El ajuste se evidencia en muchos aspectos en el Presupuesto 2017. En la página 66 del mensaje enviado al Congreso se señala que en cuanto a la “política de ocupación y salarios del Sector Público Nacional” los criterios “estarán alineados con los principios generales del Plan de Modernización del Estado”.
Las trabajadoras y trabajadores de la administración pública conocen bien cuáles son los planes de “modernización” de Andrés Ibarra: 11 mil despidos significaron en 2016. Por eso, los estatales denuncian que se viene una nueva “ola” de despidos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
En el debate en Comisión, algunos diputados señalaron que en el Artículo 6º del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo había 10 mil cargos menos que 2016.
Para que no quepa duda, en la página 67 se aclaran algunos de los criterios para la "modernización", entre ellos “Optimizar el empleo público, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, mediante laimplantación de tecnologías de gestión de recursos humanos que permitan concretar una reestructuración integral del capital humano del Estado Nacional, dirigida a una administración con medios eficientes para cumplir eficazmente sus objetivos.” (destacado nuestro).
La diputada del PTS en FIT, Myriam Bregman, preguntó a los funcionarios que fueron a defender el presupuesto en el Congreso sobre los planes de despidos. Los funcionarios negaron que estén contemplados.
En la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda, que está bajo la órbita de Pedro Lacoste, que ayer tomó la voz en nombre de Cambiemos, se efectuaron más de ciento cincuenta despidos a fines de marzo. Días antes, desde esa cartera se habían negado despidos frente a la Junta Interna de ATE. ¿Se repetirá la historia?.
Mientras tanto, para “optimizar el empleo” en muchas dependencias los funcionarios están impulsando “encuestas” sobre la situación de cada lugar de trabajo. Las organizaciones gremiales denuncian que preparan el terreno para nuevos despidos.
Seguramente de esas encuestas surja que el gran problema de los trabajadores estatales es la extensa precarización que dejó el kirchnerismo. De esa situación se sirvió el macrismo para las "rescisiones".
Nada dice el presupuesto sobre regularizar el fraude laboral masivo que se ejerce sobre trabajadoras y trabajadores estatales.
Durante la “década ganada” el kircherismo utilizó la paritaria estatal como “testigo” para alinear el resto de las negociaciones. Para ese fin contó con la servil ayuda de Andrés “Centauro” Rodríguez, el líder de UPCN.
Esa “herencia” no fue cuestionada por el macrismo y la foto en la Casa Rosada este año colocó en el foco a Mauricio Macri junto al “Centauro”.
Para 2017 seguramente el 17 % de inflación estimada en el presupuesto será el tope que querrán imponer en la paritaria de la administración pública nacional.
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