La perspectiva del blanqueo, tras casi dos meses de haber sido aprobada la ley en el Congreso Nacional, aún es incierta. Previo a su promulgación, distintos periodistas apostaban cuanto lograría recaudar el fisco por la alícuota punitoria que deberán pagar aquellos que declaren bienes, ya sea propiedades o dinero que hasta el momento tenían ocultas. Junto con esto, miembros del gobierno vaticinaban el éxito de la medida si lograban una adhesión de U$S 20 mil millones. Estimaban que seria una clara muestra de confianza y optimismo.
Sin embargo, así como la lluvia de inversiones aún no se hizo presente, el éxito del blanqueo no estaría del todo asegurado. Según el diario Ámbito Financiero, el único que se atrevió a dar una cifra hasta ahora, por el momento solo se habrían blanqueado U$S 60 millones.
Las causas del desempeño por debajo de lo esperado responden a distintas cuestiones, entre ellas incompatibilidades entre la nueva ley y reglamentaciones anteriores (algunas parcialmente corregidas en resoluciones posteriores); demora en que las provincias aprueben leyes que adhieran a la ley nacional; trabas de los bancos; pedidos de mayores beneficios, como que se considere como base imputable los activos netos (es decir deduciéndole las deudas); o miedo al efecto que podría tener el declarar bienes que hasta el momento se encontraban ocultos para personas que se encuentran en proceso de divorcio o ya lo están.
Otra de las causas que explica en parte el lento ritmo que evidencia la adhesión, es la especulación respecto del valor del tipo de cambio. Ya que un salto cambiario cerca de fin de año o incluso a principios del año próximo podría ayudar a reducir el pago del impuesto especial. La razón de esto es que el impuesto debe pagarse según el tipo de cambio vigente al 22 de julio pasado (cuando se sanciono la ley), es decir a $ 14,81.
Por ejemplo, para un blanqueo de U$S 100.000 que se decide depositar en un banco local, el impuesto efectivo es de U$S 10.000 dólares (10 %). Tomando el valor del tipo de cambio vigente el 22 de julio pasado, serian $ 148.100. Pero si ese dólar tomado como referencia saltara, por ejemplo, a $ 16 a mediados de diciembre, se debería pagar la misma suma pero con un tipo de cambio más alto. Es decir que finalmente se terminaría pagando una suma real de U$S 9.256,25. De esta forma el impuesto efectivo sería de 9,25% y no de 10%, para los grandes evasores esta diferencia resulta mucho mayor.
En este sentido, el economista Nicolas Dujovne señaló que “conviene esperar porque declarar se abarata hacia fin de año cuando se espera una leve suba del tipo de cambio”. Respecto de la baja adhesión hasta el momento señalo que “la experiencia internacional muestra que la gente entra en las últimas dos o tres semanas. Nadie quiere ser el primero y además todavía hay muchos contadores esperando resoluciones aclaratorias”.
A pesar de esto, el gobierno avanza con medidas para incentivar a que quienes aún no se sumaron al blanqueo lo hagan. La última conocida fue ayer, con el envío de “cartas de inducción”. Consiste en el envío de cartas, que llegan al domicilio de los contribuyentes en los cuales se detectan inconsistencias entre sus declaraciones juradas y movimientos en el exterior. Según fuentes de la AFIP que recoge el diario El Cronista “Lo de las cartas de inducción es algo que no es sólo histórico, sino que es hasta prehistórico, pero también vamos a utilizar otro tipo de herramientas, como el cruce de información con países donde tenemos convenios bilaterales. Vamos a decirles a los contribuyentes que blanqueen, porque desde enero vamos a recibir información directa de todo lo que tienen en los distintos países”. Hacen referencia a la puesta en marcha a partir de enero próximo del intercambio de información automática entre 101 países debido a de un acuerdo impulsado por la OCDE.
Mientras el gobierno presiona para que los fugadores y evasores entren al blanqueo, según el Balance de Pagos elaborado por el INDEC, el segundo trimestre del año cerró con una formación de activos externos (considerada como una medida que estima la fuga de capitales), de U$S 4.075 millones. Especialistas como Jorge Gaggero, señalan que esas estimaciones subvalúan fuertemente los valores reales, llegando a representar la mitad.
El gobierno utiliza la excusa de que los evasores no tendrán lugar en el mundo a partir de enero en el que esconderse, amparados en el intercambio automático que comenzará a regir para presionar a la adhesión. El compromiso de avanzar en acuerdos de intercambio de información con Estados Unidos, a la vez de representar un nuevo guiño del imperialismo al gobierno de Cambiemos, constituye una presión adicional para que los pequeños evasores se sumen al blanqueo.
La conjugación de estas variables, podría resultar de ayuda a que el gobierno logre un resultado intermedio, menor al optimismo inicial, y sensiblemente mayor al anterior blanqueo, si bien no se puede descartar aún un buen resultado. La fecha límite para elegir la opción en la cual no se paga ninguna penalidad y a cambio se compran bonos intransferibles por tres años que no rinden ningún tipo de interés es este viernes próximo. Si bien no se conoce ninguna cifra oficial, los medios periodísticos señalan que contaría con un bajo nivel de adhesión.
De ser así, al gobierno le representaría un resultado ambiguo: negativo, en el sentido de que evidenciaría una falta de confianza ya que el “riesgo argentina” sería demasiado alto como para arriesgarse a tener dinero “quieto” por tres años y no ganar nada. Y positivo, en el sentido de que, de no sumarse a esa opción los blanqueadores deberían pagar un impuesto que le representaría al gobierno coyunturalmente mayor caja, que en el año electoral venidero sería de gran ayuda. | 
