A seis meses del asesinato de Berta Cáceres, dirigente indígena y fundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), han sido varios los vaivenes en el caso, donde ha sobresalido la participación de miembros del ejército hondureño, así como gerentes de la empresa chino-hondureña DESA, una de las principales empresas que operan en los territorios lenca para la construcción de hidroeléctricas.
Esta semana mientras hubo varias acciones a nivel internacional para repudiar el asesinato de la activista, las autoridades hondureñas informaron la detención de Elvin Rápalo Orellana de 21 años, acusado de ser el "coautor" del asesinato de Cáceres y quien supuestamente disparó contra el mexicano Gustavo Castro, también activista ambiental que estaba junto a Cáceres y que a pesar de haber recibido impactos de bala logró sobrevivir al ataque.
Sin embargo, las hijas de la activista y miembros del Copinh han declarado que las acciones de las autoridades hondureñas se ha mostrado tibias en el esclarecimiento de Berta, ya que como mencionó Berta Zuñiga para el diario El País, “sólo se ha detenido a integrantes de cargos medios” por lo que afirmó también que se mantienen claras dudas sobre las más recientes detenciones, insistiendo en la idea de que “la justicia verdadera es desmontar la estructura criminal que la mató”.
Asesinato de Berta: un punto de inflexión en el ataque al activismo ambiental latinoamericano
En un reciente informe de Amnistía Internacional (AI) llamado “Defendamos la tierra con nuestra sangre” ha sobresalido la escalada de amenazas, hostigamiento, acoso, campañas de difamación, ataques y homicidios contra activistas ambientales, defensores del territorio y de derechos humanos, siendo Honduras y Guatemala los países más peligrosos y mortales para estos activistas en el istmo.
“La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal”, señaló Erika Guevara-Rosas, directora para América de AI.
Se destaca que el 65% de los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos que realizan alguna actividad relacionada con la defensa de la tierra, el territorio o el medio ambiente registrados en el mundo en 2015, tuvieron lugar en Latinoamérica, según el organismo Global Witness.
Así ocho de estos asesinatos ocurrieron en Honduras y 10 en Guatemala, lo que ubica a estos países centroamericanos con la tasa de homicidio per cápita más alta de la región. Diferentes personalidades junto a AI han señalado que Cáceres, llevaba varios años trabajando para proteger el río Gualcarque del impacto potencialmente negativo de una represa que se planea construir en la zona.
Lo anterior ha sido enfatizado por el activista mexicano Gustavo Castro, único testigo y sobreviviente del ataque homicida contra Berta. En una entrevista resaltó que en el asesinato de la indígena Berta Caceres están implicados altos funcionarios del gobierno hondureño a los que se les protege y encubre. De la misma manera que se sigue sin investigar el móvil sobre la aparición del nombre de Berta en una lista militar de “objetivos a eliminar” que publicó el diario internacional The Guardian.
La vía sigue siendo la organización
Ante la profundización en el ataque a defensores y activistas ambientales, que tiene como máxima expresión la penetración imperialista en la región por medio de la militarización y los planes de los gobiernos en turno (entre los que destaca los cientos de despidos denunciados por la Central Unitaria de Trabajadores a mediados de agosto), diferentes organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y de derechos humanos han decidido lanzar la campaña “Defensoras de la Madre Tierra”, con el objetivo de visibilizar el rol histórico de las mujeres que exigen el derecho a la vida, la tierra y el territorio.
Esta campaña destaca que a partir del 2009 las autoridades gubernamentales de Honduras han acelerado el otorgamiento de licencias a empresas transnacionales, nacionales y extranjeras, para proyectos turísticos, mineros y de generación de energía renovable. Todo ello sin previa consulta a las comunidades locales, por lo que sus principales voceras han denunciado que, “los territorios son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas y está comprobado que estos proyectos no generan desarrollo social, provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres en las comunidades garífunas”, detalló recientemente Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Este tipo de iniciativas son clave en el fortalecimiento del movimiento que ha generado el repudio al ataque contra el activismo ambientalista, así como un referente ante el despojo y la explotación capitalista que las grandes empresas en complicidad con los gobiernos han implementado con el uso del hostigamiento policial y criminalización permanente en las comunidades.
Para llevar hasta el final el objetivo de echar abajo este tipo de políticas que atentan contra el derecho ancestral del territorio indígena, que afecta directamente la diversidad cultural, el medioambiente y el pleno derecho a la autodeterminación de pueblos y comunidades, es que esta campaña debe ser fortalecida bajo el llamado al conjunto de la población; estudiantes, mujeres y la clase trabajadora contra este tipo de mega proyectos de explotación y extracción capitalista en la región. | 
