José Luis Agustín Gómez tiene 55 años y una hija que todavía no cumplió los dos. Durante 13 años trabajó en la planta que Coca Cola FEMSA tiene en la avenida Amancio Alcorta, en Parque Patricios. Se desempeñó en el sector de movimiento interno, que provee los insumos para la producción, cartones, tapas y pack de plásticos para envolver los 4 millones de botellas de la marca que todos los días se consumen en Argentina. En abril pasado, lo echaron sin pagarle un solo peso de indemnización.
Durante 13 años, José fue uno de los 600 trabajadores que organizaban sus vidas de acuerdo a las necesidades de la multinacional: turnos rotativos y americanos de 12 horas, cuatro días por semana. Nunca llegaba tarde ni se quejaba de su trabajo, pero evidenciaba un comportamiento que para la empresa era una amenaza insoslayable: se manifestaba a favor de la organización independiente de los trabajadores de Coca Cola.
El telegrama de despido lo sorprendió hace cinco meses, a principios de abril pasado. Dieciocho líneas, el cargo de haber cometido una “injuria grave” contra la compañía y una acusación insólita: haber pergeñado un plan sistemático de destrucción de 15 conos en el sector bodega con las uñas del autoelevador que le tocaba conducir.
“Jamás tuve un apercibimiento, ninguna suspensión, siempre fui de llegar temprano, creo que habré pedido 3 veces médico en 13 años. Yo estimo que esto es una persecución o un contraataque ante los despidos anteriores que, por medidas cautelares, todos los que la pelearon han sido reincorporados”, dice.
Se refiere a la tanda de 70 despidos que Coca Cola decidió en 2015 en sus plantas principales, la de Parque Patricios y la de Monte Grande. Pese al poder de lobby de la multinacional, los trabajadores que reclamaron ante la Justicia fueron reincorporados a través de medidas cautelares con un argumento principal: fueron despedidos sin justa causa. “Como había algarabía por parte de la gente por la reinstalación de los compañeros, hicieron un contraataque con mi caso”.
En agosto pasado, después de más de 4 meses a la deriva, tratando de buscar una explicación y de conseguir alguna changa que le permita sobrevivir, José volvió a su puesto de trabajo por orden judicial. Es el último mal trago que Coca Cola no promociona. La causa en su contra que ideó la empresa fue desestimada.
“Me acusaban de participar en una célula que se dedicaba a romper conos a partir de tal fecha. Pero en el período en el que me acusan yo no estaba en ese sector”, dice. La razón principal -Gómez no tiene dudas- era otra. En abril del año pasado, fue fiscal de la lista opositora al gremio que la empresa quiere como interlocutor, SUTIAGA, el sindicato de Aguas, Gaseosas y Afines.
+ productividad + persecución
Coca Cola es un pulpo trasnacional que tiene 85.000 empleados desparramados por todo el planeta. En enero pasado en Davos, el CEO mundial de la compañía, el turco estadounidense Muhtar Kent, le repitió a Mauricio Macri una vieja promesa: invertir mil millones de dólares en cuatro años. Tres meses después, casi al mismo tiempo que la empresa le enviaba el telegrama de despido a Gómez, ratificó su compromiso en la Casa Rosada junto a José Antonio Fernández y Carlos Salazar presidente ejecutivo y CEO de Coca Cola Femsa. La más maravillosa de las músicas para un presidente que respira en soledad la humedad de la lluvia de inversiones.
En Argentina, la compañía tiene 2 plantas y 4 centros de distribución; emplea de manera directa a 8500 personas y a 6300 de manera indirecta. Su política de hierro es la misma de sur a norte.
A mediados de julio pasado, la empresa echó a 51 empleados en la planta de Salta y, dos semanas después, tuvo que reincorporar a 31 de ellos debido a un fallo judicial. Incluso el gremio de Camioneros entró en conflicto con Coca Coca Femsa por el encuadramiento de afiliados que cobran entre 5 y 8 mil pesos menos en otros sindicatos.
En un contexto en el que los despidos crecen, -el único mérito del gobierno es que ahora el INDEC lo reconoce- y la economía no arranca, la política de Coca Cola encuentra eco en el fallo reciente de la Corte Suprema sobre el caso Orellano, que avaló el despido de un trabajador por participar de una huelga que no había convocado el sindicato. El máximo tribunal borró con el codo lo que había escrito con la mano en el caso Maximiliano Álvarez contra Cencosud de diciembre de 2012, cuando consideró que en casos de discriminación corresponde la reincorporación.
El clima de amedrentamiento, la política persecutoria antisindical y de violación de los derechos laborales que la diputada Myriam Bregman denunció en el Congreso se vive adentro de la empresa y es el reverso de las campañas publicitarias que se apoderan de las ciudades. Pero no puede atribuirse ni siquiera a pérdidas de la compañía. Según el último balance que Coca Cola dio a conocer, el volumen total de ventas en Argentina creció 3.6% a 233.9 millones de cajas unidad en el 2015, en comparación con 225.8 millones de cajas unidad en 2014.
