Al final del verano estalló la polémica en Madrid por la decisión del Ayuntamiento liderado por Ahora Madrid de poner en marcha un plan de “regulación” de la venta ambulante en las calles de la ciudad. El reforzamiento del accionar de la policía municipal contra los vendedores ambulantes sin papeles fue anunciado, desmentido y vuelto a confirmar en la web oficial del ayuntamiento.
La alcaldesa Manuela Carmena salió a refutar las noticias sobre una posible paralización del plan. Destacó que el plan policial en Madrid se va a aplicar “porque no se puede permitir que haya impunidad” (¡impunidad de los inmigrantes, dice la jueza Carmena!).
En la página web del Ayuntamiento puede leerse que “desde la Policía Municipal siempre se ha trabajado, y se seguirá haciendo, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Además, como recientemente se ha presentado, se ha diseñado un plan de refuerzo a la actividad policial habitual, que podrá ser utilizado en el caso de ser necesario.”
El polémico delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de Ahora Madrid, Javier Barbero, ha agregado que "la experiencia dice, además, como se ha demostrado los últimos años, que un abordaje exclusivamente punitivo está llamado al fracaso. Es imprescindible encontrar respuestas complejas a realidades que también lo son".
El ayuntamiento de Madrid asume de este modo una política punitiva en relación a la venta ambulante, el reforzamiento de las fuerzas policiales destinadas a garantizar el cumplimiento de las “ordenanzas” y la tolerancia cero con la “impunidad” (¡sic!) de los manteros. Un discurso más digno de la derecha conservadora que el que podría esperarse de aquellos que llegaron al gobierno de la ciudad de la mano de Podemos, Izquierda Unida y otras fuerzas que prometieron “transformar” la ciudad y representar a las “fuerzas del cambio”.
Desde Ahora Madrid se suman así a la dinámica de represión y racismo institucional que ya se viene denunciando hace más de un año en Barcelona, con la persecución y encarcelamiento de dirigentes del sindicato mantero. Recordemos que la última semana de agosto fue detenido Aziz Faye, portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona, cuando iba a visitar en el CIE a Issa Seye, otro mantero encerrado tras el aumento de los operativos policiales. “Yo diría que no hay diferencia entre la represión que sufríamos con el anterior alcalde y la actual situación con Barcelona en Comú”, decía en una entrevista Aziz Faye.
La estrategia penalizadora de los ‘Ayuntamientos del cambio’ hacia los manteros sin papeles se basa en la aceptación, naturalizada, de una serie de estigmas racistas hacia los inmigrantes que realizan la venta ambulante: se considera que están realizando una venta ‘ilegal’ (cuando en realidad compran y venden como cualquier minoristas), se los acusa de ‘perjudicar a los pequeños comerciantes del centro (cuando estos están agobiados por la competencia de las grandes superficies) y se los identifica como ‘potencialmente violentos’ (de ahí el incremento del tratamiento policial).
El accionar de las policías municipales implica para los inmigrantes sin papeles el decomiso de sus mercancías -arrebatándoles su única fuente de subsistencia- y la posibilidad de internamiento en un CIE, sanciones penales, la imposibilidad de regularizar su situación migratoria y hasta la posible deportación. ¡Y así estamos con los ‘Ayuntamientos del cambio’! Mientras tanto, en la fachada del palacio municipal de Madrid sigue flameando sin sentido alguno una bandera que dice “Bienvenidos Refugiados”.
Los límites del municipalismo
El plan de la jueza Carmena y su “monje negro” Barbero ha generado el repudio de organizaciones sociales de Madrid, sumándose a las voces críticas que ya venían denunciando la situación en la ciudad Condal. Al interior de Ahora Madrid también se escucharon fuertes críticas a esta lógica criminalizadora desde el Estado, repetición del modelo de los gobiernos anteriores.
Un artículo de Pablo Carmona, concejal de Madrid por el sector crítico, recuerda las luchas de la Asociación Sin Papeles de Madrid cuando comenzó la crisis capitalista en 2008 y se multiplicó la lógica criminalizadora y de expulsión hacia los migrantes. También señala que es necesario “abandonar y rechazar el marco dominante que no aborda la cuestión de la desigualdad en el reconocimiento de derechos y que trabaja más en el campo de la construcción de enemigos y de potenciales sectores sociales marginalizables”.
“Las medidas policiales no van a resolver el problema, pero las medidas sociales parciales tampoco. Nuestro objetivo al llegar al gobierno fue invertir esta enorme maquinaria de desigualdad urbana que es Madrid, ese engranaje de acumulación de beneficios para sus oligarquías locales y ponerlo al servicio de la mayoría. Al fin y al cabo nuestro papel pasa por articular la ciudad en la que la riqueza se reparta en forma de derechos y de renta. No hay excusas para no hacerlo”, asegura.
La crítica de Carmona es justa, pero sus ilusiones sobre las posibilidades transformadoras de la “maquinaria de desigualdad urbana” desde el gobierno de Ahora Madrid estaban destinadas al fracaso. Su “pecado”, la ilusión municipalista.
Considerar que es posible introducir evolutivamente elementos democratizadores en la maquinaria estatal que está estructurada sobre la base de la represión y la penalización es un espejismo peligroso, que termina fortaleciendo los mecanismos de esa misma maquinaria, al tratar de “endulzarlos” y hacerlos más aceptables para sectores que se encontraban -antes- movilizados en la esfera de la protesta social. La ilusión del cambio municipalista, buscando introducir elementos de “democracia directa” en la esfera de la representación liberal, vitrina detrás de la cual se esconden los aparatos e instituciones represivos del estado capitalista, debilita la potencia de los movimientos sociales para responder y organizarse.
O para decirlo de forma más clásica, con Lenin (en mi caso la cita corresponde a una vocación “leninista”), es obviar de forma ingenua que el estado sigue siendo el aparato de dominación de una clase, sostenido en los pilares de la represión y la burocracia que están presentes en el corazón de las instituciones formalmente “democráticas”.
A fin de cuentas, la lógica implacable de la gestión del Estado encierra el momento punitivo sobre los sectores sociales que no se adecuan al statu quo, que perturban los intereses de los capitales privados o resisten el sentido común del “cumplimiento de la ley y el orden”.
En metrópolis como Madrid o Barcelona, que concentran intereses políticos y económicos de proporciones, donde la maquinaria estatal garantiza la desigualdad de clase, la pretensión de una “radicalización” de la democracia “poco a poco” desde adentro de la gestión estatal es más ilusoria aún. Ninguna democratización de la vida social es posible sin un radical enfrentamiento con los poderes reales, los dueños del poder detrás de las cortinas.
En el próximo período es probable que el desencanto y la desilusión con los proyectos del ‘cambio” se aceleren. Si la movilización social retoma la escena es posible recuperar una perspectiva transformadora, pero para eso será necesario también un proyecto político que no deposite más ilusiones en la moderación reformista, sino que retome una perspectiva anticapitalista y de clase. | 
