En los últimos meses la Iglesia ha recobrado un importante rol protagónico en la escena política argentina, de la mano del Papa. Primero fue el Pacto de San Antonio de Padua, firmado incialmente por 11 intendentes del PJ y que luego aglutinó a gran parte del peronismo, que vio en él la oportunidad de reconfigurarse alrededor de la figura de Bergoglio. Luego prosiguió la movilización en conmemoración a San Cayetano, encabezada por el intendente de Merlo Gustavo Menendez, en un nuevo intento de continuar fortaleciendo la influencia eclesiástica en la política nacional. Ese mismo día el jefe del Vaticano le escribió una carta a monseñor Arancedo, en la cual manifestó su “preocupación” por los altos índices de desocupación y condenó “a los que viven de arriba”.
Tras las advertencias que hizo la Iglesia sobre la situación social y el reclamo de mayor diálogo con los gremios, el gobierno de Cambiemos es quien ahora estrechar lazos con la jerarquía eclesiástica. Para eso, Marcos Peña y el ministro de Trabajo Jorge Triaca encabezaron una reunión en la sede del Episcopado donde fueron recibidos por Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal. Allí los ministros y las autoridades del Gabinete informaron sobre las “políticas sociales” que puso en marcha el Gobierno. Tanto los obispos como los funcionarios destacaron en un breve comunicado emitido luego de la reunión “el valor del diálogo y de los acuerdos entre los sectores de la producción y el trabajo".
Acompañando a Peña y a Triaca estuvieron el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana; el secretario de Culto de la Nación, Santiago de Estrada; el subsecretario de esa área, Alfredo Abriani, y el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso. Por la Conferencia Episcopal estuvieron junto a monseñor Arancedo el vicepresidente primero y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli; y el secretario general, monseñor Carlos Humberto Malfa, obispo de Chascomús. |
