Ayer al mediodía en Azopardo 802, en el bajo poteño, se reunión un nutrido grupo de trabajadores. Eran periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Todos querían ingresar a cubrir el plenario del Comité Central Confederal de la CGT, que había sido convocado varias semanas antes. Pero no los dejaron entrar.
Esperaron en la puerta de la sede de la central obrera durante algunas horas, las mismas que tardaron los miembros de las burocracias sindicales más importantes del país en acordar, al menos coyunturalmente, una postura común ante la situación económica por la que atraviesa la clase trabajadora, ésa a la que ellos dicen “representar”.
Primera conclusión de la jornada: las conducciones sindicales están muy interesadas en que el conjunto del movimiento obrero ni vea ni escuche siquiera los debates que se producen en instancias como éstas.
Que sí, que no… que no
Ni fecha ni qué modalidad podría tener. Esa fue la definición más contundente que arrojó la reunión respecto a la posibilidad de convocar a un paro nacional. Y así lo informaron al finalizar el plenario los tres dirigentes de la CGT, ahora sí ante la prensa.
Entre otras definiciones, los tres dirigentes dijeron que tras un “debate enriquecedor” todos los presentes coincidieron “en el grave diagnóstico socio-económico que estamos atravesando los trabajadores, donde el Gobierno ha generado transferencias a algunos sectores, además de las tarifas, el proceso inflacionario que han deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y de todos los que tienen ingresos fijos”.
Daer, Schmid y Acuña se alternaron en el micrófono para responder, con argumentos tan parecidos como abstractos, la pregunta reiterada del periodismo sobre la posibilidad de llamar a un paro nacional para expresar esos reclamos.
“Resolvimos, de no encontrar respuestas a lo que venimos planteando, llevar adelante las medidas que sean convenientes en el momento que sea conveniente. El paro es un instrumento que será analizado en el momento que tengamos que llevarlo adelante”, dijo Daer.
“Ustedes comprenderán que la fecha del paro no la vamos a decidir por televisión ni en una conferencia de prensa, sino cuando lo tengamos que hacer”, agregó Schmid.
“Quién tiene que dar respuestas es el Gobierno, el movimiento obrero ha sido prudente pero es el gobierno el que gobierna y dicta las políticas económicas del país”, remató Acuña.
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El chamuyo del diálogo
Los representantes de la burocracia sindical dijeron que tienen previsto un encuentro con el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el próximo jueves.
Y en ese marco informaron que el plenario resolvió facultar al triunvirato para que decida, en el caso de creerlo conveniente, cuándo y cómo llevar adelante medidas de fuerza.
“Vamos a seguir hablando con el Poder Ejecutivo y con distintos sectores de la sociedad”, dijo Daer en la conferencia de prensa, pateándole así la pelota a Mauricio Macri y su gabinete, a quien chicanearon diciendo que “los únicos que lo aplauden son los extranjeros”.
Pero el diálogo con el Gobierno, que respetan hasta el paroxismo los dirigentes sindicales, está a años luz del que pretenden entablar con las bases trabajadoras. Y eso, quizás, fue lo que involuntariamente se les filtró en el plenario de ayer.
Por ejemplo, el líder bancario Sergio Palazzo había anticipado en la jornada previa que “tiene que haber un paro en octubre” y que eso la CGT lo sabe. Por eso en el plenario él y el resto de quienes integran la Corriente Federal (Farmacia y UDA, entre otros) plantearon que hay que ponerle fecha a un paro de 24 o 48 horas como parte de un plan de lucha.
En la misma línea se posicionó Pablo Moyano desde Camioneros. Quienes estuvieron dentro del plenario cerrado escucharon decirle al hijo de Hugo que es necesario dejarse de “boludear” y poner fecha.
Pero, como era previsible, fueron los “gordos” los que pusieron “orden”. A propuesta de ellos (los más pesados de las conducciones sindicales) se decidió finalmente mandatar al triunvirato para que defina. La idea, claro, es que la decisión quede en manos de los gremios más fuertes.
Más allá de las líneas internas y las puestas en escena, evidentemente los intercambios expresan que muchos dirigentes llegaron al confederal influenciados por la situación que se vive en los lugares de trabajo. Por caso, en un plenario del Sindicato de la Alimentación realizado esta semana la mayoría de los delegados (miembros de la misma lista Verde del burócrata Rodolfo Daer) planteó la necesidad urgente de realizar un paro nacional, demostrando la presión percibida en las propias bases de las fábricas.
Bronca y exigencias desde las bases
Las repercusiones de la reunión de ayer en la sede de la CGT no se hicieron esperar. Y mientras las empresas periodísticas “dialogan” con otros representantes de la burocracia sindical para que amplíen sus posiciones, desde las fábricas, talleres, empresas de servicios, dependencias estatales y escuelas la indignación con esa burocracia crece.
