El país una vez más vive días de tensión política. La oposición aglutinada en la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado lo que ha dado en llamar la “Toma de Caracas”, para presionar, según sus dirigentes, para que se realice este año el referendo para revocar el mandato del presidente Maduro. Hablan de una gran concentración y de una marcha “sin retorno” en alusión a que no abandonarán las calles hasta conseguir su objetivo. Algunos sectores representando al sector más “duro” incluso sostienen que la marcha es por la renuncia de Maduro.
Al mismo tiempo el Gobierno nacional prepara lo que ha dado en llamar su “Plan de ofensiva” para la misma fecha anunciado que estarán en las calles, y que los dirigentes del chavismo estará acompañando al "pueblo en la defensa de Caracas como bastión principal del poder y de la revolución bolivariana". Sostienen que el llamado de la movilización convocada por la MUD "es un plan conspirativo contra el Gobierno de Nicolás Maduro”, que son los sectores de la oposición han "buscando constantemente los caminos de la violencia para acabar con el Gobierno bolivariano".
Estas marchas se realizan en un contexto en que el país vive una profunda crisis tanto económica, política y social que no se veía en décadas. En medio de una verdadera catástrofe económica que se cierne sobre el país, con una profunda caída del producto bruto interno que los más optimistas calculan que cerrará el año en 10% negativo, una inflación disparada a niveles incontrolables a la par que se ha generado una profunda escasez de los productos más básicos para la vida del pueblo. Una profunda crisis económica que se transformó en una extendida inestabilidad política del gobierno de Maduro en medio de una debacle del chavismo.
La oposición de la MUD se monta sobre esta situación buscando capitalizar la crisis política. Se trata de una oposición empresarial y ligada al imperialismo que encarna todo un programa reaccionario antiobrero y patronal. Todo esto es lo que se esconde bajo su postura demagógica “democrática”, y sabemos que tiene tras de sí una larga tradición golpista que incluye el golpe de Carmona y los militares en 2002. En ella conviven varias líneas para avanzar contra el gobierno (desde los que buscan ganar la calle para exigir la renuncia de Maduro, a los que preferirían un “acortamiento de mandato”) pero ha encontrado en la vía del referendo, impulsada inicialmente por Capriles, la forma de retomar la iniciativa política, adueñarse del argumento democrático y poner a Maduro en jaque, ante la perspectiva de enfrentar una compulsa en las urnas.
Mientras estas marchas de uno y otro sector se preparan con voces altisonantes, con la derecha hablando de paz y que la movilización será pacífica y el gobierno de "consolidar la paz para el pueblo venezolano", lejos están de los intereses de los trabajadores y pueblo pobre que viene sufriendo una de las más severas crisis que se haya vivido en las últimas décadas.
Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) somos categóricos: No hay nada progresivo para la clase trabajadora en ninguna de estas marchas que se preparan para el 1 de septiembre más allá de las distintas retóricas que se usan tanto desde el gobierno de Maduro como desde la MUD. El pueblo viene sufriendo una agobiante crisis que el gobierno con sus políticas de ajuste deja descargar sobre sus espaldas; por su parte la derecha de la MUD, con su política demagógica, se monta para pescar en río revuelto pero encarna todo un plan reaccionario y antiobrero.
La correlación de fuerzas, la cuestión del revocatorio y los acuerdos por abajo
Pero en el país se han venido realizando una serie de negociaciones entre el gobierno de Maduro y la MUD bajo la mediación internacional liderada por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y los ex presidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y Panamá, Martín Torrijos. No por casualidad días antes de la movilización de la MUD han arribado a Caracas.
Aunque aún es muy difícil prever la dinámica que puede tomar el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días, y mucho dependerá incluso de la masividad de la marcha de la MUD, en verdad lo que estaría intentando imponer la oposición sería una nueva correlación de fuerzas a su favor en el marco de la tensión política nacional y las probables negociaciones que se podrían estar realizando en los entretelones así como las pugnas respecto al referendo revocatorio.
