada aportaría solo US$ 30 millones. Con estos datos, especialistas señalan que, de ser explotado el 100% por CODELCO; sus aportes fiscales se quintuplicarían, pudiendo financiarse las demandas en educación, salud y pensiones.
Las alertas de las crisis
La caída del precio de las materias primas por la crisis económica internacional, impactó fuertemente en el precio del cobre, que descendió hasta rondar los US$ 2 por libra. Y se encendieron todas las alarmas. La proyección a largo plazo es de alrededor de US$ 2,5 la libra. El presidente del Directorio Oscar Laderretche, a inicios del año, buscaba llevar tranquilidad afirmando que a un precio de US$ 2 la libra, CODELCO podía funcionar con normalidad, aunque disminuyen los ingresos fiscales.
Aún así, a mediados del año, a propósito de la conmemoración de los 45 años de la nacionalización del metal rojo, el presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, declaró que Codelco “está viviendo los momentos más difíciles de su historia”.
En estos últimos días, este tipo de declaraciones se agravaron. El mismo ejecutivo manifestó que “no hay un puto peso”. Es a propósito de que este año se inician negociaciones colectivas que involucrarán a 3.500 trabajadores de la empresa, y el próximo año a otros 6.000. Pero no únicamente por esto.
Hay una crisis en el precio internacional, que se entrelaza con otra crisis: los altos precios de los años previos generó una ola de inversiones que se vieron súbitamente frenadas. Como señaló la agencia Bloomberg, la última década las empresas construyeron nuevas minas desde los Andes hasta el oeste de África. La brusca caída de los precios, representó fuertes pérdidas: por US$ 1,4 billones Colapso en las Bolsas, equivalente al valor total de Apple, Google y Exxon; en el caso de la poderosa Anglo American, que en 2008 valía US$73.000 millones, ahora vale menos de un 10% de esa cifra. Las inversiones locales se redujeron a la mitad: de 104.000 millones de dólares para 42 proyectos, a 50.412 millones de dólares, con 35 proyectos.
Las altas inversiones, unidas a la caída en la demanda de China (que representa e 47% del consumo global), produjo un exceso de oferta en los últimos años, y con el freno en las inversiones y la consecuente caída en la producción. Codelco, traerá una baja en la oferta para el 2019 que reimpulsaría el precio del cobre. Con esta proyección, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, que agrupa a las empresas privadas del sector, afirmó, ante las rebajas de costos y en particular los despidos, que "en los próximos años debiésemos tener una cierta estabilidad laboral"
Mientras tanto, CODELCO viene recortando sus planes de inversión. Para este año, anunció, cifras sujetas a permanente revisión, un recorte de US$ $6 mil millones.
El plan de inversiones original sufrió una constante rebaja: de la intención original de US$ 27 mil millones, pasó a US$ 25 mil millones, para ubicarse ahora en US$ 18 mil millones. Y de una producción de 2,5 millones de toneladas de cobre fino al 2025 a 1,7 millones.
Las respuestas del Gobierno y empresarios
En este escenario, las respuestas del Gobierno y los empresarios fueron en dos niveles. El primero, la política nacional, la relación con el conjunto de la clase trabajadora y el resto de los sectores sociales que han entrado en una puja distributiva, con las demandas por poner fin a las AFP y aumentar las jubilaciones, por la gratuidad en la educación superior, el fin al financiamiento vía voucher en la educación básica y media, etc. Ante esto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, declaró que el sector minero está “francamente en recesión”, afectando los ingresos fiscales, y reafirmando su decisión de un Presupuesto restrictivo para el 2017. Fue más lejos: declaró que en Chile “pasamos por un periodo de vacas flacas por el precio del cobre”, rematando con que “es un buen llamado de atención para todos aquellos que creen que es una cuestión de pedir y lograr“.
El segundo nivel es la propia CODELCO. Aquí la clave es el plan de reducción de costos. Este se extienden hasta el año 2020, proponiéndose rebajar US$ 500 millones anuales para lograr un recorte total de US$ 2.000 millones. De la mano con esto, y en acuerdo con la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), aumentar la productividad en 20% para el mismo año. También, modificar los contratos con las empresas externas.
En la rebaja de costos, destacan los ataques a los trabajadores. Hace poco, Oscar Landerretche se vanagloriaba de haber logrado aumentos salariales de 0% en las negociaciones colectivas del año pasado. En los bonos de fin de conflicto fue similar: cayeron un 86% en las de este año 2016: de entre 12 y 14 millones el anterior año, a entre 2 y 3 millones este año.
Especial saña hubo contra los trabajadores subcontratistas: la empresa desconoció los Acuerdos Marco que se negocian a partir del año 2007, renovándose cada dos años desde entonces. Las movilizaciones en respuesta, fueron enormemente combativas. La empresa respondió pidiendo la más dura represión, concluyendo en el asesinato de Nelson Quichillao.
La otra respuesta del Gobierno y los empresarios, fueron los masivos despidos. Las cifras no son del todo claras, pero en toda la industria supera, desde el 2014 a hoy día, los 68 mil trabajadores (21.000 con contrato directo, y 47.000 contratistas).
Con los despidos, no se disminuyó la producción, por lo que hubo un aumento de la productividad, que indica un aumento en la tasa de explotación. Hoy esto está nuevamente en discusión, pero un centro de estudios no sospechoso de ser pro-sindical, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) afirma que la productividad de la estatal es un 30% superior al promedio de toda la industria, explicado precisamente por un “incremento de producción y a una menor tasa de contratación de personal”. Para ponerlo en cifras: el año 2003 los trabajadores de Codelco representaban el 50% del campo laboral del sector, y para el 2013 sólo el 28.3%.
