Este miércoles 29 fue anunciado el proyecto de ley de la Argentina Digital que buscará regular las comunicaciones. El anuncio fue realizado en una presentación conjunta del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros de Planificación, Julio de Vido y de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.
A través del proyecto de ley se declarará el servicio público, esencial y estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), se regulará las tarifas de interconexión y se permitirá que a través de un mismo cable (red única) el usuario pueda recibir todos los servicios en su hogar. Además, se establece una velocidad mínima obligatoria de trasmisión de las redes para garantizar un acceso de calidad y equitativo en todo el territorio nacional.
Durante la presentación Axel Kicillof destacó que se busca que el proyecto “estimule la competencia y se termine con la concentración” por parte de las empresas de internet, cable, telefonía fija y telefonía móvil, que tuvieron “un crecimiento exponencial en sus facturaciones” durante los últimos años.
Asimismo, señaló que 4 empresas controlan el 88% de las ventas: “hacen falta regulaciones para que podamos acceder a servicios que son un derecho humano”, dijo el ministro.
La normativa vigente data de 1972 y quedó desactualizada en relación a las grandes transformaciones que se experimentaron en las comunicaciones con la telefonía celular, internet y la fibra óptica.
En la conferencia de prensa, los funcionarios destacaron que el objetivo del proyecto es la "universalización" de los servicios y la garantía de "ecuanimidad" en la calidad de los servicios prestados.
También se indicó que la ley separará el transporte de las tecnologías de información y comunicación de la producción de contenidos. Los funcionarios se encargaron de destacar que los contenidos "no tendrán ningún tipo de regulación", según aseguró De Vido.
De acuerdo al Gobierno, la iniciativa permitirá "con un solo cable tener acceso a múltiples servicios", que podrán ser brindados por "múltiples empresas". Berner aseguró que lo que se pretende es "desmonopolizar" el sector.
La norma -que, entre otras cosas, declara también "la inviolabilidad" del correo electrónico- apunta a que "el Estado tenga capacidad regulatoria para incentivar la igualdad de oportunidades y construir una Argentina digital que reemplace la analógica", expresó Capitanich.
Se estipula además que "los licenciatarios de servicios tienen la obligación y el derecho de interconexión entre sí", lo que permitirá "el acceso a las redes de los licenciatarios que no cuentan con redes propias".
Desde la oposición mediática y política salieron a criticar el proyecto de ley porque, según dicen, su artículo 9 habilitaría a que Teléfonica pueda sostener la propiedad de Telefé sin atender a lo establecido por la Ley N° 26.522 (Ley de Medios).
El artículo 9° del proyecto de ley anunciado establece que: "... Los licenciatarios de servicios de TIC podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad competente. Asimismo, los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar servicios de TIC debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la Autoridad de Aplicación de la presente ley".
Es decir, que la nueva regulación, de aprobarse, significaría un retroceso parcial de la Ley de Medios, que impide brindar un servicio nacional de telefonía y, a la vez, poseer un canal de televisión.
Según el Diario Clarín y otros medios opositores, de esta forma se entiende el atraso del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) en dictaminar el plan de adecuación y desinversión de Telefónica.
El directivo del AFSCA Gerardo Milman, que accedió en representación de la oposición, también señaló el benefició que obtendría Telefónica con la nueva regulación.
Nuevamente, como también sucedió con la Ley de Medios, se abre un debate que detrás de los discursos de democratización de los servicios audiovisuales y las comunicaciones, encubre una pelea entre monopolios que manejan las tecnologías de comunicación y han realizado grandes negocios durante los últimos diez años.
Vale recordar que durante los años kirchneristas los monopolios de las comunicaciones crecieron como nunca antes. No sólo Clarín fue beneficiado por el gobierno entre 2003 y 2008 sino que el resto de las corporaciones se desarrollaron exponencialmente. En el caso de Telefónica y Telecom (las dos privadas noventistas que hoy brindan también Internet) fue durante esta gestión que se les entregó por completo el usufructo de las redes y el cableado.
Si a eso se suma que el Estado nacional no posee prácticamente infraestructura comunicacional a nivel nacional (sacando las antenas de la televisión digital que instaló en el último período), resulta poco creíble que pueda "regular" a los monopolios en favor de "la competencia" solamente con declarar "de interés público" a las comunicaciones. Y mucho menos creíble resulta la posibilidad de que este gobierno tenga un giro de tipo "chavista", expropiando y nacionalizando las telecomunicaciones, cuando lo vemos en una avanzada feroz por lograr que muchas corporaciones multinacionales vengan a "invertir" en Argentina.
Es prematuro anticipar los resultados de la aplicación del proyecto de Ley de la Argentina Digital si este es votado en el Congreso. Pero la experiencia inmediata nos dice que los principios declamados por el gobierno de combatir la concentración de las comunicaciones y que los servicios TIC sean un “derecho humano” difícilmente se alcanzarán.
También son poco creíbles los fantasmas que empezó a instalar el Grupo Clarín y otros medios de la oposición sobre los excesos de regulaciones que quiere imponer el gobierno. Aunque no está descartado que la ley apunte a beneficiar a medios amigos.
Con la Ley de Medios se vio como la aplicación del plan de adecuación del Grupo Clarín no “democratizó” el mapa nacional de medios y ni siquiera transformó sustancialmente la propiedad empresaria.
El gobierno, a través del titular del AFSCA Martín Sabbatella, ahora denuncia las maniobras de la adecuación de Clarín. Pero le aprobó un plan de características similares al Grupo UNO de Daniel Vila y José Luis Manzano.
Hoy Clarín, Telefónica, Prisa, Vila-Manzano, Indalo (Cristóbal López), Veintitrés, Pierri y otros grupos menores, poseen casi la totalidad de los grandes medios audiovisuales del país. Muchos de ellos, además, manejan los grandes diarios y revistas y, a su vez, dirigen diversas empresas de otros rubros. La Ley de Medios está muy lejos de romper ese esquema concentrado y oligopólico. Vigente desde hace casi cinco años (excepto en un par de artículos solo para Clarín), no aportó más que promesas y cambios cosméticos.
Para pensar la comunicación y la información como “servicios públicos”, tienen que estar despojadas de la reglamentación capitalista y que toda la población acceda a ellas mediante un sistema público nacional de distribución de televisión, radio, internet y telefonía con acceso libre y gratuito para los trabajadores y el pueblo pobre y con tarifas progresivas para empresas y sectores ricos. Democratizar significaría romper esa dinámica de la información controlada por la burguesía donde, como dice el reconocido investigador belga de las comunicaciones, Armand Mattellart, “las clases trabajadoras han sido tradicionalmente relegadas al papel pasivo de consumidor de esta información”. Esa sigue siendo una tarea pendiente, leyes más o leyes menos.
Redacción ID / Fuente: Télam y DyN | 
