La publicidad oficial del Gobierno de Córdoba no hace más que resaltar los aciertos de las políticas del Ministro Luis Angulo, pero la realidad muestra que las cosas no vienen saliendo según lo planeado y eso preocupa a Schiaretti.
La gota que colmó el vaso de la paciencia del gobernador fue el combo de fugas, motín y revueltas ocurridos todos en la misma semana en el Complejo Esperanza, el instituto socioeducativo para jóvenes en conflicto con la ley penal. El Complejo depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
A pesar del endurecimiento de las medidas de “seguridad” interna y de la implementación de mayores condiciones de encierro, los jóvenes siguen manifestando su descontento con protestas que se convierten en noticias de la prensa, y eso preocupa a la gestión gubernamental.
En un intento por quitarse los problemas de encima, Angulo y la responsable de la Senaf, Raquel Krawchik, recurrieron a la receta schiarettista más utilizada: atacar a los trabajadores.
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Persecución
Apremiada por la crisis interna, la secretaría decidió responsabilizar por la situación a los trabajadores y avanzar contra sus derechos, emitiendo una resolución para prohibir todo tipo de acción colectiva. Esta medida no solo abarca a los trabajadores del Complejo, sino a todos los dependientes de la Senaf.
Entre otros puntos, el artículo Nº 3 resuelve: “PROHIBIR la realización de asambleas, reuniones, paros y todo otro tipo de medidas de fuerza o acción que modifique o altere la prestación de tareas por parte del personal que desarrolla labores en los centros socioeducativos en los que se alojen niños, niñas y adolescentes, y en orden a la preservación del interés superior de estos últimos. Dichas medidas solo podrán efectuarse en el exterior de los referidos centros – o bien en el exterior del complejo en caso de tratarse de alguno de los institutos del Complejo Esperanza -, y fuera de la jornada de trabajo”.
Esta medida generó la bronca de los trabajadores de Senaf que son golpeados diariamente por sus sueldos miserables, a la baja con respecto a la inflación, y que en su mayoría son precarizados.
Muchos de ellos forman parte de esa interminable lista de “caída de contratos” que celosamente esconde el gobierno para aplicar su ajuste.
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Pese a la pasividad cómplice de José Pihen - legislador oficialista y Secretario general del Sindicato de Empleados Públicos- frente a los despidos de estatales, los trabajadores se están organizando.
Pero la estrategia de negociación del poder político con la burocracia sindical para mantener la tregua, y “meter miedo” para silenciar el reclamo, parece no ser suficiente al momento de aquietar las aguas, por lo que decidieron ir más allá y atacar directamente el derecho a huelga.
La huelga, como uno de los métodos históricos de lucha de la clase trabajadora, es una de las formas esenciales de enfrentar el dominio burgués. “Cada huelga recuerda a los capitalistas que los verdaderos dueños no son ellos, sino los obreros, que proclaman con creciente fuerza sus derechos. Y abre los ojos a los obreros, no sólo en lo que se refiere a los capitalistas, sino también en lo que respecta al Gobierno y a las leyes”, decía Lenin en su texto Sobre las huelgas, de1899.
Además, la resolución de la Senaf también aplica una modificación de la jornada y de las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en los centros socioeducativos, incorporando la modalidad de turnos rotativos y la eliminación de los turnos de 24 horas de trabajo por 72 horas de descanso.
El artículo Nº 1 dice: “DISPONER que quienes desempeñan funciones de Seguridad, Vigilancia, Asistencia y Mantenimiento en los Centros Socioeducativos dependientes de la Dirección General Penal Juvenil de esta Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, cumplirán una jornada de 12 horas de trabajo por 36 horas de descanso”.
Estas modificaciones tienen como objetivo forzar la renuncia de los trabajadores que realizan otra actividad por fuera de la Senaf para cubrir sus ingresos familiares, por la imposibilidad de ajustarse a los cambios de horario establecidos.
Represión juvenil
No sólo los trabajadores sufren el ataque del gobierno provincial, lo jóvenes también.
A fines del 2015, con la asunción del gobernador Schiaretti al frente del Ejecutivo provincial, la Senaf pasó del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
El nuevo gobernador, escudándose en un falso discurso “progresista”, sostenía que “la inseguridad es hija de la exclusión social, por tal motivo hasta que no se termine con la exclusión social no vamos a terminar con la inseguridad”. Pero a la vez le quitaba el Paicor a las escuelas y ajustaba las tuercas de un nuevo sistema para “la prevención y represión de hechos delictivos”, anunciando la creación de la policía barrial y un gasto de 300 millones de pesos para la compra de cámaras de seguridad, chalecos y armas, y la incorporación de nuevos efectivos policiales.
La política interna del Complejo Esperanza endureció su organización. A los mayores de 18 años encerrados por causas de minoridad se los trasladó al Módulo Pasos de Vida, que está cercado por alambre de concertina, aislado del resto de los jóvenes. También se les impidió la salida a la escuela fuera del instituto. También se incorporó un Sistema de Fases al estilo penitenciario y un módulo refractario para jóvenes con “problemas de conducta”.
Estas medidas pretendían evitar, mediante una mayor restricción de las condiciones de vida de los jóvenes encerrados, que se produjeran nuevas fugas y motines como los ocurridos durante la gestión de De la Sota. Quedó demostrado que por más rejas que se pongan la realidad no se cambia.
Cuando los menores intentan escapar o muestran su bronca, con lesiones autoinflingidas o con revueltas y motines internos, sólo buscan denunciar las terribles condiciones de vida adentro y afuera del encierro. Estos chicos, considerados “fallas” en el sistema de valores sólo quieren hacerse escuchar, sólo buscan denunciar lo que les están negando. | 
