Volvía de un baile con amigos cuando fue interceptado por motoristas del 911 que los balearon a quemarropa. Los policías siguen en funciones y su familia sufre amenazas para que levanten la denuncia

Juan Ramón Roldán, de 19 años, trabajaba junto a su padre como vendedor ambulante y estudiaba en un terciario por las noches. El 13 de marzo fue a un popular baile en las inmediaciones de El Bajo. A la salida se fue en su moto con un amigo a acompañar a dos chicas que conocieron allí. Cuando cruzaban el parque 9 de Julio fueron baleados por uniformados del 911, que los habrían confundido con ladrones. Los jóvenes recibieron balazos de posta de goma a quemarropa desde atrás y al ser alcanzados, a Juan Roldán le tiraron en la cara. A los días tuvo que ser intervenido de urgencia y perdió su ojo derecho.

Los jóvenes presentaban heridas de postas de goma realizadas a quemarropa. Juan recibió diez tiros: 6 en su espalda y 4 en su rostro. El cabo Marcelo Barros efectuó los disparos con su escopeta reglamentaria. Declararon que los jóvenes les apuntaron con una pistola de juguete. La moto de Juan fue secuestrada porque tenía pedido de secuestro, esto porque se la habían robado el año pasado y la recuperaron, pero la Policía nunca levanto el pedido de búsqueda del rodado aunque habían realizado los trámites pertinentes. Incluso tenía en su poder la documentación del vehículo. Esto fue usado contra los jóvenes por los policías con la anuencia de la Fiscalía de Instrucción Vta Nominación, que ordenó que los jóvenes permanezcan aprehendidos y se secuestre la moto y el arma de juguete.

Al contrario del relato policial, Juan declaró que los cruzó una moto de alta cilindrada con la luz alta. Al pensar que iban a ser asaltados, intento acelerar. Sin mediar palabras, ni dar la voz de alto, el cabo Barros les disparó y al alcanzar la moto de los dos jóvenes volvió a detonar la itaka en el rostro de Juan. Uno de esos balazos comprometió gravemente el ojo del muchacho.

Juan contó que “cuando sentí el disparó baje la velocidad y ahí me dieron otros 4 disparos en la cara. Nos esposaron, nos tiraron al piso y nos empezaron a patear. Perdí un ojo y me afectó la visión del otro. Terminé el secundario el año pasado y estoy haciendo un curso de mecánica del automotor. La tienen que pagar yo perdí un ojo, la mitad de la vida.”

Juan declara que “en ningún momento se preocuparon por la gravedad de las lesiones que presentaba, más precisamente en su ojo derecho”. El día que lo llevan a declarar asiste con el ojo totalmente inflamado y perdiendo sangre, sólo lo limpiaron para ponerlo “presentable”, pero nunca le revisaron la herida.

Luego de pasar un día detenidos fueron a declarar y quedan en libertad ante la ausencia de víctima del supuesto robo. El ojo de Juan ya estaba completamente cerrado, con sangrado, hinchazón y dolor. El 16 el servicio de oftalmología del Hospital Padilla decide operarlo de urgencia y resuelve extirparle el ojo derecho por la avanzada infección, producto de no haber recibido ningún tipo de atención en las primeras horas. Los policías Marcelo Barros y Cristian Gabriel Andrade fueron denunciados por “lesiones gravísimas en concurso real con abuso de armas de fuego y abuso de autoridad”.

La familia Roldan también vive la persecución policial que aún continúa. Cuando Ramón Roldán –papá del joven- fue a la seccional 11 a buscar su moto los policías lo reconocieron rápido. Uno de ellos le pidió, en confianza, que levante su denuncia contra su “compañero”. Después de muchas idas y venidas, finalmente puede retirar el rodado. El policía que lo atendió insistió con que la arrancara para ver que todo estaba en orden. Como la moto no se veía en buenas condiciones Ramón no lo hizo y se la llevo caminando a un mecánico amigo. Le había puesto azúcar en el recipiente del aceite para motor, para que al arrancar se hiciera pedazos.

