El día de ayer La Izquierda Diario reflejaba la situación de fraude laboral y precarización que viven muchos profesionales médicos. Esta situación no se da sólo en el sector privado, sino que es una realidad que se vive diariamente en un efector que está en la órbita del Estado, como es el PAMI Rosario.

Como es sabido, el INSSJP tiene absolutamente sobredimensionada su planta administrativa ya que, en muchos casos, no responde a necesidades reales sino a favoritismos políticos. Ahora, ¿qué sucede con la órbita asistencial? Nunca se hizo (o si se hizo no se tuvo en cuenta) una verdadera planificación de las necesidades de los servicios.

Es importante aclarar que nos referimos específicamente a PAMI Rosario ya que, con excepción del Policlínico Milstein (ex Francés) de la Ciudad de Buenos Aires, son los únicos efectores sanitarios propios de dicha obra social en todo el país.

En el año 2009 respondiendo, en muchos casos, a demandas genuinas, se incorporó un número significativo de profesionales (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos), lo cual mejoró sustancialmente la atención de los afiliados.

En muy pocos casos los profesionales pasaron a planta permanente. La mayoría de ellos padece la misma precarización a la que hace referencia la nota en cuestión. Desde hace 5 años cumplen las mismas funciones que el personal nombrado pero nunca suscribieron un contrato ni son reconocidos por el Instituto. Cada mes presentan una facturación (que es auditada escrupulosamente) y, a cambio de muy módicos honorarios, entregan un recibo como monotributistas.

La Izquierda Diario entrevistó a Ana, médica que trabaja en estas condiciones desde hace 5 años. Nos cuenta que desde entonces, más allá de no tener aguinaldo ni aportes jubilatorios, si se enferma o decide tomar unos pocos días de vacaciones, no cobra un centavo. Hace 2 años quedó embarazada. Trabajó hasta último momento y se reincorporó rápidamente, robándole tiempo a su recuperación y a la crianza de su bebé, por la necesidad de cobrar su sueldo y el miedo a perder su fuente de trabajo. Todo esto en el contexto de una institución que imparte hasta el hartazgo cursos de “calidad y calidez” y pone al anciano y a la familia (?) como ejes de su acción.

A esto debemos sumar que, cuando se le plantea al Instituto la regularización de estos prestadores, la respuesta es que PAMI no tiene trabajadores “en negro”. Según esta lectura, serían profesionales independientes que “voluntariamente” eligen esta modalidad. De más está decir que de un día para otro la patronal puede decidir suspender las prestaciones sin asumir ninguna responsabilidad.

Es absolutamente inadmisible que un ente de las características de PAMI siga teniendo esta perversa modalidad que afecta, no sólo al trabajador precarizado sino también a aquéllos cuya salud depende de estas prestaciones.