Este viernes, desde las 9 de la mañana en la sede de la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá lugar la anunciada Audiencia Pública por el gas. La misma fue convocada por el Enargas luego del fallo de la Corte Suprema, que ratificara otro -emitido por la Cámara Federal de La Plata-, anulando las resoluciones 28/16 y 31/16 que daban sustento legal al tarifazo.
La audiencia es presentada como un mecanismo que viene a garantizar la “participación ciudadana”. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad. La Audiencia pública no es vinculante. El Gobierno y el Ministerio de Energía podrán hacer caso omiso de todo lo que allí se diga o se presente por escrito. Este carácter limitado ya estaba señalado en el fallo de la Corte, que definía a las audiencias como “un foro de discusión (...) y no de decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública”.
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Esta cuestión sigue estando en el centro de las críticas. Se asegura por adelantado que habrá un extenso desfile de ponentes. Pero el mismo podría no tener consecuencia alguna, más que el simple registro para que la autoridad “elija” si quiere o no tomar algún argumento, o si prefiere simplemente desecharlo.
En la tarde de ayer, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, integrantes de la fórmula presidencial del Frente de Izquierda en las pasadas elecciones, afirmaron “vamos a una audiencia pública donde está todo cocinado”. La definición tiene mucha cercanía a la realidad. Tal vez demasiada.
En la izquierda esta denuncia no es nueva. Por el contrario, fue uno de los fundamentos esgrimidos para exigir el llamado a un paro nacional activo contra el tarifazo.
Precisamente, las fuerzas que integran el Frente de Izquierda estarán en las calles mañana rechazando el tarifazo. En un comunicado que difundió el PTS, se señalóque “es necesario convocar a un gran paro y movilización nacional para impedir que se concrete este nuevo ataque al bolsillo. Nos preparamos para movilizarnos ese día en todo el país para reclamar que la voz de millones, que ya se pronunciaron en las calles con cacerolazos, marchas y otras acciones, sea escuchada”.
Cuestionamientos son lo que sobra
En el día de ayer, en San Juan, la Multisectorial de esa provincia presentó una denuncia contra la Audiencia porque no tendrá carácter federal pleno. Se realizará solo en 9 de los 24 distritos provinciales.
También por este motivo habían existido críticas. La izquierda había hecho presentaciones exigiendo que las audiencias se replicaran en otras provincias. La respuesta del Enargas fue la resolución 3971/16, donde estableció la posibilidad de una “participación virtual” en otras ocho ciudades además de Buenos Aires.
Desde sectores del periodismo las críticas se centraron en los límites que existirán para la cobertura. El Sipreba -junto a otras organizaciones que agrupan a periodistas- dio a conocer un comunicado que denunciaba “el carácter limitativo que para el trabajo de los periodistas tiene el ‘instructivo para la prensa’ remitido a los medios de comunicación por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MEyM)”.
La crítica más escuchada ha sido por la negativa explícita del Gobierno a hacer público y poner en debate, durante la audiencia, el precio de boca de pozo que se paga a las empresas productoras. Esto es conocido, técnicamente, como Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y viene a significar cerca del 70 % del valor total de la tarifa.
Números ocultos
Según el artículo 37 de la Ley Nº 24.076, “la tarifa de gas a los consumidores será el resultado de la suma de:
a) Precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte;
b) Tarifa de transporte;
c) Tarifa de distribución.
Precisamente, el primer elemento es el que Gobierno mantiene oculto bajo siete llaves.
El fallo de la Corte Suprema, que obligó a la convocatoria de las audiencias, indicaba que el PIST debía someterse a debate en las mismas. Esto se fundaba en que el Estado interviene en la fijación del precio que se paga en boca de pozo, lo que ocurre a partir del Decreto 181/04. El mismo, en su artículo 2°, faculta a la Secretaria de Energía a “acordar con los productores de gas natural un ajuste del precio de gas natural en el PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST)”.
Sin embargo, la resolución convocante (3953/16), emitida por el Enarsa, afirma que se convoca “a Audiencia Pública a fin de considerar: a) el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte y b) las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros tarifarias resultantes de la revisión tarifaria integral”.
La convocatoria oficial no pone en cuestión el precio en boca de pozo, sino que señala la necesidad de “trasladar” esos aumentos a las tarifas directamente.
El Gobierno, intentando mostrar empatía hacia la población afectada por el tarifazo, señala en un informe elaborado por el interventor de Enargas, David Tezanos, que “en las condiciones actuales del sistema -caracterizado por la caída en la producción de gas, las limitaciones para inversiones en infraestructura, y la consecuente insuficiencia de la oferta para abastecer la demanda- la aplicación inmediata del principio de libertad de precios en la compraventa de gas natural-es decir dejar actuar al PIST libremente por medio del juego de la oferta y la demanda- redundaría en un prejuicio para los usuarios finales”.
Pero lo que es presentado como una concesión en función de los intereses de la población constituye, en realidad, un claro ocultamiento de la información que, además, viene a justificar la posibilidad de seguir pagando a las empresas un precio que se encuentra por arriba del valor del gas a nivel internacional.
Hace pocos días, el periodista Jonathan Raed señalaba en Tiempo Argentino que a nivel mundial el “precio del barril ronda los U$S 45, excepto en Argentina, donde el gobierno acordó un precio de U$S 67 y paga a las petroleras la diferencia”.
Esa gigantesca concesión a las grandes multinacionales, en aras de lograr “atraer” inversiones, es la que el Gobierno no quiere poner bajo la lupa de la sociedad.
Decisiones que no son ingenuas
El Gobierno nacional solo aceptó el llamado a Audiencia pública luego que le fuera impuesto por el fallo de la Corte Suprema. Esa resolución expresó el creciente descontento social frente al tarifazo, descontento que se expresó de manera parcial en los llamados Ruidazos.
Es desde allí de donde se hace necesario leer la propuesta que, según todo indica, llevará a la reunión de mañana el oficialismo. La misma orbitaría en una suba cercana al 200 %. La justificación oficial estará en la necesidad de reducir el déficit fiscal.
Sin embargo, a pesar de tanto discurso, ese ítem no fue tomado en consideración cuando se eliminaron, casi completamente y en cuestión de días, las retenciones a amplios sectores del gran capital.
La audiencia de mañana viernes no solo estará marcada por la formalidad sino también por la presencia en las calles de organizaciones sociales, políticas y sindicales. La izquierda, como lo ha venido haciendo, volverá a insistir con la exigencia de un paro nacional para enfrentar y derrotar efectivamente el tarifazo. | 
