El Intendente Esteban Avilés, acompañado por funcionarios del Gobierno de la Ciudad, firmó ayer el Decreto Nº 466 por el cual el Municipio determina “la extinción y cese de pleno derecho de la concesión precarizada del servicio de agua potable concesionado a la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz”, según informaron fuentes oficiales.
Como venimos informando desde La Izquierda diario, desde la apertura de las sesiones en el Concejo de Representantes, el intendente Avilés viene impulsando un proyecto de ordenanza para que el municipio se haga cargo de la prestación del servicio de agua y cloacas, que está en manos de la Cooperativa Integral desde hace mas de 30 años.
Finalmente, habiéndose frustrado las iniciativas impulsadas anteriormente por el ejecutivo –que envió un proyecto de ordenanza al Concejo de Representantes, el cual no prosperó por no conseguir la mayoría necesaria; la misma suerte que corrió el intento de convocar a un referéndum en el corto plazo- ayer Avilés anunció que se “da por extinguida” la relación con la cooperativa. En ese sentido comunicaron también que “se fija el día viernes 14 de octubre a las 12 hs. para la recepción provisoria y toma de posesión de los bienes y servicios concesionados oportunamente inventariados”.
Todo esto ocurre en medio de un escándalo por malversación de los fondos de los bomberos en la cual está imputado el hermano del intendente.
Los trabajadores de la cooperativa venían impulsando diversas acciones –algunas de las cuales llegaron a convocar gran cantidad de gente, como el festival- manifestando su rechazo a este avance del ejecutivo municipal. Es que, tal como ellos denuncian –y con motivos de sobra, según manifiestan- se trata a todas luces una “tercerización encubierta”, y no de una verdadera municipalización, donde el eje esté puesto en el derecho de los ciudadanos a tener un servicio de calidad y a bajo costo. Existen motivos para presumir que, de consumarse la quita de la provisión del servicio a la Coopi, el municipio proceda a la concesión del mismo a una empresa privada.
El motivo principal, y así lo entienden los trabajadores, es la incertidumbre y falta de garantías a la hora de aclarar qué pasará con las personas que hasta el día de hoy trabajan en esta Cooperativa. El miedo a perder el trabajo es el principal motivo por el cual se vienen movilizando los trabajadores.
Los trabajadores de la Coopi, así como vecinos que vienen apoyándolos en la defensa de dicha entidad, afirman que no hay ningún interés por parte del ejecutivo municipal en que se mejore el servicio ni de bajar las tarifas. Por el contrario, según dicen, este ataque va directamente dirigido al pueblo trabajador y a los trabajadores de la Coopi. Se trata de 260 familias que quedarían en la calle.
Lo que se ofrece a cambio, es precarización y tercerización, como lo demuestra el hecho de que más del 80% de los trabajadores municipales de la ciudad están becados o contratados.
Por último, también se sospecha de la “transparencia” que pueda garantizar el propio intendente y su gobierno, ya que son moneda corriente los escándalos de corrupción y malversación de fondos en la gestión de Avilés. El municipio no ha hecho más que impulsar el mismo tarifazo que vienen llevando adelante el gobierno nacional y provincial, con aumento de los impuestos que superan el 30%.
En el día de ayer, desde las 13:30 los trabajadores de la Coopi se encontraban en estado de asamblea permanente, y marcharon hacia la municipalidad en repudio al decretazo de Avilés.
Una vez que finalizó la participación en el Concejo, el cuerpo social de la Coopi mantuvo una multitudinaria asamblea en la sede central. Allí se esbozaron las distintas estrategias que se llevarán a cabo para hacer caer el decreto de quita del servicio de agua. | 
