Diarios nacionales como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo, y hasta el derechista Reinaldo Azevedo de la revista Veja, trataron de un modo muy distinto las recientes denuncias hechas por la Operación “Lava Jato” contra Lula. Antes unificados frente el golpe institucional, las diferentes fracciones del “partido mediático” muestran ahora diferencias políticas en esta nueva ofensiva pos-impeachment.
Un “inesperado” desacuerdo apareció entre las editoriales y opiniones de los principales diarios y medios nacionales. Para unos las denuncias realizadas contra Lula por el fiscal-jefe de la Operación “Lava Jato”, Deltan Dallagnol, abren un espacio político al PT; para otros dan fe de su derrota; otras visiones buscan aconsejar al poder judicial de que sin pruebas y solo por convicción y con powerpoints no será tan fácil ganarse a la población. La cuestión es que los últimos hechos parecen haber abierto brechas en el “partido mediático”, que hasta ahora ha sido una pieza activa en la consolidación del golpe institucional. Del mismo modo, el poder judicial y los diputados no están exentos de diferencias políticas entre aquellos que defienden llevar el “golpe hasta el final” y otros que buscan un nuevo pacto nacional, aislando a Dilma Rousseff y resguardando a Lula.
El diario O Globo, a través de su columnista Merval Pereira, sostuvo una visión completamente acrítica del poder judicial, haciendo coro a la “convicción” de Dallangnol y los acusadores, donde más importante “que las denuncias puntuales hechas al expresidente Lula por la Operación “Lava Jato” es su caracterización como “comandante máximo del esquema de corrupción de Petrobras” o la de ser “el verdadero maestro de esa orquesta criminal”.
La caracterización hecha por el poder judicial es la forma de poner en el centro de los escándalos que involucraron al PT como el mensalão (ocurrido en 2005 y que consistió en pagos mensuales a legisladores a cambio de respaldo al Partido de los Trabajadores de Rousseff en el Congreso) y el petrolão (escándalos vinculados a la empresa Petrobras) a la figura de Lula, a partir de medidas arbitrarias, y muchas veces sin pruebas claras. De este modo, seguir adelante con sus planes políticos de impedir que Lula llegue con fuerzas a las elecciones de 2018 y abrir una situación nacional más a la derecha, para continuar y profundizar los ataques contra los trabajadores iniciados bajo el gobierno del PT, disminuyendo la resistencia de sus seguidores.
Al mismo tiempo que asignan al PT la exclusiva responsabilidad en todos los grandes esquemas de corrupción de la historia reciente de Brasil, cumple el papel de intentar "limpiar" parte del régimen, considerando que desde el 2013 se abrió una profunda crisis de representatividad con los principales partidos. El proceso de impeachment y el accionar del poder judicial son intentos de responder por derecha a esta crisis e imponer la reforma de la Seguridad social y laboral y toda una agenda de ataques anunciados por el gobierno de Temer pero liberados del PT, que si bien como gobierno ya ejecutaba esos ataques mantenía contradicciones con sus bases sindicales. Ahora buscan dejar el terreno “limpio”.
En cuanto la Operación “Lava Jato” esta Operación sigue ubicándose como combatiente de la corrupción, salvando a los principales partidos de la derecha: figuras como José Serra (PSDB), Alckmin (PSDB) y hasta el actual candidato a la intendencia de San Pablo por el PSDB, João Doria, están citados por denuncias surgidas de las delaciones premiadas, aunque nunca se concretan; del mismo modo que nunca son investigadas las empresas imperialistas citadas en la Operación Lava Jato.
Estos hechos arbitrarios y su ligación con el golpe institucional fueron el comienzo de un cuestionamiento al poder judicial, institución que por el momento se ve menos afectada por la crisis del régimen. Ante esta situación, el editorialista del diario O Globo desarrolla su tentativa de dar más bases al argumento de los acusadores reivindicando la ligazón del mensalão con el petrólão, reclaman para sí la corrección de un supuesto atraso de 10 años de la justicia y exponen las “pruebas” de los delitos que van desde conferencias sobrefacturadas, lobby a favor de la empresas en países amigos y la propiedad en Atibaia (en referencia a la compra y reforma de la propiedad de Lula en Santa Bárbara, Atibaia) donde también aparece la empresa Odebrecht para hacer reformas y mejoras. Estas denuncias serán reforzadas por los aportes de las delaciones premiadas de Leo Pinheiro, de la constructora OAS, y el empresario Marcelo Odebrecht. Además de la acusación de obstrucción de la justicia para evitar la denuncia de Nestor Cerveró, ex director del área internacional de Petrobras, que involucraba al expresidente Lula en operaciones de cambios de favores y corrupción.
