El arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, impulsa junto a Abuelas de Plaza de Mayo, una campaña de spots televisivo para encontrar los más de 400 nietos que todavía faltan recuperar. Desde los spots Arancedo llama “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, (para) que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes”. El máximo representante de la jerarquía católica del país accedió al pedido de Abuelas de sumarse a esta campaña. Los spots serán difundidos por todos los canales como parte de la pauta de publicidad oficial.
Pero lo cierto es que la Iglesia es quien tiene “datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina” es por esto que desde la caída de la dictadura los familiares y sobrevivientes, junto a organismos de derechos humanos independientes del estado y partidos de izquierda, continúan exigiendo la apertura de los archivos que la Iglesia tiene en su poder y que hasta hoy se niega a entregar. A más de un año que el cardenal Bergoglio asumiera como máximo jefe de la Iglesia Católica, no ha dado un paso en este sentido. No muestra la voluntad de entregar los archivos que serviría, entre otras cosas, conocer la identidad de alguno de los bebés apropiados durante la dictadura. Por el contrario persisten en el silencio cómplice. Cuando el arsobispo Arancedo dice “la moral no es solamente no mentir; esconder la verdad o callarla también es inmoral”.
¿A quién se esta refiriendo? ¿Habla de rol que jugó la Iglesia durante la dictadura? ¿O se referirá a las máximas autoridades de la Iglesia, incluyendo al Sumo pontífice que hasta hoy silencia lo que sabe que ocurría durante la dictadura?
La familia de Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del CeProDH, denunció en 1984 ante la Conadep al vicario Castrense Emilio Grasselli, por ser cómplice en la desaparición de Enrique Barry. Como cuenta Alejandrina Barry, su familia se entrevistó con Graselli para pedir ayuda, pero fueron descubriendo que era un cómplice, que sabía perfectamente dónde estaba y que incluso había presenciado las torturas realizadas en un centro clandestino de detención. Pero recién, treinta años después, en septiembre de este año, el fiscal Federico Delgado le pidió al juez federal Julián Ercolini que cite a declaración indagatoria al vicario castrense, Emilio Grasselli, quien fuera secretario del Vicariato Castrense. A pesar de las denuncias que varios familiares de desaparecidos radicaron en la Conadep, ésta sería la primera vez que Graselli declararía como imputado en causas en las que se investigan los crímenes de la dictadura. Lo que muestra que esta institución goza de posprivilegios que le otorga la impunidad.
Bergoglio lo encumbró
En el año 2001, el entonces cardenal Bergoglio, designo a Graselli como responsable de la parroquia castrense de Palermo, en la que continúa dando misa. Esta designación no fue un error de Bergoglio, lo que perdura es el encubrimiento.
Hasta hoy, el rol de Bergoglio bajo la dictadura, sigue generando polémica. Los casos más resonantes que genera estas polémicas son los casos de los curas jesuitas Yorio y Jalics, detenidos y torturados en la ESMA, que cuestiona el rol jugado por Bergoglio para evitar o facilitar su detención.
Si bien no hay testigo que afirmen que Bergoglio fue un colaborador de la dictadura dentro de los Centros Clandestinos de Detención, si se sabe que él conocía a la perfección que ocurría en los años de la dictadura. Sabía de la apropiación de bebés: Estela de la Cuadra, tía de la última de las nietas recuperadas por las Abuelas de Plaza de Mayo, confirma la complicidad del actual Papa con la dictadura.
Por todo esto, es que la Iglesia, a través del documento que emitió la Comisión Episcopal de Pastoral Social, donde exhorta a los católicos a dar los datos que tengan del robo de bebés durante la dictadura, no podrá ocultar su rol cómplice, ni podrá lavar sus culpas por su complicidad con el terrorismo de estado.
Si quieren aportar a la verdad, y romper con el silencio encubridor, que entreguen todos los archivos que poseen de lo ocurrido durante la dictadura. |