Hasta el momento la MUD no ha conseguido hacer una demostración de fuerza masiva en las calles ni antes ni luego de obtener su triunfo electoral el pasado 6 de diciembre, como para presionar más al gobierno de Maduro y conseguir doblarle el brazo. Pero tampoco el gobierno, agobiado por la crisis y la inestabilidad política ha conseguido hacer retroceder a la MUD en su plan del referendo en el marco del conflicto de poderes existente en el país.
En este contexto nacional es que se han venido realizando movimientos y declaraciones internacionales que buscan apuntalar a la derecha de la MUD y hacer pesar el fiel de la balanza a su favor, sobre todo en la puja por lo del referendo revocatorio. Por eso no son casuales los movimientos políticos de los sectores internacionales que buscan reforzar a la oposición, pues en la marcha este primero de septiembre la derecha busca mostrar músculo en las calles.
Aquí se inscriben las recientes declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro afirmando que "Si eso definitivamente se concreta (que no haya referendo este año) las sanciones más drásticas deberán ser tomadas al respecto por la Organización (OEA) y por las demás organizaciones regionales y subregionales", las declaraciones del Departamento de Estado y de congresistas de Estados Unidos, y las de los diversos gobiernos latinoamericanos como los de Paraguay, Brasil y Argentina bajo la misma argumentación política que hacen Luis Almagro.
El gobierno ha venido insistiendo que este año no habrá revocatorio, más allá de los argumentos leguleyos o de tiempos que arguye para no realizarse, lo que es claro es que se trata de una decisión política consciente de su extrema debilidad y de los grandes riesgos de perderlo. En esto parece tener el apoyo de las Fuerzas Armadas.
De esta manera desde el Gobierno insisten en deslegitimar la iniciativa de la MUD, pese a que la misma es un mecanismo constitucional mediante el voto al cual se sometió el propio Chávez en 2004. Es que el gobierno ha perdido apoyo popular por sus medidas en medio de la aguda crisis económica y social. La popularidad de Maduro ha bajado mucho y sabe que es muy probable que pierda el referendo. Además, durante el proceso que llevará varios meses, su ya debilitada autoridad quedaría prácticamente en suspenso, incluso aunque logre postergar su realización hasta el comienzo de 2017 (lo que en caso de perder le permitiría continuar a su vicepresidente para completar el mandato hasta 2019).
El propio proceso de referendo, que hoy crispa al rojo vivo la confrontación entre el chavismo y la oposición derechista, podría ser el terreno donde buscar “consensos”. Es decir un pacto que permita encausar la “transición” a un poschavismo más estable, funcional a la necesidad de orden de la clase dominante, mediante acuerdos básicos entre la oposición, sectores del chavismo y las FANB, con apoyo de la “comunidad internacional” (es decir, del imperialismo, los mediadores internacionales y los gobiernos de la región) y del Papa (que ya está actuando en la crisis del país).
Que el referendo sea habilitado, pero que se lleve a cabo recién el año próximo, es lo que facilitaría tal entendimiento, dejando en manos de un sucesor surgido del propio chavismo la dirección de la “transición” hasta 2019. ¿Se impondrá una salida de este tipo? Ante el nivel de crisis económica y polarización social, la pugna entre gobierno y oposición, que quiere acelerar los tiempos para poder sacar a Maduro, tensa la cuerda al límite. En estas explosivas condiciones nada puede descartarse, ni siquiera provocaciones o aventuras de uno u otro lado, más cuando tanto la MUD como el chavismo muestran fisuras internas e incluso en las cúpulas militares parecen abrirse paso desacuerdos en cómo enfrentar la crisis política.
