En una extensa sesión en la Cámara de Diputados el oficialismo y sus aliados sancionaron la nueva ley de Hidrocarburos enviada por el Gobierno nacional con el acuerdo de los gobernadores de las provincias con producción de hidrocarburos agrupados en la OFEPHI. Sólo una reunión de comisión y un escueto informe de los funcionarios del Poder Ejecutivo fueron el marco de discusión que se le dio en la Cámara Baja a un proyecto de ley que regulará el sistema hidrocarburífero argentino durante décadas.
El debate en el recinto no aportó muchas sorpresas, salvo por la confesión de Mario Metaza, diputado del FPV y miembro informante por la Comisión de Energía y Combustibles, que aseguró que “necesitamos muchos chevrones”, en relación a Chevron, la multinacional que se asoció a YPF para explotar Vaca Muerta. También aseguró sin ponerse colorado y apelando a la soberanía nacional en su discurso que “las inversiones extranjeras que propicia esta nueva ley serán las que permitirán aumentar la producción de hidrocarburos y recuperar el autoabastecimiento energético”.
Los bloques mayoritarios de la oposición recurrieron a diversos argumentos a la hora de rechazar el proyecto. Tampoco sorprendieron: Carrió apuntó a los corruptos, el PRO reclamó “garantías para los inversores”, Binner pidió consenso y nuevos actores en el mercado, Cobos se lamentó de que esta ley no solucionará el problema energético del país. Ninguno de los integrantes de estos bloques rechazó el carácter privatista del sistema hidrocarburífero de la Argentina que la iniciativa enviada por el Ejecutivo viene a profundizar, mismo motivo por el cual no han presentado ningún proyecto alternativo al del oficialismo sino cuestionamientos parciales de cómo se debería repartir el negocio entre más pulpos capitalistas sin cuestionar la matriz del proyecto.
Por su parte la izquierda reafirmó su denuncia del carácter entreguista de la nueva ley de hidrocarburos y también su propuesta,plasmada en el único proyecto alternativo al del Gobierno presentado en este debate y que postula la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera bajo la administración de los trabajadores.
El proyecto fue presentado por Nicolás del Caño (PTS/FIT) y acompañado por Néstor Pitrola y Pablo López (PO/FIT).
Durante su intervención Nicolás del Caño señaló que “el proyecto del oficialismo que se dice nacional y popular es claramente una de las leyes que tienen el carácter más antinacional y antipopular. Bajo los gobiernos kirchneristas se mantuvo el esquema privatista de los 90’ del que fueron impulsores. A pesar de que la estatización del 51% de YPF la presentaron como un gran acto de soberanía nacional, no fue más que la base para una re-privatización. Además, luego de años de vaciamiento de YPF por parte de Repsol se los premió con una indemnización de 6.500 millones de dólares que votó vergonzosamente este Congreso. El acuerdo con Chevron es lo que se quiere generalizar con esta nueva ley: la entrega lisa y llana de nuestros recursos hidrocarburíferos a las multinacionales extranjeras”.
Además, el diputado mendocino remarcó el carácter antipopular de la propuesta oficial que “ampara el ‘carnaval petrolero’ de las multinacionales mientras las tarifas de las naftas se pagan a precios dolarizados a pedido de la Shell y otras empresas y en 18 meses aumentaron en un 100%. ¿Cómo se explica que después de 11 años de crecimiento récord, el 40% de la población no tenga acceso al gas natural, siendo estos sectores los que pagan por el gas envasado 5 veces más de lo que cuesta el gas natural? Además, en los últimos meses asistimos a “tarifazos” de hasta un 500% en las boletas del gas y mientras los empresarios se la llevan en pala, el 30% de los trabajadores petroleros se encuentran precarizados”.
Del Caño también recordó que “hace varios meses viajamos a Vaca Muerta a entrevistarnos con las comunidades mapuches y pudimos conocer de cerca su situación. No quedan dudas de que los pueblos originarios son avasallados en sus derechos. Como ejemplo, la comunidad Mapuche de Campo Maripe en la localidad de Añelo, Neuquén, vive, trabaja y cría a sus animales en Loma Campana al mismo tiempo que las petroleras YPF-Chevron comenzaron en 2013 a explotar petróleo con la técnica de fractura hidráulica. El estado nacional y neuquino vulneraron los derechos de la comunidad, vigentes en legislación nacional e internacional, al no realizar el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado a la comunidad”. Del Caño rechazó fuertemente también el método del fracking que “está denunciado en todo el mundo por contaminar el suelo, el aire y el agua, y producir enfermedades como el cáncer, problemas respiratorios, daños cerebrales, hipersensibilidad a químicos, entre otros”.
Finalmente insistió sobre el proyecto de nacionalización del FIT y lo definió como “un acto de soberanía nacional elemental que sólo puede llevarse a la práctica en el marco de una planificación del conjunto de la economía en función de los intereses de la gran mayoría del pueblo trabajador y no del actual régimen social que garantiza los negocios del lobby petrolero por sobre el interés nacional”.
Por su parte, Pablo López (PO/FIT) reivindicó también el proyecto de ley del FIT al señalar que “somos partidarios de una nacionalización integral de estos recursos bajo el control de los trabajadores, queremos que estos recursos se coloquen al servicio de las necesidades del país”. Asimismo denunció que “el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, ha reconocido en el plenario de comisiones lo que venimos denunciando: que esta ley es la extensión a nivel nacional del acuerdo vergonzoso del Gobierno con Chevron. Estamos frente un proceso de re-privatización, se fue Repsol y vino Chevron”.
Asimismo, López fundamentó su rechazo al proyecto oficial al marcar que “YPF sigue siendo una sociedad anónima, hoy la han metido cotizar en bolsa, depende de las especulaciones de Wall Street y es otro jugador dentro del mercado financiero internacional. Es la continuidad de la privatización que se hizo durante el menemismo”.
“Está en manos de los trabajadores la recuperación de estos recursos estratégicos para dar una salida de fondo sobre la base de los intereses de los trabajadores, que van a ser los únicos que garantizarán una explotación hidrocarburifera sin contaminación ambiental”, concluyó el diputado salteño. |
