Ministros de Gobierno, Minería y Trabajo anunciando paquete de decretos
Foto: Erbol
El reciente conflicto entre mineros cooperativistas y el gobierno ha dejado un saldo de 6 muertos; 5 mineros cooperativistas y el viceministro de Régimen Interior, Illanes. Este 1 de septiembre como respuesta el gobierno, a través de sus ministros, anunció la reversión de concesiones mineras a cooperativas que tengan contratos con empresas privadas y extranjeras.
Después de varios días de enfrentamientos con los cooperativistas mineros, el gobierno, con el argumento de haber sido víctima de una conspiración política devenida en intento de golpe de estado, ha llevado adelante una serie de medidas represivas con allanamientos y detenciones que provocaron que el sector de cooperativas a través de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) pida que se pare la persecución a sus dirigentes y se den garantías constitucionales que permitan desarrollar procesos justos y transparentes (ANF). El presidente del comité de vigilancia, Sandro Lugo, declaraba en Radio Aclo “Hay una persecución a nivel nacional e incluso a nuestro Presidente de la Federación Departamental que es el compañero Santiago Cruz, también no se esclarece hasta este momento el tema de nuestros compañeros fallecidos, no hay hasta el momento ni un efectivo policial que esté tras las rejas, mientras que por parte del sector cooperativo tenemos nueve detenidos”.
Mientras este jueves 1 de septiembre se daba inicio, en la ciudad de Cochabamba, al ampliado nacional de trabajadores fabriles convocado por la Confederación de Fabriles para analizar y tomar determinaciones ante la situación que enfrentan los y las trabajadores de este sector luego del reciente conflicto, en la ciudad de La Paz, en conferencia de prensa, los ministros de Trabajo, de Minería y de Gobierno informaban sobre la nueva emisión de un paquete de decretos cuya principal medida sería la reversión de las concesiones mineras a las cooperativas que sostengan contratos y trabajen con empresas privadas y extranjeras.
Parece que el gobierno del MAS, luego del tenso conflicto suscitado ante la reaccionaria respuesta de uno de sus sectores privilegiados, se dio cuenta de que el sistema cooperativista minero boliviano se habría convertido, en palabras del Ministro de Minería, César Navarro, en “un sistema de privilegios y ha conformado una élite cooperativista".
El “paquetazo”, como fue denominado por algunos sectores, consta de 5 decretos y medidas complementarias. Uno de los decretos consiste en la reversión de las concesiones de cooperativas asociadas a privados; otra medida establece que el Ministerio de Minería así como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) deberán inspeccionar las áreas de las cooperativas y aquellas que no tengan actividad minera serán revertidas mientras que las que se encuentren funcionando deberán reportar no sólo el volumen y el valor de su producción sino también, deberán informar la forma en que distribuyen sus ingresos económicos a cada socio cooperativista; otros decreto atribuye a la AJAM y a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) la facultad de constituirse en “agentes de control” para velar que las mismas funcionen bajo principios de solidaridad. Así también, el Ministrio de Trabajo, Gonzalo Trigoso, señaló que a partir de ahora queda establecido que las cooperativas deben pagar seguro social a sus trabajadores. Finalmente, se prohíbe el uso, porte y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, desobediencia que será considerada una violación al artículo 211 del Código Penal, que establece una pena de entre 1 a 4 años de prisión.
Lo cierto hasta aquí es que el gobierno ha ingresado en una rutina de constantes oscilaciones entre poses de izquierda y golpes de derecha. Este nuevo paquete de decretos es una respuesta del Movimiento al Socialismo (MAS) con la que pretende "revertir" el enorme costo político que le ha significado el reciente conflicto con los empresarios cooperativistas.
Entre tanto, más allá de como se implementen estos decretos, una de las posibilidades que se puede entrever es que los y las trabajadores cooperativistas de base se animen y comiencen a armar y exigir la legalidad de sus sindicatos. Esta puede ser una importante oportunidad para que los trabajadores precarizados de este sector se organicen y no sólo puedan exigir y garantizar sus derechos laborales y de organización sino también porque significaría la expansión de una importante base de mineros asalariados en el país. |
