Hace pocos días se publicó un estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que estima que entre los detenidos por delitos de lesa humanidad, la mitad cumplen arrestos domiciliarios. El resto, se encuentran detenidos en cárceles comunes, ya sea que esperan condena con diversas imputaciones o que ya han sido condenados.
Del informe se desprende que entre marzo de 2015 y agosto de este año, la cantidad de imputados por delitos de lesa humanidad con prisión domiciliaria ha crecido paulatinamente.
En Mendoza, uno de los casos emblemáticos es el del juez Otilio Romano, quien hoy cuenta con el beneficio de enfrentar el juicio desde su casa. En agosto de 2011 se dio a la fuga, pidiendo asilo político en Chile un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, que lo acusó por unanimidad por 113 delitos de lesa humanidad. Se trata de secuestros, torturas, homicidios y robo de bienes, que no investigó pese a tener pleno conocimiento de ellos entre 1975 y 1983, cuando fue fiscal federal y juez subrogante.
Mendoza es una de las cinco secciones judiciales con más alta tasa de detenidos por ese tipo de delitos, y en ese universo, la mitad está con prisión domiciliaria (son 62 detenidos, lo que representa el 56% del total de acusados por esos crímenes).
Según indica el estudio, en Mendoza la mayoría de imputados por lesa humanidad está detenido (57%) y una minoría de imputados en libertad (21%), fallecidos (12%) o prófugos (10%). Respecto del tipo de detención, existe paridad entre la detención en servicio penitenciario (50%) y los detenidos en arresto domiciliario (50%).
Además a nivel nacional lo que indican desde el sitio que difundió este informe es que desde marzo de 2015 a agosto de 2016, se registra “una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario”.
Agrega que “no puede inferirse que el aumento de un tipo de detención es la consecuencia directa de la baja del otro, pero este cambio se da en un escenario en el que además se dictan menos detenciones o se producen excarcelaciones”.
En Mendoza capital, son exactamente la mitad de los imputados que tienen arresto domiciliario y la otra mitad con penitenciario, según los datos obtenidos hasta agosto del 2016. Como decíamos, enfrentando causas abiertas, esperando sentencias.
El próximo 19 de septiembre continua en nuestra provincia, en el marco de la Megacausa donde se investigan las complicidades y responsabilidades de jueces y militares en el genocidio. Esta vez, será el turno de los alegatos de la defensa, donde se preparan para responder a sus acusaciones los jueces Romano, Miret y Carrizo entre otros acusados.
Por estos días, los medios publican que se podría beneficiar con prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz, el responsable del circuito Camps y que fue señalado por Jorge Julio López como uno de los principales responsables de las detenciones, desapariciones y torturas. El 18 de septiembre de 2006 Julio López desaparecía por cuarta vez. Hoy, a diez años de su desaparición y, a 40 de la Noche de los lápices se renueva el grito por la aparición con vida de Jorge Julio López y la exigencia de cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.
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