En un contexto de constante crisis en la Salud Pública y un Estado que no invierte en dicho sector, la Ley de Transparencia arrojó nuevos datos que hacen alusión a esta crítica situación. De acuerdo a la información entregada, el Estado estaría pagando el triple del costo público por pacientes Fonasa que son derivados a clínicas privadas, debido a la carencia de camas.
El gasto promedio que sale trasladar a un paciente al sector privado de salud bordea los $11 millones, en contraposición con los $ 4 millones que demanda su atención en la red pública. Esto sucede en casos de personas que se encuentran en estado grave y que requieren atención de manera urgente, pero se ven con el obstáculo que en el sector público faltan camas, cupos para atención, equipos y personal médico en las unidades de UTI y UCI. Situación que ha sido denunciada e informada en reiteradas ocasiones por los propios trabajadores de la Salud.
De esta manera, entre enero y julio de este año se realizaron más de 3000 traslados de pacientes a camas de distintas clínicas, es decir, un aumento del 53% en comparación al año pasado. Respecto a los costos, este año las transferencias demandaron $19.687 millones, cifra que por poco duplica los $ 10.722 millones gastados en el primer semestre de 2015.
De acuerdo al presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, “las cifras son hasta julio y las cuentas siempre van atrasadas, por lo tanto, en agosto, septiembre y octubre vamos a tener un gasto muchísimo mayor. Esto, sumado a que la deuda hospitalaria, está por las nubes, nos preocupa y hasta nos molesta un poco”, aseveró. “Se trata de un aumento enorme en el gasto pagado a clínicas. Hemos dicho hasta el cansancio que esto tiene que revertirse. Así no vamos a lograr nunca potenciar el sistema público de salud”, concluyó.
Hay tan solo 26 mil camas en el sistema público, de las cuales 2.520 son para pacientes críticos adultos, neonatos y pediátricos, pese a que diferentes estudios ya han asegurado que Chile se encuentran dentro de los países de la OCDE con menos camas de hospital por habitantes: 2,2 por cada 1.000 personas.
La crisis de la salud pública ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por los propios trabajadores del sector y los usuarios, sin embargo, el Estado y los distintos gobiernos de turno no han respondido ante un derecho tan básico como es la atención de salud pública, de calidad y garantizada por el Estado, como debiese ser hasta el final. Sin embargo, el Estado prefiere pagarle al sector privado en vez de invertir en infraestructura, equipamiento y personal médico, o sea, asegurar un derecho fundamental de todas las personas, que también ha sido convertido en un rotundo negocio. |
