El caso Bazterrica es el primer caso donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara inconstitucional el artículo 6 de la ley 20.771, que penaba la tenencia de estupefacientes para uso personal.
El caso y sus antecedentes
La ley 20.771, dictada por el gobierno de Isabel Perón, declaró la tenencia de estupefacientes como ilegal y fue sostenida en varios fallos durante la última dictadura (caso “Colavini, Ariel O.”) y los primeros años de la vuelta de la democracia hasta 1986 donde la corte dicta la sentencia del caso Bazterrica.
Gustavo Bazterrica, guitarrista del rock nacional, inició su carrera en la década del 70 junto a Raúl Porchetto y luego pasó por bandas como La Máquina de Hacer Pájaros de Charly García. También fue guitarrista de Luis Alberto Spinetta y Los Abuelos de la Nada.
Bazterrica fue encontrado con 3,6 gramos de marihuana y 0,06 gramos de clorhidrato de cocaína, lo que le costó la pena de un año de prisión en suspenso, $ 200 de multa y costas, por considerarlo autor del delito de tenencia de estupefacientes. Sentencia que fue confirmada por el tribunal de alzada. Por lo que se interpuso un recurso extraordinario para llegar a la CSJN, al cual le dan lugar.
El máximo tribunal declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para uso personal; a pesar de las disidencias de los jueces Fayt y Caballero; porque entendió que está interfiriendo en la zona de reserva que la Constitución Nacional reconoce a cada persona en el artículo 19, resguardando las libertades individuales de cada uno excluyendo toda autoridad de los órganos estatales.
Contradiciendo el criterio sostenido por la Corte en ese caso, en 1989 se sancionó la ley 23.737, que se encuentra vigente actualmente. La misma reafirma la penalización en el artículo 14 en su segundo párrafo: “la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. La corte menemista usó este criterio penalizador en el caso “Montalvo” (1990).
El caso “Arriola” (2009) retoma el criterio sostenido en Bazterrica, donde el consumo de estupefacientes está protegido en el ámbito privado pero todavía queda a discrecionalidad de los jueces la consideración de si es un delito o no según las circunstancias y la cantidad de droga que tenga para que considere que es de uso personal.
El sistema legal y sus contradicciones
Estos retrocesos y contradicciones en la jurisprudencia y la ley sobre la tenencia de para consumo personal lleva a que 30 años después del fallo Bazterrica no se haya avanzado en leyes que deroguen al ilegal artículo 14 de la ley 23.737.
En este marco, unos 250 magistrados, y más de 300 adherentes firmaron una declaración en reclamo de “una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos”. En la misma se resalta que “a pesar de la falta de estadísticas oficiales, diversos informes señalan que aproximadamente el 70% de las causas que tramitan ante el fuero Federal son producto de la actividad de las fuerzas de seguridad referidas a delitos de consumo y sólo un 3% se relacionan con delitos de tráfico”.
Esto se debe a que las fuerzas de seguridad, junto con funcionarios públicos, jueces y fiscales, no sólo protegen a los narcotraficantes sino que directamente forman parte de este gran negociado a nivel mundial.
La única forma de acabar con la persecución a los consumidores y terminar con este negocio es la legalización de todas las drogas. Esto garantizaría los derechos del consumidor, como la posibilidad de controlar la calidad de las drogas y no consumir un producto adulterado como actualmente sucede con el objetivo de obtener mayores ganancias. Pudiendo evitarse las muertes y adicciones al desarmar estas verdaderas mafias ligadas al estado que controlan el gran negocio del narcotráfico y persiguen a una juventud que solo obtiene persecución. | 
