1966. Juan Carlos Onganía recorre las instalaciones del ingenio San Pablo junto a Ambrosio Nougués.
“La calma tucumana es muy tensa. No se aprecian garantías de seguridad. Las protestas de los huelguistas derivan en desmanes y destrozos, saqueos y asaltos. Obstruyen caminos, incomunican a la ciudad, secuestran a funcionarios. La intervención policial es pasiva. La rebelión de los cañeros es apoyada por otras huelgas de cines, confiterías y diversas casas de comercio. ¿Habrá arreglo?”.
Con esas palabras la revista Gente, en su número del 24 de marzo de 1966, pintaba el panorama que vivía la provincia de Tucumán. La descripción no deja de ser tendenciosa pero refleja la convulsiva salida que tuvo 1965 y es el preludio de una decisión que agudizaría el conflicto social. A fines de agosto de 1966, la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía ejecutaba su decisión “racionalizadora” que tuvo un saldo de catorce ingenios intervenidos, once de ellos fueron cerrados definitivamente.
El Onganiato consistió en una respuesta bonapartista a la crisis del dominio burgués en la Argentina. Con una base en el partido militar, se apoyó en los sectores del capital más concentrados y en el visto bueno del conjunto de los sectores dominantes. Inclusive, tanto Perón (quien ordenó “desensillar hasta que aclare") como la dirigencia sindical ofrecieron una “luna de miel” para que Onganía estabilice la situación política y social.
A poco de asumir tras el golpe, Onganía visitó Tucumán para los festejos del 9 de Julio, cuando se cumplían 150 años de la Declaración de la Independencia. Con un desfile militar que recorrió la avenida Mate de Luna, aseguró que se venían días felices para la provincia. Onganía se entrevistó con el secretario general de la FOTIA Atilio Santillán, con la CGT local y los industriales azucareros. Todos ellos realizaron declaraciones públicas de apoyo a la autodenominada “Revolución Argentina”. Incluso todavía se recuerda el grito “¡General, gobierne por veinte años!” propinado por un obrero y que ganó la aprobación general.
“Operativo Tucumán”
El 21 de agosto, por la noche, el ministro de Economía Jorge Néstor Salimei anunció que se tomarían medidas para terminar con esos ingenios que eran “foco de intranquilidad social”. Al día siguiente se firmó el decreto-ley 16.926 para la intervención de los primeros ingenios (Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, Nueva Baviera, La Trinidad y Santa Lucía). Según el decreto, era momento de “sanear la economía distorsionada de la actividad azucarera”. Previamente, el 17 de agosto, trece aviones habían aterrizado en el aeropuerto Benjamín Matienzo con más de 400 efectivos de la Policía Federal para ocupar los ingenios que se cerrarían.
El “Operativo Tucumán” fue presentado como una avanzada contra el monocultivo, “isla de presente conflictivo y futuro incierto" (Salimei dixit), con promesas de diversificación, nuevas industrias de la mano de una “lluvia de inversiones”. Una buena síntesis de este discurso “racionalizador” se puede encontrar en Clarín. “El programa para Tucumán excede los límites de la provincia considerada porque apunta a un cambio profundo en la política nacional de inversiones. Por eso, solo puede ser interpretado como el punto de partida escogido por el Gobierno para una profunda revisión de la política economía seguida hasta la fecha”, afirma la editorial “Revolución para Tucumán”, de la edición del 24 de agosto.
¿Cuál fue el verdadero objetivo de este plan? Además de disminuir el personal público y “racionalizar” la administración estatal, el Onganiato tomó diversas medidas destinadas a favorecer a los sectores más concentrados del capital. En el plano de la industria azucarera lo que estaba en disputa era el destino de los cupos de producción asignados a cada ingenio.
La medida del cierre de once ingenios en Tucumán tuvo como fin favorecer la concentración monopólica en manos de los industriales “del norte” (en referencia a Jujuy y Salta, aunque también hubo beneficiados en Tucumán). Desde un primer momento, los beneficiarios fueron los industriales nucleados en el Centro Azucarero Argentino (CAA). Una Comisión Especial del CAA será la impulsora del cierre de los ingenios en Tucumán, para redistribuirse los cupos. La comisión era presidida por Fernando de Prat Gay (propietario del ingenio Leales en Tucumán, abuelo del actual ministro de Economía), Carlos Pedro Blaquier (del ingenio Ledesma, Jujuy) y los tucumanos Paz (del ingenio Concepción, uno de los mayores beneficiarios en la provincia), Ambrosio Nougués (ingenio San Pablo y Providencia) y Juan José Sortheix. Nougués también tenía lazos con los Patrón Costas, propietarios del ingenio El Tabacal en Salta. A su vez, Herminio Arrieta (Ledesma) había comprado el ingenio Mercedes y pretendía comprar el Bella Vista para, en alianza con los Nougués, controlar la producción de la zona de Lules, Famaillá y Bella Vista.
