Luego de la realización de la certificación de firmas de la primera fase del proceso del referendo revocatorio contra Maduro, desde el PSUV y el Gobierno se anunció que serían despedidas por haber firmado todas aquellas personas que ejercieran cargos de confianza en la administración pública y empresas del Estado.
Esta violación de los derechos de las garantías laborales más elementales ha venido en aumento en las empresas del Estado, práctica que también han aplicado los partidos de la oposición en alcaldías y gobernaciones que actualmente administran.
Una práctica antiobrera y patronal reciclada del puntofijismo
Se trata de despidos por motivos políticos que se está haciendo sentir con fuerza es en las industrias básicas y empresas del Estado, donde trabajadores con más de 15, 25, 30 años y más de antigüedad que fueron ascendiendo a cargos de responsabilidad por su experiencia y profesionalización vienen siendo despedidos. Trabajadores que están en dichas empresas mucho tiempo antes de que el chavismo llegara al gobierno.
Con esta política, además de despedir a trabajadores de bastante tradición en las empresas lo que buscan es el amedrentamiento y persecución contra los trabajadores que no comparten la política oficial. Pero que no se reduce a la posición política sino incluso por sus posiciones sindicales o porque se opongan a las políticas de desmedro de derechos laborales.
El argumento actual, el de haber firmado por el referendo. Pero seamos claros, el referendo es un derecho que está en la constitución, y cualquier trabajador tiene todo el derecho a actuar de acuerdo su pensamiento político. La medida del gobierno es una completa amenaza a la libertad de pensamiento de cada trabajador, por actuar distinto y pensar distinto a la política oficial del gobierno.
Así en la misma semana en que se anuncia la nueva fase del proceso correspondiente al recaudo del 20% de las firmas, entre el 24 y 30 de octubre, se efectúan despidos discriminatorios y persecutorios en empresas como en SIDOR, contra Luis Flores con 35 años de antigüedad, Tatiana Vallejo con 27 años de servicio, Mayra Martínez y Humberto Avendaño, con 11 y 10 años respectivamente, solo por mencionar casos sobresalientes; como se viene haciendo también en Alcasa, Ferrominera, Venalum, Corpoelec y otras empresas del Estado.
Lo primero que salta a la vista es el doble discurso y cinismo de quienes desde el gobierno insisten en que "aquí no se persigue a nadie", posición sostenida por el deplorable ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, más aún porque no solo no condena sino que incluso justifica las barrabasadas del diputado Diosdado Cabello, quien aseguró desde su programa nocturno que revisaría "firma por firma", y que "si hay escuálidos infiltrados y quedan al descubierto, tienen que irse", y para rematar su desfachatez: "Si yo no comparto el criterio de esta empresa (...) ¿cómo tú le puedes poner empeño?". De aquí se extiende también a que quien no comparta el “criterio de la empresa” con su política laboral tendría que estar fuera. En pocas palabras la lisa y llana dictadura patronal en los lugares de trabajo de la administración pública y las industrias del Estado.
Provoca cuando menos llevarse la palma a la altura de la frente al oír semejante razonamiento contra quienes llevan más años en la empresa que ellos en el gobierno, quienes vinieron acumulando experiencia por largos años, llegando en algunos casos a ascender ciertos escalafones impuestos por la empresa, y ahora se les echa a la calle por ejercer un derecho que contradice el circunstancial "criterio de esta empresa".
¿No es acaso el mismo razonamiento antiobrero y patronal que usualmente los gobernantes y sus directivos, y los patrones privados (contando con la complicidad de burócratas sindicales tanto en las industrias básicas estatales como privadas), utilizan contra los trabajadores cuando estos se organizan para conformar un sindicato, discutir los contratos colectivos o exigir alguna mejora en sus condiciones salariales y laborales?
Es necesario oponerse resueltamente y hacer sentir nuestro más rotundo y contundente rechazo a los despidos discriminatorios por posiciones políticas, vengan de donde vengan, y así lo expresamos como Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS). Se violan los fundamentales derechos y garantías conquistados por los trabajadores comenzando por el ya bastante malogrado derecho al trabajo, siendo además estas prácticas salidas de los más burdos manuales antiobreros del puntofijismo y que el chavismo ha sabido perfectamente utilizar.
La doble moral de los partidos de la oposición derechista
Los partidos de derecha recalcan que esta práctica no es propia tan solo de Maduro, resucitando la memoria de la famosa Lista Tascón, usadas para los mismos (des)propósitos contra firmantes del anterior referendo revocatorio que se le realizó al entonces presidente Hugo Chávez. Pero esta misma derecha evita recordar que durante cuatro décadas de "alternancia puntofijista" era moneda corriente efectuar todo este tipo de despidos discriminatorios por posiciones políticas y sindicales, o también por el simple hecho de organizarse.
Aunque sin irnos demasiado lejos, toda vez que sus dirigentes políticos más enconados como Antonio Ledezma, Capriles Radonski, entre otros, han llegado durante la última década y media a ocupar algún cargo de gobierno en alcaldías y gobernaciones, han hecho lo propio contra trabajadores de la gestión anterior de forma masiva. ¡Moral de hotentotes!
Pretenden estigmatizar y criminalizar el libre ejercicio de los derechos políticos de los trabajadores, requisitos indispensables para organizar la lucha de los propios trabajadores contra las patronales y el gobierno tanto a nivel nacional como de las gobernaciones y alcaldías.
Aunque la derecha y sus portavoces peguen su grito en los cielos, en este caso simplemente por conveniencia política, hablando de democracia, la verdad es que históricamente solo saben comportarse de igual manera cuando la correlación de poderes le favorece, y lo harían -al igual que el gobierno-con mayor energía si se ven amenazadas por posiciones combativas y de izquierda de los propios trabajadores; por tanto el gobierno y sus burócratas lejos de "combatir a la derecha" con esta política antiobrera no logran más que llevar agua al molino de la reacción con sus ataques al pueblo trabajador.
Hay que parar esta práctica antiobrera y patronal
La servil burocracia sindical de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CSBT) se ha prestado de brazos abiertos para aplicar tales planes del gobierno de despidos por posiciones políticas. Por su parte las direcciones sindicales como las de la CTV que actualmente elevan estos reclamos a los medios privados y a la OIT, eran los primeros en avalar este tipo de despidos cuando gobernaban los partidos como Acción Democrática o Copei. Vemos que incluso tampoco mueven un dedo cuando en las empresas privadas, los patronos despiden trabajadores. Si en verdad quisieran defender los derechos de los trabajadores tendrían que empezar a organizar a los trabajadores por este tipo de despidos y por aquellos que se sienten amenazados y amedrentados por estas prácticas antiobreras, sea en el Estado o en las empresas privadas.
Los sectores sindicales como la Unete, sindicatos de base, corrientes sindicales que se reivindican del clasismo obrero deben llamar urgente a organizar una dura lucha para frenar los despidos en marcha, sean o no por discriminación política. En esta lucha es preciso que los trabajadores se organicen desde sus puestos de trabajo unificando reclamos y trazando planes de lucha conjunta, para exigir a los sindicatos y federaciones sindicales un verdadero plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo, en defensa de las garantías laborales más elementales. Así como también como el acuciante derecho elemental de un salario mínimo que cubra la canasta familiar ajustado al mismo ritmo de la inflación y reparto de las horas de trabajo entre todas las manos capacitadas disponibles para enfrentar el desempleo. | 
