Una vez más el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar) fue objeto de un reclamo judicial. El 23 de agosto se presentó un nuevo hábeas corpus en favor de los menores alojados en el instituto, interpuesto por el Defensor General, Gabriel Ganón y el encargado de la Secretaría de Prevención contra la Violencia Institucional, Enrique Font, conjuntamente con el Asesor de Menores Daniel Papalardo.
Denunciaron nuevamente torturas sistemáticas, malos tratos y requisas vejatorias por parte de los agentes del Servicio Penitenciario como también, cuestiones relacionadas a la limpieza de pabellones y áreas comunes, roedores, falta de calefacción y agua caliente, mala calidad de la comida y falta de acceso a la salud y educación.
Este viernes se efectuó la segunda audiencia oral y pública donde las denuncias quedaron acreditadas. Se constató que en los sectores 5 y 6 del Instituto no existen condiciones dignas de habitabilidad, con riesgo de afectación de la salud mental de los internos y que no existe la prestación de servicio de educación para los jóvenes exigida en la Ley 26.061. La capacidad máxima del IRAR es de 24 jóvenes y actualmente se alojan en condiciones inhumanas un promedio de 40. Por otro lado, el pabellón 6 debería estar cerrado porque así lo dictaminó un fallo de la Justicia Penal de Rosario en mayo de este año.
Condiciones de tortura para adolescentes pobres
Otra cuestión que quedó al desnudo en la audiencia es que no existe protocolo, ni registro alguno de seguimiento de posibles casos de vejaciones, apremios ilegales y torturas. Mientras los funcionarios nacionales y provinciales declaran la “guerra contra el delito” y debaten sobre la conveniencia o no de profundizar penas y reformar códigos, las cárceles crecen en población. Una población mayoritariamente joven, pobre y sobre la que se ejercen una y mil vejaciones. En Santa Fe, cuando un niño es acusado de cometer un delito tiene menos garantías procesales que un adulto. La vulneración de sus derechos no es prioridad ni de interés para los funcionarios judiciales ni para el gobierno ni legisladores.
El Asesor de Menores, Daniel Papalardo, señaló a La Izquierda Diario: “El Estado santafesino ha evidenciado con su comportamiento procesal que en todos los ámbitos de gestión política opera con la misma impronta, es decir, negar lo evidente e intentar disimular lo real. En este caso ha debido confesar finalmente que sólo puede tener detenidos en condiciones dignas a 26 jóvenes. Esto último debe ser leído en relación con lo que a la par, la gestión de gobierno ha hecho, pregona, publicita y mediatiza como política criminal adecuada, esto es, la intensificación de la represión punitiva sobre las barriadas, con carácter de guerra declarada hacia un determinado sector social, segmentado y estigmatizado, ubicando como sujeto de esa persecución punitiva a los jóvenes, en particular a los que se ubican en el llamado trabajo informal o los que han sido desplazados por las continuadas políticas de ajuste”.
El Juez Caterina por su parte, dispuso una nueva audiencia en 30 días donde se informará sobre los controles periódicos ordenados y sobre la resolución del protocolo para prevenir torturas y malos tratos.
El gobierno santafesino, a tono con el gobierno nacional, busca mantener un régimen penal juvenil que, como parte del engranaje de las políticas de “seguridad”, encierra a adolescentes en condiciones inhumanas. Está demostrado que más policía en las calles y un aparato represivo más fuerte no es sinónimo de mayor tranquilidad en los barrios y las ciudades. Mientras el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino y otras expresiones del crimen organizado continúan su desarrollo, no caben dudas de que un aparato represivo cada vez más poderoso significa una profundización de las inseguridades del pueblo trabajador. |