El lobby de los industriales del CAA puede retrotraerse fácilmente a 1965. Durante ese año, el gobierno de Arturo Illía analizó variantes para poner límites en la producción y comercialización del azúcar. En noviembre de 1965 se implementaron los cupos para la comercialización de lo producido en las zafras de 1966 y 1967. Y en abril de 1966, Illía avanzó en su intervención al fijar recorte del 30% de la producción para la provincia. Esto se tradujo en despidos y retiros voluntarios, salarios a la baja. Algunos autores consideran que en ese interregno –entre las medidas de Illía y el cierre de los once ingenios– se perdieron casi 20.000 puestos de trabajos.
El ingenio Santa Ana, propiedad de Clodomiro Hileret, cerró en 1966. Su chimenea, un símbolo, fue demolida en 1977.
Las consecuencias del cierre y la respuesta obrera
La “lluvia de inversiones” prometidas por el “Operativo Tucumán” nunca llegó. Y las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. De los 27 ingenios que molieron durante la zafra de 1965, 11 fueron cerrados: Santa Lucía, Santa Ana, San José, San Antonio, San Ramón, Los Ralos, Nueva Baviera, Esperanza, Mercedes, Amalia y Lastenia.
Se estima que súbitamente en Tucumán aparecieron 50 mil nuevos desocupados en la agroindustria, 18 mil pertenecían a las fábricas y 32 mil al campo. El impacto social se agudizó con la mayor migración de la provincia: 200 mil tucumanos, que constituían casi un cuarto de la población total, se instalaron en las villas miserias de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
El gobierno improvisó algunas medidas para intentar descomprimir la situación. Recurrió a trabajos como el mantenimiento de canales y trabajos municipales, fomentó la migración y no escatimó en promesas. Sin embargo nada pudo absorber a la mano de obra desocupada. Prontamente, las ollas populares se sucedían frente a la puerta de los ingenios o en los sindicatos.
1966 comenzó con una importante nivel de acciones obreras, que trascendían la industria azucarera (docentes y estatales era también importantes actores). Los sindicatos de ingenios azucareros habían convocado a un Comité Pro Defensa, que tuvo una importante reunión multisectorial durante abril.
Sin embargo, el “cerrojazo” anunciado por el Onganiato descolocará a la dirigencia de FOTIA. La dirigencia azucarera se limitó a discutir algunos puntos del decreto-ley 16.926, sin plantear un plan de lucha articulado. Atilio Santillán dirá luego que en un primer momento era lógico esperar ya que los anuncios de Salimei permitían pensar había un “plan coherente y serio”.
Con las semanas, la respuesta desde las bases obrera se hará cada vez más potente. Al calor de la resistencia en los pueblos (con ingenios cerrados o amenazados) se irán articulado los paros azucareros de octubre y el paro de nacional de diciembre.
A lo largo de los meses siguientes, pueblos como Bella Vista, Los Ralos, Santa Lucía protagonizarán importantes acciones con fuertes enfrentamientos con las fuerzas represivas. Será en una de estas acciones, en enero de 1967, que Hilda Guerrero de Molina será asesinada por la represión. Oriunda de Santa Lucía, era parte de las mujeres que organizaban la resistencia y se dirigían a Bella Vista para una manifestación coordinada con los pueblos de la zona.
El cierre de los ingenios fue un duro golpe para la clase obrera tucumana, con fuertes consecuencias en la vida de los pueblos. Representó uno de los desafíos más grandes a los que tuvo que responder en su corta pero rica tradición de luchas.
El proletariado azucarero fue uno de los primeros actores del movimiento obrero argentino que enfrentó a Onganía. A partir de su acción se nuclearán otros trabajadores, así como también alianzas con otros sectores, destacándose el movimiento estudiantil. En las calles se irá configurando la fuerza social que amenazó al dominio capitalista en la Argentina durante los 70.
Con desigualdades, los azucareros se irán recomponiendo al calor del combate a la “Revolución Argentina” y a partir de 1969 avanzará en una gimnasia huelguística a tono con el ascenso obrero en el país, abierto a partir del Cordobazo. Serán los protagonistas de la última gran huelga en 1974, desafiando al Pacto Social impuesto por Perón.
En 1975, las patronales beneficiadas con el “Operativo Tucumán” serán las que impulsen el “Operativo Independencia”. Ingenios y ex ingenios funcionarán como centros clandestinos de detención. Los Paz, Prat Gay y Nougués pondrán millones de pesos para financiar a los Bussi.
Aun así no pudieron borrar estos importantes capítulos en la tradición de la clase obrera. A 50 años del cierre de los ingenios, el mejor homenaje es continuar ese hilo rojo que recorre la historia. | 