Desde La Matanza Nathalia González Seligra, docente y secretaria de Derechos Humanos de la seccional de Suteba, dijo a este diario que “una vez más los dirigentes se reúnen sin definir una medida de lucha concreta para enfrentar al Gobierno de Macri, que ‘dialoga’ con el FMI y garantiza beneficios a los grandes empresarios. Ya pasaron la devaluación, las paritarias a la baja, el aumento de tarifas y los dirigentes gremiales siguen en la tregua”. Respecto a la necesidad de realizar medidas de fuerza, la referente del Suteba combativo dijo que “los docentes vamos a parar el martes que viene, pero necesitamos juntamos con los padres de nuestros alumnos, que también son trabajadores, y hacer un fuerte plan de lucha con miles en la calles para derrotar los planes de ajuste”.
También consultado sobre el resultado del plenario de la CGT, el dirigente del Subte Claudio Dellecarbonara afirmó que “han decidido extender la tregua que le han dado al gobierno de Macri para que éste pueda seguir atacando a la clase obrera y al pueblo pobre. Estas reuniones son un teatro para seguir justificando la inacción frente a los tarifazos, los aumentos de precios, la persecución contra los trabajadores y los despidos”.
El referente de la Línea B y dirigente del sindicato del Subte agregó que “también vemos que las conducciones de las dos CTA son parte de lo mismo, aún con sus diferencias. Hugo Yasky y Pablo Micheli se habían anotado para hablar en la audiencia pública de la semana pasada, suponemos que para denunciar y rechazar el tarifazo, pero al final ni fueron”.
Por su parte Carlos Artacho, delegado del sindicato telefónico Foetra y referente de la Agrupación Violeta, sentenció que si bien “la CGT dice que el Gobierno sólo escucha a los empresarios, evidentemente ellos también atienden más a los intereses de los empresarios que a los de los trabajadores. Contradictoriamente a la situación que ellos denuncian, y que las mismas estadísticas muestran, ningún reclamo de los que tiene la propia CGT se están cumpliendo, con lo cual la tregua que le están dando a Macri termina afectando directamente a los trabajadores. En definitiva la CGT muestra que está mucho más embarcada en sus propios intereses. Deberían llamarse mejor Confederación Empresaria Argentina”.
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También habló con este diario Rubén Matu, trabajador de la autopartista Lear de la zona norte del Gran Buenos Aires, quien cuestionó que “la ‘nueva’ CGT reunificada se reunió para definir un paro y lo único que definieron fue seguir manteniendo la tregua a Macri. Este gobierno hace nueve meses viene ajustando sobre la clase obrera. Pero a la burocracia sindical le sobra el tiempo porque ellos tienen ‘sueldos’ de gerentes y viven como ellos”.
El joven obrero metalmecánico graficó la situación actual. “En la zona norte hubo despidos masivos en Indura y Bimbo. En este último caso, mientras la burocracia se reunía para mantener la tregua el gobierno reprimió a los trabajadores. El ajuste precariza nuestras condiciones de trabajo y producto de la desidia patronal y la sed de ganancias se pierden vidas obreras, como pasó con Walter Agüero en Volkswagen y con David Ramallo en la Línea 60”, sentenció Matu. Y finalizó denunciando que a las dirigencia sindicales “el gobierno les entregó la suma de $ 27 mil millones para las obras sociales y eso explica la tregua. Pero los trabajadores nos tenemos que organizar y exigir a los sindicatos que se pongan a la cabeza de enfrentar al gobierno y las patronales con un plan de lucha que incluya paro y movilización”.
En esa línea Dellecarbonara planteó que “desde el sindicalismo combativo y la izquierda insistimos en que hay que llamar a una huelga general, nacional y activa, de 36 horas como mínimo, que permita paralizar toda actividad en el país y que los trabajadores puedan movilizarse a los centros políticos de cada provincia. Porque el ajuste no sólo lo lleva adelante Cambiemos sino el Frente para la Victoria, como el Tierra del Fuego y Santa Cruz.”
Esta semana Víctor Ottoboni, secretario de Prensa y Actas del sindicato nacional del Neumático (Sutna) completó la idea desde estas páginas: “Tenemos que mostrar una alternativa a la burocracia. Así como lo hacemos apoyando las luchas y enfrentando los ataques, podemos impulsar iniciativas para romper el pacto de las cúpulas. Plenarios de delegados y activistas, petitorios de firmas en cada gremio y, donde hayamos conquistado comisiones internas, seccionales o sindicatos, asambleas de base que mandaten a los dirigentes a exigir el paro general a todos los sindicatos y centrales obreras”. | 
