El hecho volvió a poner en los titulares a una de las causas más calientes por narcotráfico en Rosario, que salpicó de sospechas al poder político provincial. Es que aquella mañana de diciembre de 2013 en la que fue hallado el cuerpo de Medina con 18 balazos, comenzó una investigación plagada de dudas e irregularidades. La más grave fue la imputación contra Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado provincial a cargo de Rubén Galassi. Los funcionarios fueron denunciados por manipular la computadora y el celular de Medina sin autorización judicial, en lo que se sospechó una medida para borrar evidencia.
La jueza que estaba a cargo de la causa por esas horas, Raquel Cosgaya, dijo públicamente que nunca autorizó la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Galassi admitió que el pedido de intervención de los funcionarios de su área fue realizado por el Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el Jefe de Unidades Especiales, el posteriormente fallecido Guillermo Morgans.
El gobernador Antonio Bonfatti no impulsó la investigación sobre las denuncias que sobrevolaron la causa Medina. Al contrario, defendió la actuación de los funcionarios públicos y policías. Finalmente un fiscal determinó que no había habido manipulación de evidencia en la notebook narco. Sin embargo, esta no fue la única mancha en la investigación.
Seis días después del “notebook affair”, tres policías rosarinos fueron demorados por haber ingresado sin orden judicial al country de Pilar donde tenía residencia el narco Medina.
Una extraña casualidad se sumó a las irregularidades: Guillermo Morgans, que estuvo en el centro de la causa Medina y parte de los intervinientes en la entrega de la notebook, fue asesinado el 10 de Junio de 2014 en lo que se dio a conocer como un robo.
El asesinato de Germán Tobo vuelve a poner en escena el laberinto de complicidades estatales con el narcotráfico en Rosario. | 
