Además, se mantienen detenidas a cinco personas, según confirmó la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, que están siendo atendidas por posibles violaciones a derechos humanos y cuya situación jurídica aún no está definida pero que, de acuerdo con Ángel Vides, ayudante municipal, podrían ser procesados por terrorismo y daños a propiedad privada.
La represión encabezada por el gobierno de Graco Ramírez inició después de que pobladores de la comunidad intentaron recuperar la cancha deportiva ocupada por los policías. Sin embargo, fueron agredidos generando decenas de lesionados.
Ante el repliegue de los pobladores la policía de mando único y antimotines sitió calles, allanó casas y golpeo a vecinos, las declaraciones apuntan a que incluso un niño fue lesionado con un gas lacrimógeno lanzado, todo ello con la justificación de estar persiguiendo a jóvenes que habían agredido a policías.
Un proyecto para la inversión privada
Los pobladores se han opuesto a la construcción del acueducto, proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que forma parte del PIM pues afirman que los 12 mil habitantes se verán afectados por el desabasto de agua que ya impera en ésta y otras comunidades aledañas. Además, se afectaría a los 26 ejidatarios de la comunidad dedicados a la agricultura -quienes ya ahora reciben agua sólo dos veces a la semana- y con ello a la producción de alimentos para la comunidad.
Los pobladores afirman que con el acueducto se pretende llevar el agua del río Cuautla para enfriar las turbinas de las dos termoeléctricas que se edifican en Huexca, municipio de Yecapixtla, donde también existe amplia oposición a la construcción de dichos megaproyectos.
El acueducto de San Pedro Apatlaco, la termoeléctrica de Huexca, junto con la construcción de un gasoducto que pasará por las inmediaciones del volcán Popocatépetl, componen el PIM, que ha sido denunciado, tanto por los pobladores de las comunidades como por organizaciones de derechos humanos y sociales, por su daño al medio ambiente –afectaciones al suelo y contaminación y desabasto de agua- y las afectaciones a las poblaciones.
El PIM es un proyecto concesionado a las trasnacionales españolas ABENGOA, ELECNOR Y ANAGAS, y la italiana BONATTI. Es la principal apuesta del gobierno para la atracción de capitales privados y la industrialización de la región oriente de Morelos y de diversas zonas de Puebla y Tlaxcala. Además, se encuentra ligada a los proyectos de extracción de oro y otros minerales en diversos puntos de Morelos y Puebla.
Estos megaproyectos están llevando al acaparamiento, despojo y contaminación de agua, además de graves afectaciones al suelo el subsuelo. Buscan responder a las necesidades de las grandes industrias que pretenden ser atraídas a este territorio. Sin embargo, de dicha atracción de capitales los pobladores solo recibirán trabajos precarios y el despojo de sus territorios.
Represión: la constante con Graco
No es la primera vez que el gobernador Graco Ramírez, reprime a la población por su oposición a los megaproyectos.
El 16 de agosto miles de personas marcharon para exigir la renuncia de Graco. Hoy esa demanda vuelve a ser retomada por los pobladores de San Pedro Apatlaco quienes también exigen la salida de los agentes.
Ante la denuncia de la represión y la exigencia de su salida Graco afirma cínicamente actuó en marcos de la legalidad y que tiene “el respaldo del Congreso local y del Tribunal Superior de Justicia”.
La represión ha sido la forma en que las reformas estructurales y los megaproyectos son impuestos por todos los niveles de gobierno, respondiendo a las necesidades del imperialismo y los grandes capitales para profundizar el despojo y la explotación. | 