Tanto él como sus padres viven en el barrio Tiro Federal, jurisdicción de la 11. Pronto comenzaron los aprietes a la familia para que levante la denuncia. El 13 de junio un individuo le pateó la puerta y le gritó por la ventana “dejáte de joder con la demanda o te voy hacer cagar matando”. Ramón lo siguió y descubrió que el cabo Marcelo Barros, el principal acusado, vive a la vuelta de su casa. Al advertir las averiguaciones de Roldán, la mujer del cabo –también policía- pasó por casa de la mamá de Ramón para amenazarlos.

Policías en acción

Desde la defensa de Roldán se solicitaron las filmaciones de las cámaras de seguridad. Tuvieron que insistir con varios escritos dado que el centro de monitoreo no remitía el material, clave para desmentir la versión policial del supuesto robro y corroborar como fue la detención. En uno de los últimos escritos presentados se advertía que debían facilitar el material a la justicia en “un plazo de 24 horas, caso contrario solicito se les acuse por desacato, ya que es muy probable que el mismo personal de monitoreo esté demorando dichas filmaciones”. Efectivamente, el centro de monitoreo depende directamente del 911, donde revestían los policías que protagonizaron el brutal operativo.

La Fiscalía de Instrucción de la Sexta Nominación hizo el pedido con el plazo de 24 horas el día 29 de marzo. La respuesta del personal policial no sorprende: “en mi carácter de técnico informo que en esa avenida existe una sola cámara, la cual no estaba funcionando”. Enviaron un CD con filmaciones de un lugar distante al solicitado por los Roldan.

La Dirección de Visualización y Monitoreo 911, nuevamente muestra su encubrimiento ante denuncias de abuso policial y hechos graves como ocurrió recientemente ante el pedido de filmaciones del grupo comando que asaltó el domicilio de la abogada de DDHH Laura Figueroa. O cuando Alberto Lebbos también las solicitó cuando denunció que Alperovich insultó y amenazó a su hija en la vía pública, cuando esta le reclamo que diga el nombre de los asesinos de Paulina. O cuando atacaron a una estudiante en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía, en la misma esquina donde la joven fue obligada a subir a un auto donde fue violentamente abusada. En ningún caso hubo un resultado positivo, las cámaras no registraron nada. Las profusas filmaciones y el presupuesto gastado en el sistema de monitoreo sólo está para vigilar y castigar a los trabajadores y el pueblo pobre, al tiempo que encubre al poder de turno y a su personal represivo.

Además de las amenazas a los abuelos de Juan, a quienes le prometieron “hacerle la vida imposible a toda su familia”, son acosados por una camioneta Hilux o bien directamente un patrullero que estaciona en su domicilio. En una ocasión le dijeron en voz alta al papá del joven “ya vas a ver la cama que te vamos a hacer”.

En entrevista con este diario Ramón señaló: “A mi hijo lo detienen abriéndole fuego, tiene 4 tiros de bala de goma en la cara. Le hicieron perder el ojo, en la Comisaría lo tiraron como a un perro, en ningún momento le dieron asistencia médica. Si él hubiera tenido atención médica, el ojo de mi hijo podría haberse salvado. 3 días después de la operación en la que le extraen el ojo a mi hijo fui a la Fiscalía a realizar la denuncia contra los policías y me doy con la noticia de que la causa de mi hijo era tentativa de robo agravado sin víctima. Presentamos papeles, escritos, tomo intervención la Fiscalía Sexta pero siguen los policías trabajando normalmente e incluso estamos sufriendo amenazas. No sé hasta qué punto creer en la justicia con esto que me está tocando vivir hoy. La justicia iba a actuar cuando vea una cámara de la policía, cuando la mandaron dijeron que las cámaras no funcionaban. ¡Tantas cámaras en la ciudad! ¿Cuál de ellas anda? O sea andarán cuando la policía este haciendo algo ´bien´, y cuando los policías estén haciendo algo mal, ¿no se lo podrá ver por las cámaras?”.