Mientras se discuten la emergencia en seguridad en la provincia y rimbombantes planes para una “lucha sin cuartel contra el narcotráfico”, un nuevo escándalo salpica a la Legislatura luego de que se desbarate una banda de narcos. Entre los sindicados como cabecillas de la organización -que habría logrado blanquear unos $10.000.000 provenientes del tráfico de estupefacientes- detuvieron a dos personas que trabajan “políticamente” para el legislador Ramón “Cacho” Cano. Cano es nada menos que jefe de la bancada del PJ en la Legislatura Tucumana.
El ejército de Cacho
El legislador Cano se mostró muy afectado y manifestó que esto lo lastimaba especialmente. Primero declaró que eran dos empleados que conocía de años “del barrio”. Después afirmó que por estar “en la política” se relaciona con un montón de personas y que no puede conocer la vida privada de todas. Algo similar seguramente contestarán Jaldo y Manzur cuando se les inquiera sobre las fotos que hacen arder las redes sociales y los celulares de parlamentarios, donde posan sonrientes con el presunto narco.
Trascendió en la jornada de ayer que Julio César Trayan no era un “adscripto” cualquiera sino un conocido puntero del PJ de Villa Muñecas, miembro también del PJ. Incluso es uno de los 27 miembros de la Junta Departamental del Partido Justicialista. Él y su mujer, también empleada de la Legislatura, fueron objetivo de los allanamientos, aunque ella luego fue liberada.
Cano no sólo adujo desconocer la vida privada de Trayán, sino que deslizó que durante las elecciones de 2015 trabajaron para él “entre 2000 y 2500 personas”. En las elecciones pasadas se pagaba entre $500 y $1000 por cada persona que trabajaba para un candidato. O sea que, el día de los comicios, Cacho Cano desembolsó en promedio casi $2 millones para asegurarse un lugar en la Legislatura. Fue premiado con la jefatura del bloque de legisladores del PJ, autodenominado “Tucumán Crece”.
Tras las escandalosas elecciones de 2015 –donde opositores y oficialistas cometieron un sinfín de irregularidades, desde el acarreo de votantes hasta la quema de urnas– una nota publicada por el diario español El País titulada “Elecciones millonarias en una de las provincias más pobres de Argentina” daba cuenta de los exorbitantes gastos en solo un día de elecciones.
Allí citan al también legislador oficialista Caponio (PJ) que se ufanaba de gastar en un solo día $2.500.000. Multiplicar las cifras que cada legislador electo tanto del PJ como del Acuerdo para el Bicentenario “invirtieron” en sus candidaturas arrojaría una cifra escandalosa. Ambos se valieron del fraudulento sistema de acoples y cuentan con verdaderos ejércitos de punteros entre los que son promovidos personajes como el detenido Trayan. Incluso hay denuncias de vecinos de barriadas populares donde señalan que los propios dealers se calzan la pechera con el nombre del candidato y llamaban a votar por su acople a cambio de una dosis de paco o cocaína.
En su intento por defenderse, Cano puso nuevamente al desnudo el enorme aparato que ponen en movimiento los grandes partidos y como ejercen el control territorial. Seguramente esa millonaria suma de dinero gastada en las elecciones explica en gran medida el movimiento de las valijas que empleados de la Legislatura (¿Trayan entre ellos?) trasladaban para cada legislador en concepto de “gastos sociales”. Durante 2015 se otorgaron $ 615,6 millones, pero en los meses previos a las elecciones, se otorgaron muchísimos más que de costumbre: hasta septiembre ya se habían liquidado casi $ 500 millones. Esto desató un escándalo que es investigado por la Justicia Federal y la Penal; tras el intento del fiscal Navarro Dávila de intentar archivarla.
Mientras Cacho Cano se desligaba de su empleado ahora detenido, en el Club Villa Muñecas –del cual Trayan es el presidente– tuvieron que suspender la charla que iba a dar Cano junto a su esposa. Iban a explicar cómo luchar contra las adicciones.
La oposición se muestra horrorizada ante el escándalo, aunque sus miembros también se sirvieron de las prestaciones de Trayán cuando fue incorporado, también como adscripto, al equipo del entonces concejal Christian Rodríguez, legislador del bloque Peronismo del Bicentenario y cercano a la gestión del intendente capitalino Germán Alfaro (ApB-Cambiemos). Domingo Amaya, ayer intendente alperovichista y hoy funcionario nacional del gobierno de Cambiemos también tiene su foto con el presunto narco. También se sirve la oposición del fraudulento régimen de acoples y los oscuros y recién vetados “gastos sociales”. Aunque el discurso de los medios y de Cambiemos habla de un Estado “inactivo” o ausente en la lucha contra el narcotráfico, casos como éste más bien muestran a un Estado totalmente vinculado con el narcotráfico, desde el Poder Judicial, los partidos tradicionales y por supuesto, las fuerzas represivas. | 
