Los recientes anuncios del presidente golpista Temer confirman el curso privatizador y entreguista de empresas estatales en 34 áreas estratégicas del país.
“Estamos abriendo 34 oportunidades de concesiones en área de puertos, aeropuertos, carreteras, ferrovías, energía, petróleo, gas... Con esto estamos abriendo y universalizando el mercado brasilero, en la convicción de que para combatir el desempleo y hacer que el país crezca es necesario incentivar la industria, los servicios, el agronegocio, además de restablecer la confianza, porque se dio un momento en que se perdió la confianza en el país”, afirmó Temer tratando de justificar el golpe institucional, en términos que recuerdan las expresiones más neoliberales de los años 90.
Al frente de la entrega nacional se encuentra el Programa de Asociaciones de Inversiones (en portugués, PPI), de Moreira Franco, político especializado en las privatizaciones durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y Lula, de quienes fue asesor.
La privatización de los aeropuertos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza y Porto Alegre es parte del paquete anunciado el pasado martes (27/09). Actualmente son administradas por la estatal Infraero. La licitación de estos cuatro aeropuertos ya venía siendo analizada por el gobierno de Dilma. A diferencia de las anteriores concesiones, esta vez el gobierno no exige que los adjudicatarios tengan a Infraero como socia en la operación, como en la privatización de los aeropuertos de Guarulhos, Galeão y Brasília.
También es parte de los activos en venta la estatal Eletrobrás, en el sector eléctrico. El gobierno ya había anunciado la intención de vender la participación de la estatal en emprendimientos como usinas de generación (hidroeléctricas, termoeléctricas), transmisoras y distribuidoras de energía. El ministro de Minas y Energía, Fernando Bezerra Coelho Filho, afirmó que habían sido localizadas 179 Sociedades de Propósito Específico (SPE) con participación de Eletrobrás que pueden ser vendidas por hasta R$ 20 mil millones.
La venta de las operaciones de Eletrobrás en diversos estados del Norte y del Nordeste del país, así como la privatización de carreteras, puertos y aeropuertos afectará la vida de millones de trabajadores que ya sufren con la deficiencia y precariedad de los servicios y de los contratos de trabajo en muchas de estas empresas. Organizar la resistencia contra las medidas del gobierno golpista es una exigencia de primer orden.
