Los abogados que representan a los asambleístas de la localidad sanjuanina afectada por los derrames de Barrick, presentaron el pedido de cierre de la mina por la violación de la Ley de Glaciares.
El fiscal Ramiro González solicitó al juez federal Sebastián Casanello que se llevaran adelante los operativos de allanamiento para secuestrar información referida a esta denuncia.
El Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) de Mendoza depende del CONICET y es el organismo que debe confeccionar el inventario de glaciares. Ambientalistas de Jáchal denuncian que desde el IANIGLA se hicieron cambios en la definición legal de “glaciar”, beneficiando a la minera canadiense. Este organismo contempla sólo las masas de hielo que tengan más de una hectárea, mientras que la ley 26.639 protege los glaciares cualquiera sea su dimensión.
Cabe recordar que esta ley de protección de glaciares (26.639), prohíbe expresamente la actividad minera en zona periglacial o ambiente con glaciares, pero aún no puede aplicarse aunque fue aprobada hace 6 años, ya que el inventario de glaciares que debiera realizar el IANIGLA no está terminado. Esta es una de las demandas que hace tiempo reclama la Asamblea de Jáchal.
Casanello solicitó a los responsables del IANIGLA la siguiente información:
Indicar si el emprendimiento minero, ubicado en el departamento de Iglesia de provincia de San Juan, se encuentra en zona de glaciares y/o ambiente periglacial.
Informar si el IANIGLA ha realizado el inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial de la zona de influencia del emprendimiento minero Veladero.
En tanto, Kelvin Dushnisky, presidente de la compañía Barrick Gold, anunció que están avanzando con las medidas de seguridad pedidas por el gobierno de San Juan, y en dos semanas podrían estar reanudando las tareas en Veladero.
Aún se desconoce la magnitud del último derrame de cianuro en las cuencas de los ríos sanjuaninos. | 