Negar la habilitación del referendo utilizando cualquier mecanismo sería un paso bonapartista que debe ser rechazado. Es un derecho que está en la Constitución. No hay justificativo para que el gobierno decida permitirlo sólo cuando está seguro de ganar. Los socialistas revolucionarios afirmamos esto, al tiempo que denunciamos que la derecha aprovecha un instrumento como el revocatorio para sus objetivos antiobreros, privatistas y proimperialistas. Si el gobierno intenta frenarla con medidas arbitrarias que vulneren los derechos democráticos elementales, no hará sino llevar más agua al molino de la reacción, es decir de la MUD y el propio imperialismo.
Por una Asamblea Constituyente libre y soberana
Entonces ¿Referendum sí o no? La pregunta está mal planteada. No se trata de optar por una de las dos opciones: la que pretende la derecha o la que quiere el gobierno, sino de cómo responder a las aspiraciones democráticas legítimas del pueblo trabajador, que busca una solución a la gravísima situación y quiere hacer pesar realmente su voluntad en los asuntos nacionales en esta hora de aguda crisis.
El proyecto de la MUD, que bajo la demagogia democrática busca volver a una democracia neoliberal para ricos es también profundamente reaccionario. Una “transición pactada” se apoyaría en aspectos bonapartistas (presidencialistas autoritarios) del actual régimen, a los que la MUD estaría muy dispuesta a recurrir para sus propios fines antipopulares y proimperialistas.
Las instituciones de la Quinta República, con su extremo presidencialismo, no permiten la plena expresión de esa voluntad, a pesar de fraselogía del chavismo, que habla de “participación” y “protagonismo”, e incluso de “poder popular”, hay más bien instrumentos de control gubernamental y cooptación, impidiendo una real participación popular en las discusiones centrales, como qué hacer con la deuda externa, la asociación con capitales extranjeros para explotar el petróleo y los recursos mineros, al adopción de medidas económicas y políticas.
Los socialistas revolucionarios defendemos y pretendemos profundizar todo aquello que permita conquistar mayores libertades para el pueblo trabajador, rechazamos las restricciones a la libertad de expresión, manifestación o prensa, y las figuras de “estado de excepción” o “de emergencia” que permiten suspender derechos y reprimir empleando al Ejército.
Si vamos a discutir los problemas democráticos, vayamos hasta el fondo. Una respuesta independiente, que cuestione de raíz ambos proyectos solo puede surgir de las manos del pueblo trabajador, peleando por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para debatir los grandes problemas políticos, sociales y económicos del país.
No se trata de una de esas Asambleas limitadas por los intereses políticos de uno u otro bando, como las que se han dado en décadas anteriores o en la Constituyente de 1999, que jamás tuvo poderes soberanos para discutir todos los asuntos, que a pesar de las promesas, no fue “originaria” sino “derivada” del poder burgués constituido y del sistema de relaciones internacionales del capitalismo imperialista. En la Constitución aprobada quedó asentado que se respetarían todos los “compromisos internacionales” (o sea la subordinación en lo fundamental a los intereses del capital imperialista, como la continuidad de sus propiedades y negocios en el país, y el reconocimiento de la deuda externa) y la propiedad privada capitalista. Tampoco una Asamblea como a veces ha planteado algún sector de la derecha, que es solo para sacar a Maduro del gobierno y volver al viejo régimen de dominación puntofijista.
No, nos referimos a una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde la población pueda decidir sobre los grandes problemas del país, que concentre el poder ejecutivo y legislativo, eliminando el cargo presidencial que es una figura solo destinada a mantener el orden capitalista, la antidemocrática forma de representación de la Asamblea Nacional (que no es proporcional y sobrerrepresenta a la primera fuerza, hoy la MUD), la injerencia de las FANB en la vida económica y civil y su intervención represiva en el orden interno, eliminar el Poder Judicial, esa casta de jueces que no elige nadie, suplantándolos por jurados populares elegidos por sufragio universal.
