La intendenta Mónica Fein, la funcionaria más golpeada luego de la importante movilización por “seguridad” la semana pasada, recibió un espaldarazo en el Concejo Municipal, al aprobarse una serie de medidas propuestas por ella, además de que se sancionó por unanimidad la emergencia en seguridad, que otorga al gobierno municipal una libre redistribución de partidas presupuestarias y manos libres para la licitación y compra de servicios y bienes que hagan a adoptar medidas de seguridad.
A pesar de que la jornada estuvo plagada de internas, pasilleos y cabildeos de todo tipo, finalmente la emergencia fue aprobada por mayoría con la única excepción de Celeste Lepratti, quien se opuso a esta y otras medidas.
El sinuoso camino que implicó la deliberación que terminó pasadas la 1 del día viernes, dejó como saldo la aprobación del polémico, y rechazado por trabajadores motociclistas, proyecto de identificar los cascos, junto a un total de 30 proyectos tendientes a endurecer el rol del Estado municipal y sumarlo a la agenda de endurecimiento policial y judicial, lo que ya es un amplio consenso en los organismos parlamentarios de la provincia.
Entre otras resoluciones, la normativa encomienda “al Departamento Ejecutivo la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Seguridad Provincial y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex RENAR) a fin de llevar a cabo operativos de fiscalización en forma conjunta e intercambio en información relativa a los comercios que desarrollan el rubro armería”. Uno de los encargados de recibir esa eventual encomienda será el funcionario de la ANMAC en Rosario, el acusado por torturas en la Guerra de Malvinas, Marcelo Dorigón, tal cual consignó La Izquierda Diario.
Además, en una medida que se arrastra por la fangosa intersección de la supuesta preocupación por la “inseguridad” y la verídica aspiración recaudatoria, ahora el Ejecutivo podrá cobrar multas a partir del uso de las videocámaras. El gobierno municipal, se sabe, entre tarifazos, ajustes y aumento del boleto, no se pierde oportunidad de recaudar. Bueno, ayer tampoco fue la excepción.
Además, se aprobó por mayoría el pedido de mayor presencia policial y el arribo de tropas federales, en coincidencia con la agenda del gobierno nacional, que piensa en la llegada de Gendarmería y Prefectura como uno de los movimientos del ajedrez electoral hacia los comicios de 2017. Los duros, frecuentes y públicos cuestionamientos a las cúpulas de la Policía Santafesina por su vinculación con el narcotráfico y los principales nichos del crimen organizado, fueron pasados por alto en la deliberación que duró horas. Los casos de gatillo fácil tampoco resonaron en el recinto.
Socialismo: del golpe a la reacción
Junto a la jueza Mariana Prunotto, cuestionada por la liberación de Andrés Soza Bernard, acusado del asesinato de Fabricio Zulatto hace algunas semanas, la intendenta socialista fue el nombre más mencionado negativamente en la movilización en reclamo de medidas de seguridad, que culminó en la sede rosarina de Gobernación. Para ella la sesión de ayer era, por cierto, la ocasión posible para recuperar la iniciativa. Los concejales de la oposición, en una tarea de equilibristas, trataron de responder al sector de la sociedad que exige medidas de “mano dura” y de fortalecimiento policial, haciendo pagar costos al Socialismo, al mismo tiempo. La sesión de ayer fue el resultado de ese tenso cálculo.
En definitiva, el gobierno municipal logró recuperar la reacción y puso sobre la mesa la agenda que discutieron los concejales. La gran mayoría, por otro lado, avaló una agenda que “empodera” a las fuerzas policiales y, sin lugar a dudas, a las tropas federales que arribarán a Rosario con amplio consenso político. Solamente el Frente de Izquierda fue categórico en oponerse al arribo de gendarmes y prefectos.
“Hoy tuvimos consenso”
Esas fueron las palabras que eligió el concejal Juan Monteverde para reivindicar el resultado de la sesión del jueves. El edil de Ciudad Futura festejó la creación de la Dirección General de empoderamiento de las Víctimas, una propuesta en que esta fuerza política insistió mucho. La medida, sin embargo, no distingue víctimas de hechos de violencia callejera, víctimas de bandas armadas de narcotraficantes con amparo policial, como los jóvenes del triple crimen de Villa Moreno, o víctimas directas del rol asesino de fuerzas estatales, como Franco Casco, Jonatan Herrera o Pichón Escobar.
En ese sentido, sin lugar a dudas, disuelve el rol del Estado en la gestión del delito y, necesariamente, pone el eje en el “delincuente” común, premisa central de la agenda manodurista. Esto no es una discusión teórica o irrelevante: la propia Ministra Patricia Bullrich viene de insistir en que el médico que fusiló de cuatro balazos a un ladrón es la víctima de un hecho de inseguridad, legitimando la “justicia por mano propia”. En Rosario, eso significaría que los que apalearon hasta matar a David Moreyra son víctimas del presunto intento de robo de este joven por el que su madre reclama Justicia.
Más en general, en un “giro” frenético, Ciudad Futura se puso a la cabeza de la legitimación de la política de endurecimiento estatal, insistida por los medios de comunicación hegemónicos, y militada por los gobiernos nacional, provincial y municipal. Aunque en sus declaraciones previas hablaron de buscar una salida integral que contemple medidas “urgentes” con una agenda de índole social, las medidas urgentes (para blindar la línea represiva) se adoptan y la agenda social espera, se oxida, se olvida.
Ausencias en el debate
El número 11,7, porcentaje que alcanzó la desocupación en Gran Rosario, los nombres de las fábricas cerradas, la odisea de los trabajadores por agencias de empleo, el aumento del costo de vida, el crecimiento de los barrios de emergencia, lo obsceno de la desigualdad, y la sombra innombrable de la impunidad letal de la Policía Santafesina, no fueron temas centrales en el Concejo Municipal donde, parece, no hubo lugar para “sutilezas” de esta índole. |