Otro artículo comienza afirmando que el eje no son las denuncias sino que han "descubierto" que Lula estaba al frente de toda la corrupción, para luego dedicar extensos párrafos a enumerar cada una de las denuncias, en un intento de dialogar con aquellos sectores que vieron acusaciones basadas en “convicción sin pruebas” e intentar crear una masa crítica que acepte el accionar arbitrario del poder judicial, fomentando la condena sobre Lula y llamando al PT de “grupo político criminal que tomó por asalto las instituciones del país”. Definiciones que no son dirigidas a personajes políticos corruptos como Paulo Maluf (PP), Eduardo Cunha (PMDB) o Aécio Neves (PSDB) para mencionar solo algunos. Esa línea golpista “hasta el final” de un sector de los medios reclama dar un golpe “letal” contra el PT.
El diario Folha de São Paulo, por su parte, busca un camino más mediado, no menos golpista pero actuando como consejero de un posible exceso en la correlación de fuerzas por parte del poder judicial. Al mismo tiempo que tantea un terreno aún poco claro, el propio poder judicial parece estar midiendo la relación de fuerzas con los últimos anuncios que involucran a Lula. El hecho de que por primera vez los fiscales no hayan actuado juntos, principalmente sin el juez Sérgio Moro a cargo de la Operación Lava Jato, muestra que ese proceso aún puede llevar un tiempo y que tiene objetivos que van más allá de la prisión de Lula. Por ejemplo, logró dejar en segundo plano los ataques anunciados por el gobierno Temer que estaban marcando la coyuntura, provocando un mayor desgaste y politización en torno de los ajustes del gobierno. Esta medida logró, de algún modo, poner de nuevo al poder judicial a la ofensiva. En segundo lugar, abrió un nuevo flanco de batalla para el petismo, que había logrado reubicarse con su política de “directas ya”, especialmente a partir del acto que convocó a 100 mil en la Avenida Paulista y debilitar electoralmente al petismo.
Estos objetivos por ahora no permiten que ningún sector logre imponer su hegemonía sobre el resto de las alas judiciales y políticas, pero aíslan a la que defiende al petismo. En ese sentido, el diario Folha de São Paulo asume su puesto de consejero mediador, acordando con el debilitamiento del PT a partir de esa medida, señalando la contradicción, además de la obvia falta de pruebas, de que los montos involucrados en los actos de corrupción de Lula parecen irrisorios para alguien que asume el puesto de “comandante máximo de la corrupción”, pues se trata de valores muy inferiores a los obtenidos por figuras que no tienen casi ninguna expresión política. El diario Folha de São Paulo en su intento conciliatorio plantea este problema y ofrece un último consejo implícito: “a nadie se le escapa que finalmente Lula era el jefe político, pero de ahí a ser jefe criminal hay una distancia que necesita ser superada con pruebas”, es decir, por supuesto que se trata de una persecución política pero aconseja probar los hechos para evitar desgastar al poder judicial.
El diario Estado de São Paulo, por su parte, a pesar de su perfil golpista, sin distinguir “lados”, optó también por la sutil contradicción pero a diferencia del Folha de São Paulo no apunta a la justicia sino al propio Lula, que aun siendo acusado de corrupción y luego de haber llamando al impeachment de golpe, fue a la solemne asunción de la nueva ministra Cármen Lúcia en el Supremo Tribunal Federal (STF). La contradicción de un Lula que prestigió a la institución que lo persigue para el diario es una prueba de que el discurso de “golpe” es falso. Para la izquierda y los trabajadores, por el contrario, es una muestra de los lazos de subordinación que el PT mantiene con el régimen y cómo este partido nunca estuvo dispuesto a criticar y enfrentar el accionar del poder judicial, uno de los actores fundamentales del golpe institucional.
Otro columnista representante de la derecha, Reinaldo de Azevedo de la revista Veja, señaló la posibilidad de un “tiro por la culata” ya que el accionar del poder judicial podría beneficiar y fortalecer al PT, “la cúpula del PT vibró con lo ocurrido” y continúa, “la evaluación casi unánime es que Dallagnol se perdió, encantado con la propia retórica. Lo que se evaluó es que el Ministerio Público Federal tendrá que dedicarse al esfuerzo defensivo de demostrar que no tiene nada contra Lula”.
No es posible saber aún si de hecho el PT se fortalecerá. Seguro es que tendrá que actuar a la defensiva para defender a Lula y dividirse entre las elecciones y los ataques de la justicia. De la misma forma que el poder judicial apostó a una ofensiva, preservando a Sérgio Moro y después del golpe desarrolló el discurso de que son juristas y no políticos, lo cierto es que tanto el PT como el gobierno de Temer y los tucanos (PSDB) fueron sumamente “cautelosos” en sus comentarios frente a las denuncias contra Lula. Se atacan, intentan sobrevivir, reubicarse. Tienen en común el temor a despertar al sujeto oculto, los trabajadores y la juventud, en medio de las elecciones municipales más politizadas y “nacionalizadas” que cuentan con un un rechazo mayor que el tradicional.
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