A principios de junio pasado, desembolsó 575 millones de dólares para diversificar su negocio y comprar Ades, la marca líder en bebidas a base de soja. Unas semanas después, se interesó en quedarse con el 100 % de los yogures, postres y flanes de Sancor, una operación que finalmente concretó la cerealera Vicentín.
La compañía sanciona y suspende con un objetivo que la trasciende y es considerado como prioridad por todo el empresariado en la nueva etapa: aumentar la productividad en detrimento de empleados que muchas veces llevan años con contratos precarios o sumidos en el universo sin derechos de la tercerización laboral. Maximizar la ganancia a costa de los cuerpos.
El informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma indica que las prácticas antisindicales no son propiedad exclusiva de Coca Cola. Al contrario, se multiplicaron en el sector público y el sector privado durante el primer semestre de 2016, en un contexto de una fuerte caída del salario real y de pérdida de puestos de trabajo. El trabajo registra casos de prácticas antisindicales en las metalúrgicas Avellard Rejna y Valeo de Córdoba y en Tenaris SIAT en Valentín Alsina, en la tercerizada de Aerolíneas Argentinas Falcon S.A, en la empresa Menoyo, en la fábrica de juguetes Dimare, en la firma Seguridad (una tercerizada de Carrefour), en La Brújula (tercerizada por Brightstar) de Tierra del Fuego, en CI5 (tercerizada del Ferrocarril Sarmiento), en la ONG Médicos Sin Fronteras y en el diario BAE de los hermanos Olmos, dos empresarios de medios que ganaron millones con la alianza del kirchnerismo y la UOM y despidieron a los dos delegados afiliados al sindicato SIPREBA. En el sector público también hubo despidos del mismo tipo, en el Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén y la Universidad del Comahue, en la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy –donde Gerardo Morales echó a 9 trabajadores incluida la candidata a gobernadora del FIT Natalia Morales y la Justicia ordenó reincorporarlos- y en el municipio de Morón, donde gobierna el ex esposo de María Eugenia Vidal.
La fórmula de siempre
El despido de José Luis Gómez y los anteriores de 2014 son parte de una política casi tan oculta y tan vieja como la fórmula de la Coca Cola. Oscar Mario Fernández, empleado desde 2007, denunció ante la Justicia que durante más de 20 años la empresa impidió que sus trabajadores ejercieran el derecho a afiliarse al sindicato. Los obligaba a suscribir contratos de trabajo con una nota que prohibía el ejercicio de afiliación. “Recién en 2007 lograron tener representación sindical en la Planta Alcorta. En Monte Grande, en 2012 los trabajadores reclamaron tener delegados y fueron despedidos 40 de ellos antes de las elecciones”.
Dos años después, en 2014, la lista Bordó logró presentarse en las elecciones y ganar la comisión interna en Monte Grande. Pero en septiembre de ese mismo año, la empresa echó a los cuatro delegados electos, despidió a 40 empleados más -20 que estaban contratados y 20 que eran efectivos- y todo volvió a foja cero.
Oscar Zunzunegui, el ex delegado gremial de lista Marrón en la planta Alcorta, declaró que lo que sucedió con su lista fue una réplica de lo que había pasado con la Bordo en Monte Grande. A fines de Abril 2015, Coca Cola despidió a 14 de sus integrantes y activistas.
“Mi despido es parte del plan de descabezar todo tipo de organización sindical al interior de la planta de Monte Grande comenzando con la escalada de despidos y suspensiones iniciados en Julio 2014 en adelante como los despidos efectivizados hacia los integrantes de la lista Bordo opositora a la conducción del Gremio SUTIAGA incluido el despido del apoderado de lista Carlos Olmedo Martínez”, escribió Juan Britos, hermano de uno de los delegados.
Después de 8 meses de conflicto con cortes de calles y protestas, la batalla judicial entre David y Goliat derivó hasta ahora en 7 fallos favorables en la planta Alcorta y 2 en la planta Monte Grande. El clarkista (conductor de autoelevadores) Sandro Giménez fue uno de los reincorporados. De 38 años y con 9 de antigüedad en turnos rotativos de lunes a sábados, trabajaba durante toda la jornada cargando y descargando pallets con cajones de gaseosas. Descargando los envases vacíos de los camiones y cargando los productos terminados que salen minuto a minuto hacia distintas unidades operativas. En febrero pasado, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó reincorporarlo en Monte Grande. Lo mismo hizo con el caso de Gabriel Zapata por considerar que su despido era discriminatorio y se debía a razones políticas y sindicales. Walter Llel, Gastón Borda, Jonathan Mendoza, Mario Fernández y Cristián Durán también fueron reincorporados.
Es apenas una parte de la historia que se omite cada vez que el nombre de Coca Cola se pronuncia en las radios o auspicia en eventos para multitudes con la consigna “Sentí el sabor”. El mundo de felicidad y plenitud que promociona en sus campañas sería hackeado si su política interna de mano dura fuera tan masiva como los mensajes que organiza su departamento de marketing. | 
