La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) criticó ayer el proyecto de ley para el sector impulsado por el Ministerio de Agroindustria, al considerar que "desalienta el clima de inversión" y "pone en riesgo el empleo en la industria y su cadena".
El Gobierno presentó una iniciativa para la modificación de la Ley de Semillas (Ley 20247 y el Decreto 2817/91) que, a juicio de ASA deja al productor local "en desventaja respecto de sus pares de otros países de la región en relación al acceso a la tecnología".
Luego de recordar que la conducción de la entidad estuvo presente en la reunión del G-20 en China junto al presidente Mauricio Macri y celebrar "los esfuerzos del gobierno argentino para reinsertar al país en el mapa de las inversiones", ASA cuestionó la modificación a la ley de Semillas que se impulsa desde Agroindustria por entender que "desalienta el clima de inversión, pone en riesgo el empleo en la industria y su cadena".
Sorpresivamente, la modificación impulsada por el gobierno nacional, que restringe fuertemente los derechos de "uso propio" de los adquirientes de la semilla -es decir la posibilidad de volver a utilizar una parte del producido de una campaña como insumo en la siguiente, sin pagar a las empresas semilleras ningún tipo de canon o regalía- en beneficios de Monsanto y cía, no sería suficiente. Los semilleros no se contentan con las modificaciones a la ley actual propuestas por Agroindustria, y reclaman una revisión más amplia del marco regulatorio.
"El proyecto no es superador del actual marco normativo, al no promover el mercado legal de semillas, la venta de semillas fiscalizadas, ni establecer mecanismos fiables de control necesario para transparentar el mercado", indicó la Asociación.
La entidad agregó que la iniciativa oficial "desalienta las inversiones para el desarrollo e investigación de nuevas variedades y la introducción de nuevas tecnologías al mercado local tan necesarias para alcanzar los objetivos de producción planteados por el sector agrícola argentino".
"Esto trae aparejado una clara disminución de la capacidad de la industria para sostener y generar puestos de trabajo calificado", advirtió, en lo que sonó como una amenaza velada de Monsanto volverá a retacear tecnología, como hizo durante los últimos años del gobierno kirchnerista, lo que disparó lamentos de varios grandes jugadores locales del agronegocio.
ASA añadió que "el proyecto presentado esta semana pone en riesgo acuerdos internacionales firmados por Argentina en cuestiones de propiedad intelectual" y además "avanza sobre derechos amparados por la Constitución Nacional y tratados internacionales, generando inseguridad jurídica lo que afecta al desarrollo de la industria semillera nacional".
"Creemos que avanzar con una ley sin consensos, es retroceder en los avances que dimos en esta campaña, promover la inseguridad jurídica, la desinversión y la destrucción de empleos genuinos", señaló la entidad.
Finalmente, ASA abogó por "trabajar en un proyecto de ley que le brinde a la agricultura un marco regulatorio para los próximos 20 años", al tiempo que expresó su confianza en que "este gobierno podrá abrir un espacio genuino de dialogo que hemos reclamado desde el inicio y no hemos tenido eco hasta la fecha".
A pesar del firme compromiso del gobierno de Macri para convertir a la argentina en el "supermercado del mundo", transfiriendo riqueza a los sojeros y modificando el marco regulatorio favoreciendo a las multinacionales que impulsan las pautas en el sector -a costa de la seguridad alimentaria de la población y del medio ambiente-, esto no es todavía suficiente para calmar la voracidad de Monsanto y sus asociados. | 