Como parte de ello debería consagrar que las conquistas parciales obtenidas en estos años, como las nacionalizaciones, no pueda ser revertida. Al contrario, deben ser ampliadas: verdadera nacionalización del petróleo y los recursos naturales, bajo control de sus trabajadores y en alianza con las comunidades, para impedir los desastres a que lleva las nacionalizaciones la burocracia corrupta e ineficiente del gobierno, una profunda y radical reforma agraria y urbana, no pago de la deuda externa, monopolio estatal del comercio exterior bajo control obrero y popular, entre otras tareas.
Se trata en suma de una Constituyente donde discutamos la resolución efectiva de todas las demandas económicas, democráticas y sociales del pueblo trabajador, con representantes que ganen el salario de un obrero calificado y sean revocables en cualquier momento.
Una Asamblea así sólo se puede conquistar mediante la movilización, ligándola al conjunto de las demandas obreras y populares para responder a la crisis. En el camino de esa lucha, enfrentando también los ajustes que buscan imponerse y su bonapartización, los propios trabajadores harán su experiencia con cualquier ilusión que puedan tener que con esta democracia, que de “participativa y protagónica” como dice el gobierno o “representativa”, como dice la oposición, no tiene nada, lo que facilitará el surgimiento de organismos de autodeterminación. De esta manera podrán avanzar construyendo sus organismos de poder hacia la lucha por un gobierno de los trabajadores.
Ante la crisis política y la catástrofe económica en ciernes son los propios trabajadores los que pueden dar una salida
Frente a la grave crisis económica, el gobierno viene aplicando una serie de medidas económicas entre las que sobresalen una fuerte devaluación económica, mayor apertura económica al capital transnacional en las distintas áreas, mayores facilidades a sectores empresariales sobre todo exportadores. Se avanzó en la devolución de algunas empresas que en otros momentos fueron compradas en época de bonanza petrolera, mayor endeudamiento, subsidios a empresarios para la producción local, acompañado de liberación de precios, la fuertísima depreciación del salario mediante la inflación y mano de obra barata, la no discusión de los convenios colectivos, entre muchas otras.
Para esta serie de medidas es que el gobierno ha pedido “poderes especiales” que lejos están para defender el pueblo como ha venido sosteniendo. Pero si en verdad quisiera defender el pueblo, para ello no se necesitan “poderes especiales”, sino aplicar una norma muy sencilla: que toda empresa que especule, paralice actividades o despida, sea nacionalizada inmediatamente, sin pago y bajo gestión obrera colectiva.
Maduro se llena de discursos hablando de la clase obrera. Por ejemplo, este 30 de agosto afirmó que “en las manos del pueblo organizado y trabajador está el camino hacia la transición de una nueva economía y que solo el pueblo puede construirla”. Incluso habla de la constitución de “consejos productivos” en las distintas empresas, pero éstos deben estar conformados por “por trabajadores, integrantes de la Fanb y jóvenes profesionales”.
Como vemos, el gobierno se ha apropiado de temas del programa de los trabajadores para vaciarlo de contenido e identificarlo con lo que hacen los burócratas, militares y camarillas varias que mal administran el Estado y se benefician con escandalosos privilegios , corruptelas, dueños de una arrogante prepotencia y reprimiendo a los trabajadores de base. Es el caso de las palabras “control obrero”, “socialismo” o “revolución”, sembrando así una enorme confusión de la que saca provecho la derecha para meter sus argumentos privatizadores.
Los intereses de los trabajadores chocan frontalmente con esta burocracia corrupta, ligada a la “boliburguesía” que medra a la sombra del Estado. Es ella la que empuja a la crisis las empresas estatizadas, administrándolas de acuerdo a sus propios intereses , desarrollando redes de corrupción, ejerciendo un mando autoritario, obstaculizando las iniciativas y denuncias obreras, etc.
