Connotación nacional ha tenido el actual conflicto al interior de la Universidad Alberto Hurtado, desatado por las expulsiones contra 264 estudiantes de base y los sumarios contra 25 estudiantes más. El conflicto fue tomado por los medios de comunicación tradicionales cuando se realizó una concentración al interior de rectoría, que finalizó con centenares de estudiantes encarando al rector Eduardo Silva.
Luego de esa acción, los medios de comunicación empresariales, los rectores de universidades privadas y públicas, y personeros del gobierno y la Nueva Mayoría, entre ellos el mismo Jorge Burgos (conocidas son las relaciones entre la congregación jesuita controladora de la Alberto Hurtado y la Democracia Cristiana), se dedicaron a condenar y criminalizar a los estudiantes.
Han buscado sacar el foco de la discusión de fondo. Es que el problema que se generó al interior de la Alberto Hurtado es una medida autoritaria tomada por parte de las autoridades y rectoría: la expulsión arbitraria de 289 estudiantes por causales académicas y los sumarios.
Este acto, que dejó fuera de la Universidad a casi un 5% de la matrícula actual de la UAH, no es más que un intento de castigar y disciplinar a quienes tengan ideas diferentes a los jesuitas de cómo se construye un proyecto educativo, de como debiese funcionar la educación superior en Chile, y cómo debiesen gobernarse las Universidades mismas.
No debemos olvidar que estas expulsiones y estos ataques se producen luego de las movilizaciones protagonizadas por el movimiento estudiantil, que en la UAH estaban centradas en 3 demandas principales: el fin al subcontrato, la democratización interna del plantel educativo y la conquista de la educación gratuita como la demanda histórica a nivel nacional del estudiantado.
Frente a este escenario, vimos cómo los empresarios, el gobierno y los rectores se agruparon rápidamente en una línea común, defendiendo la decisión de Eduardo Silva y aprobando sus determinaciones. Incluso el Consejo Universitario de la Universidad de Chile, compuesto por los decanatos de las diferentes Facultades que la componen, declararon a su favor.
El movimiento estudiantil, la izquierda y las organizaciones sociales, de Derechos Humanos y otros, debemos hacer lo mismo. Es urgente unificar un frente común que defienda a los estudiantes expulsados y que se proponga su inmediato reintegro, por el básico derecho a estudiar.
Este tipo de ataques no pueden dejarse pasar. Y eso es lo que actualmente están haciendo las direcciones del movimiento estudiantil, que se encuentran actualmente a la cabeza de la CONFECH.
Han entregado un tibio apoyo, que no pasa de las declaraciones de buenas intenciones. Poco les importa, al parecer, lo que le pase a esos casi 300 estudiantes.
La CONFECH debería tomar esta situación en sus manos efectivamente. En estos momentos nos encontramos en un momento defensivo del movimiento estudiantil, donde el centro del debate y de la acción política debemos concentrarla en la lucha por el reintegro de los compañeros, y por frenar nuevos procesos similares que se están abriendo ya en otras universidades.
Para llevar adelante esto, es necesario que las Federaciones en Santiago paralicen para el día miércoles 14 de septiembre, fecha donde la CONFECH convocó a una marcha desde la Alberto Hurtado a MINEDUC por el caso de los expulsados.
Hoy más que nunca hay que generar una amplia solidaridad. Que este ataque pueda realizarse es un precedente para que nuevos actos de “disciplinamiento” puedan cernirse sobre los estudiantes. Desde un primer momento tenemos que ponerle freno. | 
