El Ministerio de Seguridad de la Nación informó el sábado 17 que llevó adelante un operativo en talleres textiles en los barrios de Mataderos y Nueva Pompeya. El saldo fue el rescate de 42 personas que eran explotadas laboralmente, entre las cuales había tres menores de edad.
En el allanamiento fueron detenidos dos hombres de nacionalidad argentina, de 34 y 26 años, que al parecer eran los dueños del lugar, así como a un tercero, natural de Bolivia y de 47 años, como presunto encargado del local clandestino.
Efectivos de la División Trata de Personas de la Policía Federal intervinieron, por un lado, en un taller de Mataderos donde fueron rescatadas 31 personas, y por otro en dos talleres de Nueva Pompeya donde once personas eran sometidas a explotación laboral confeccionando y estampando camisetas de fútbol de conocidas marcas deportivas.
Según el comunicado oficial “ya son 215 las personas liberadas por el Ministerio de Seguridad desde el cambio de Gobierno, el pasado diciembre”. La ministra Patricia Bullrich festejó en su cuenta de Twitter dichos operativos como parte de la lucha contra el trabajo esclavo y anunció que, con respecto a estos delitos, su ministerio va a ir “hasta las últimas consecuencias contra quienes no sólo infringen la ley sino que lo hacen a costa de la integridad de mujeres, niños y hombres”.
A pocas horas de dicho anuncio Macri participaba por primera vez en una reunión plenaria de la ONU. Entre varias actividades participó de la comisión sobre Refugiados y Migrantes, donde habló de los tres mil refugiados que el gobierno nacional recibirá en el marco del Programa Siria.
Pero el Presidente no mencionó en su discurso que hace un mes su Gobierno junto al de la Ciudad de Buenos Aires lanzaron un plan para construir una cárcel para inmigrantes, la cual estará precisamente en el barrio de Pompeya. Además no nombró que en la Ciudad de Buenos Aires, que gobernó durante dos mandatos consecutivos, existen cinco mil talleres clandestinos en donde se condena a inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos a trabajos precarios, en condiciones de esclavitud laboral, viviendo hacinados, con una absoluta falta de higiene y seguridad y contrayendo enfermedades como la tuberculosis. En esos talleres trabajan hasta los menores de la familia en jornadas de entre 14 y 16 horas.
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Los allanamientos han demostrado no ser la salida ante las condiciones de precariedad y condiciones de semiesclavitud, ya que a esas personas no se les garantiza un trabajo digno luego de los allanamientos y se ven obligados a volver a trabajar en los talleres textiles, mucho peor aún cuando esos trabajadores viven en los mismos talleres causando que esas personas queden en la calle.
Tanto los minúsculos allanamientos que no llegan más que a un sector minoritario de los talleres como los fuegos de artificio en la ONU están al servicio de ocultar la verdadera política de súperexplotación y precarización del gobierno del PRO, donde los trabajadores migrantes sufren la peor de las situaciones. | 
