Finalmente se alcanzó uno de los principales objetivos que tenían familiares y amigos de las víctimas de la Masacre de Once: Julio De Vido, ministro de Planificación durante los 12 años de gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, deberá comparecer ante la Justicia en un juicio oral y público.
Los delitos por los que será juzgado son “administración fraudulenta”, “estrago culposo” y “coautoría” por el descarrilamiento.
Era la cuenta pendiente que le quedaba a quienes perdieron a sus seres queridos aquel 22 de febrero de 2012, día en que la formación conocida como “chapa 16” embistió al paragolpes vencido de la Estación Once, terminal de la línea ferroviaria Sarmiento. Fueron 51 muertos y más de 700 heridos, producto de la corrupción estatal y empresaria.
En el juicio desarrollado el año pasado -que finalizó con las condenas a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, a los empresarios Cirigliano, entre otros- De Vido nunca estuvo citado ni siquiera en calidad de testigo. De acuerdo al esquema de funcionamiento de los ministerios y secretarías de Gobierno en el momento en que se produjo el choque, Julio De Vido era el jefe técnico y político de Jaime y de Schiavi, además de tener bajo su órbita al ente regulador (la CNRT, que también tuvo funcionarios condenados). Era una infamia que no fuera juzgado. La lucha de familiares y amigos de las víctimas nunca aflojó y se llegó a esta nueva instancia.
“Es una resolución que estábamos esperando. Dimos un paso muy importante en esta lucha, nunca bajamos los brazos y siempre estamos buscando las máximas responsabilidades”, declaró al diario Clarín Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, la última víctima en ser hallada en esa fatídica jornada.
En las redes sociales, María Luján Rey –mamá de Lucas y principal referente de los familiares junto a al papá de Lucas- dejó en claro que la instancia de juicio oral y público a Julio De Vido se debe a la incansable lucha de familiares de las víctimas.
Las palabras tragedia y desidia son poco apropiadas para definir con precisión los sucesos del 22 de febrero de 2012, que dejaron el saldo de 51 muertes obreras y cientos de heridos. Lo más correcto es calificar el hecho como una masacre o crimen social: “Cuando la sociedad (se refiere al poder político, NdeR) pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala (…) lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse”, explicaba Federico Engels, uno de los maestros del socialismo científico. Desde esta perspectiva, la responsabilidad estatal producto de la corrupción y los negociados apunta hacia arriba: Julio De Vido no podía quedar impune. | 
