El Registro de Partidos Políticos dependiente del Ministerio del Interior, anunció el más que probable rechazo a las nuevas siglas de los convergentes. El problema, según la entidad, es que el nuevo nombre puede traer confusión con la nueva fuerza escindida de Unió, Demòcrates de Catalunya.
Sin embargo, más sorprendente aún es que el Ministerio de Interior advirtió de que el objetivo independentista podría entrar en contradicción con la Ley de Partidos y el ordenamiento jurídico. Es que ahora, ni siquiera respetando las estrechas normas de este régimen te dejan siquiera anunciar tus objetivos. La pescadilla que se muerde la cola. En síntesis, no se pueden cuestionar las sacrosantas instituciones del ’78 de ninguna manera.
De todas maneras, esto no es ninguna resolución. El Ministerio del Interior aún está estudiando la situación y dictaminará más adelante. Sin embargo, tenían prisa para meter la viga en el ojo ajeno. A tan solo 4 días de la Díada de Catalunya, emitieron dicha notificación. El Gobierno sigue jugando sucio, ¿habrá alguna otra operación Catalunya?
Piensa como yo, y lo harás bien
Artur Mas y la plana mayor del PDC denunciaron una exclusión política de su formación por parte del Gobierno. Mas dijo que “… el hecho más grave no es que no inscriban el nombre, sino que quieran impedir que un partido exista porque defiende la independencia de Catalunya“. Y tiene razón. ¿Desde cuándo no se puede plantear la independencia como objetivo, incluso si ésta fuera unilateral?
El gran problema es la reaccionaria “Ley de Partidos” que se votó en 2002 para excluir a las formaciones políticas independentistas vascas. Con ésta ley se disolvió e ilegalizó a muchas formaciones políticas por los objetivos propugnados. De hecho, cualquier partido que cuestione las instituciones actuales, puede ser ilegalizado ipso facto.
Eso es lo que le ocurrieron a muchos intentos de Batasuna y fuerzas similares de constituirse para pelear en las elecciones por sus programas. Y, ésta es la gran amenaza que se cierne sobre el actual PDC. Esta reaccionaria Ley fue votada por las bancadas del PP, el PSOE y otros grupos menores entre los cuales estaba Convergència i Unió.
Cualquier fuerza mínimamente democrática debe oponerse al veto que está preparando el Ministerio del Interior. Aquí no importan las diferencias políticas que se tengan con el PDC. Lo que importa es que ninguna fuerza política pueda ser vetada por sus ideas y programa político.
Si dejáramos que eso se consumara, como ya pasó durante los años de Aznar y Zapatero, sería otro paso más de las reaccionarias instituciones del 78 contra la cada vez más limitada libertad de expresión que tantos muertos obreros y del pueblo costó en la lucha antifranquista y los años posteriores. Hay que anular inmediatamente la reaccionaria Ley de Partidos del PP, el PSOE y la ya extinta CiU. | 