Aún así, esto no es todo: escudados en la baja reinversión que realiza el Estado (US$ 10.112 millones entre 1976 y 2015), se elevan con fuerza las voces que piden una privatización encubierta, por ejemplo, a través de mecanismos como los joint ventures con empresas privadas.
Las respuestas de los trabajadores
Ante la reciente intensificación del debate público, las organizaciones sindicales han salido a responder. En un Comunicado, los sindicatos 1, 2, 3, 5 y Minero de Chuquicamata respondieron a las declaraciones de Nelson Pizarro, denunciando que “los sucesivos gobiernos no han capitalizado como corresponde” a CODELCO y “sólo la han estrujado como una gran vaca lechera“. Que tiene una política de “menoscabo de los trabajadores”, que deben transparentarse las asesorías y servicios de terceros. Que la re-inversión en la estatal es, entre 2005 y 2013, de sólo 8%, mientras que en las empresas privadas de 53%. Que, así, “le han hecho el juego a los saqueadores”. Que se deben utilizar los Fondos Soberanos invertidos en el exterior. Que se deben utilizar los Fondos de la Ley Reservada destinados a las FFAA, así como los fondos de las AFP.
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza, aunque es parte del Directorio y responsable de los nefastos “pactos estratégicos”, reclamó, en alusión a la declaración de Nelson Pizarro, que el Estado no ha puesto “un puto peso” en Codelco.
Cristián Cuevas, denunció que el Consejo Minero marca la pauta de inversión, que las declaraciones de las autoridades sobre la falta de recursos se dan en el momento en que los movimientos sociales salen a las calles a pedir una serie de reivindicaciones. Edward Gallardo, dirigente de Sindicato SCM, candidato en las elecciones CUT y miembro de la agrupación Alternativa Obrera, denunció los despidos ya que las obras seguirán su curso. Además, que la discusión sobre la crisis de CODELCO tiene un tono ideológico evidente, pues “ellos tienen que sustentar a los empresarios de este país, quienes además gobiernan, y junto el Parlamento que está financiado por los mismos, tienen que sustentar esta apretura de cinturón, esta descarga de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores”.
Las denuncias, paros y movilizaciones contra los múltiples ataques, en particular contra los despidos, fueron muchas este año. Pero los ataques siguieron su curso. Esto derivó en un proceso de discusión de las políticas sindicales y de reagrupamientos. Se crearon el Frente de Trabajadores de la Minería Nelson Quichillao, el Frente de Trabajadores Mineros después Unión Nacional Unión de Sindicatos Mineros Privados y Estatales de Chile (Unión Minera de Chile). Cuestionan las directivas tradicionales, se proponen enfrentar los despidos. Y reponen demandas históricas: la renacionalización del cobre, negociación por rama, entre otras. Es que la crisis no es solo coyuntural, por la caída del precio del cobre, o de las inversiones.
La crisis estructural
Una serie de crisis particulares volvieron a salir a la luz pública este año, expresiones de una crisis estructural. Entre ellas, los derrames de relaves, los robos del producto, las operaciones especulativas.
Los derrames de relaves en la División Andina tuvieron un especial impacto, por tratarse de uno de los proyectos de inversión más ambiciosos. Más allá de problemas técnicos, los trabajadores denunciaron que su causa reside en problemas estructurales: la política de reducción de costos. Los trabajadores denunciaron que “se ha ido despidiendo a gente en forma injustificada con el fin de manejar más plata, pero finalmente, estos costos los paga la ciudadanía”.
El robo de concentrado de cobre de alta ley a la división Salvador. En este caso la Fiscalía de Diego de Almagro habría establecido que consistía en el reemplazo por cobre de baja ley y la apropiación del de alta ley, en la que habrían intervenido empresas contratistas y hasta la propia Minera Escondida. Aquí, el problema de fondo es la externalización y privatización de la minería del cobre.
Las empresas privadas son beneficiadas de múltiples modos. Por ejemplo, en Antofagasta, se recauda más por visas a inmigrantes que por patentes mineras en Antofagasta. El 2015, la Municipalidad recibió $2.370.000.000 por el primer concepto, y $2.244.000.000 por el segundo.
Según el especialista Julián Alcayaga, hay en curso una “programada destrucción de Codelco”. Y ejemplifica: millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre (las empresas privadas no declaran ni la cantidad real ni el verdadero contenido de cobre, plata, oro y molibdeno de los concentrados que exportan, cayendo en una práctica de evasión tributaria), que alcanzan a US$ 16.000 millones entre 1990 y 2014. El incremento del endeudamiento (creció en 247% en 11 años). Operaciones especulativas que perjudican los ingresos de la minera estatal con pérdidas de US$ 4.700 millones en mercados de futuro (vender a precios de ahora, para obtener ingresos inmediatos, cuando los precios puedan ser, y lo fueron, superiores), y otros US$ 14.000 millones en subfacturación en las exportaciones.
Es que, como la privatización requiere de una reforma constitucional con un alto quorum la política privatizadora es la destrucción por dentro que abra a mecanismos alternativos, como lo han hecho con casi todas las privatizaciones desde los ’90, destruyendo las empresas para que “la opinión pública” lo acepte.
La privatización disimulada de la minería, vía la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, es un saqueo de las riquezas naturales, por parte de las empresas privadas transnacionales y nacionales. Los planes de destrucción de CODELCO para privatizarlo en los hechos por medio de distintos mecanismos, busca completar esta obra. Al saqueo de los recursos naturales, se suma la explotación redoblada de los trabajadores. Las demandas por educación, salud, y pensiones, podrían ser satisfechas. La única salida realista es la re-nacionalización del cobre bajo control de sus trabajadores. |