Son los propios trabajadores los que pueden poner orden en este estado de cosas. Deben comenzar por tomar en sus manos la lucha contra los ajustes que viene imponiendo el gobierno de Maduro y contra cualquier plan de la derecha que ya anunció que de llegar al gobierno aplicará medidas antipopulares, por la defensa de sus fuentes de trabajo y el salario, haciendo efectivo el control obrero colectivo y acabando con el sistema de funcionarios puestos a dedo, burócratas ineptos y corruptos que abundan en las empresas estatales. Por eso, también en todas las empresas públicas y del mal llamado “sector socialista”, corresponde imponer la gestión por los trabajadores, y su coordinación a nivel de cada rama y nacionalmente.
Otra gran tarea urgente es enfrentar la especulación y el desabastecimiento. El gobierno ofrece el racionamiento a través de los CLAPS y la militarización del abastecimiento, mientras autoriza los aumentos de precios de los bienes de consumo, sin por eso garantizar que acabe la escasez, mientras empresarios, autoridades y uniformados aprovechan la situación para beneficiarse con el mercado negro. Comités de Abastecimiento populares, democráticamente constituidos, debe ser la respuesta. Estos comités, junto con el control obrero de la producción, además de un digno salario mínimo vital y móvil y el reparto de las horas de trabajo sin pérdida de salario.
En el país ha habido una gran fuga de dólares a manos de empresarios y redes de corrupción. Entre 2003 y 2013 aumentó 340% la cantidad de dólares de particulares depositados afuera. Para 2014, sumaban unos 200 millones US$. Incluso, más recientemente el ministro de Comercio Exterior habló de que existen “500 millardos (mil millones) de dólares del sector privado en el exterior, bien sea en depósitos de empresarios o de particulares” – dinero surgido de esta gran fuga de capitales. ¡Y esto en medio de una crisis con centro en la escasez de dólares! ¡Todos los empresarios y grandes propietarios deben ser conminados a repatriar inmediatamente esos dólares, so pena de ser expropiados sus bienes y su pase a administración por organismos de los trabajadores y las comunidades electos democráticamente, no elegidos a dedo por el partido de gobierno ni sus funcionarios!
¡Cese al pago de la deuda externa! Basta de dedicar miles de millones de dólares al capital financiero internacional, mientras el país sufre de grandes padecimientos, y se necesitan recursos para los hospitales, escuelas y empresas públicas. ¡Dinero para los hospitales, escuelas, viviendas populares y salarios, no para la usura de esa deuda eterna!
Estas son las primeras tareas de un Plan de Emergencia obrero y popular, con que responder a la catástrofe que nos amenaza. A este plan debe articularse la lucha por una Constituyente Libre y Soberana en los términos planteados más arriba. Estamos convencidos que sobre esta base, la lucha por una Asamblea Constituyente acercaría a los trabajadores a la convicción de que la única solución de fondo es que tomen en sus propias manos la solución, instaurando un gobierno obrero y popular basado en sus propias organizaciones de lucha, el único capaz de resolver íntegra y efectivamente las tareas democrático-estructurales, como la liberación nacional, que el chavismo fue incapaz de resolver, y abrir el camino a la construcción de un verdadero socialismo, sin capitalistas ni explotación.
No hay tiempo que perder. Hay que exigir a los sindicatos que se pongan a la cabeza de la lucha e imponer la ruptura de su subordinación al gobierno. ¡Que las federaciones sindicales rompan su servilismo ante el gobierno y la MUD! ¡Que vayan a las bases y acaten las decisiones de las asambleas de trabajadores, sino los propios trabajadores deben barrer a esta podrida burocracia sindical para poner los sindicatos al servicio de la lucha! ¡Para pelear con fuerza contra esta calamidad que el orden capitalista nos está haciendo padecer! Hay que quebrar el control que la burocracia “amarilla”, directamente propatronal, retiene sobre sectores de trabajadores. Impulsemos la movilización independiente del gobierno, la MUD y toda variante patronal. Es posible dar pasos ya, comenzando por la coordinación de las luchas en curso, incorporando a las tendencias sindicales combativas, las organizaciones populares de base, las corrientes de izquierda. |
