En un comunicado oficial de la página de Migraciones del día 19 de agosto, se informa de “la entrega en comodato a la Dirección Nacional de Inmigraciones de un inmueble ubicado en Pasaje Colmo N° 3860, en la Ciudad de Buenos Aires destinado de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones) y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos”.
Esta “casa” será una verdadera cárcel para inmigrantes que estará custodiada por la Policía Federal, con el fin de retener a los extranjeros para su posterior deportación. Según el comunicado "estas expulsiones dictadas se refieren a extranjeros con antecedentes penales o ingresados al país en forma ilegal por un paso no habilitado".
Esta medida es una consecuencia más de la discriminación y xenofobia que caracterizan la política de derecha del macrismo, que ha expresado históricamente y sin tapujos su desprecio hacia los inmigrantes.
Durante el conflicto de Villa Soldati en 2010, Mauricio Macri, tratando de justificar la violenta represión que se cobró dos vidas y la falta de política habitacional del PRO, pidió trabajar “para combatir la inmigración descontrolada” relacionándola con el “avance de los narcotraficantes y la delincuencia”.
En esa ocasión el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, salió a respaldar a Macri diciendo que “la Ciudad no puede resolver los problemas de vivienda del Conurbano y del Mercosur", afirmando que los inmigrantes "acá vienen, usurpan y piden una vivienda" y subrayando que en la zona del conflicto "el 70 % es boliviano o paraguayo".
Hace apenas unos días planteamos en La Izquierda Diario el repudio hacia la legisladora macrista Mercedes de las Casas, quien paradójicamente es integrante de la Comisión Antidiscriminación y escribió un libro sobre cómo tratar al servicio doméstico, con grandes consignas discriminadoras y racistas.
El gobierno de los CEO muestra una vez más con este tipo de medidas toda su xenofobia y odio de clase
Ante esta nueva medida, encabezada por Patricia Bullrich, Amnistía Internacional afirmó que “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina” y expresó su rechazo a “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.
Carla Lacorte, integrante del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (Ceprodh) y dirigente del PTS-Frente de Izquierda, también se pronunció al respecto: “El gobierno de los CEO muestra una vez más con este tipo de medidas toda su xenofobia y odio de clase. Los patrones aprovechan estas políticas represivas para aumentar la explotación hacia los trabajadores inmigrantes. Desde el Ceprodh repudiamos la discriminación y la represión a la que son sometidos los compañeros inmigrantes y nos ponemos a su total disposición para todas las acciones decidan llevar adelante”. | 
