A partir del caso de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada por una red de trata, y la incansable lucha de su madre, Susana Trimarco para encontrar a los responsables, es que en nuestro país se visibilizó un negocio ilegal y millonario que ocupa el tercer lugar en recaudación luego del narcotráfico y la fabricación y venta de armas.
Cuando hablamos de trata en general se antepone la palabra red, ese término no sólo remite a algo que queda atrapado, que es justamente lo que les sucede a miles de mujeres, sino además encarna un minucioso tejido sostenido por las fuerzas represivas del Estado que junto con los funcionarios políticos y judiciales garantizan la expansión de este gran negocio hecho con la vida de las mujeres.
Si hacemos un poco de historia, el 23 de septiembre de 1913 se sancionaba la Ley 9143, conocida como “Ley Palacios” en homenaje a su autor, el diputado socialista Alfredo Palacios, que penalizaba a los proxenetas por la explotación sexual de las mujeres y niñas. Fue la primera ley en América sobre esta temática.
En el año 2008 se promulga una nueva ley para proteger los derechos de las víctimas de trata de la personas, ya sea para su esclavitud y explotación sexual o laboral o para la venta de órganos.
Sin embargo, contar con una ley que sancione el delito de trata no es garantía para que esta disminuya, la prueba contundente de esto es que, de acuerdo a información del Ministerio Público Fiscal, entre 1990 y 2013 desaparecieron más de 3.200 mujeres.
Aquellas que pudieron ser rescatadas contaron que fueron engañadas con la promesa de un trabajo como empleadas domésticas, otras ofreciéndoles desempeñarse como meseras, propuestas laborales no muy claras y en general en lugares lejanos a su lugar de pertenencia. Algunas son secuestradas directamente en la calle. La mayoría de ellas tienen un mismo denominador común: graves problemas económicos y la desesperación por mantener en algunos casos a sus hijos. Es decir doblemente vulnerables por ser mujeres y pobres.
Cómo funcionan las redes de trata
El primer eslabón de la cadena es el encargado de reclutar. En casi la mitad de los casos la relación entre el captador y la víctima es de “pareja ocasional”, es decir que el reclutador, en general un varón, tiene la tarea de convencer a la mujer para trasladarla o entregarla al lugar donde será explotada sexualmente.
Los relatos de las víctimas de estas redes mafiosas dan cuenta de que una vez que la mujer llega al sitio le sustraen el documento y casi de inmediato comienza lo que se denomina “ablande”, que no es otra cosa que someterla a situaciones de violencia física y emocional para anular su capacidad de respuesta ante un hecho de tamaña brutalidad.
Dicen que para que algo pase desapercibido no hay nada mejor que dejarlo a la vista de todos, esto puede ser verdad, pero que los pubs, pools o whiskerías funcionen frente a un penal o a la vera de la ruta de la soja o de yacimientos de petróleo se debe más a la impunidad con la que operan los dueños de estos establecimientos que al dicho popular.
La connivencia entre los proxenetas y las fuerzas represivas del Estado es tan siniestra, que aquella mujer que logra escapar de estos lugares en no pocas ocasiones es devuelta por la misma policía a la que acudió para pedir ayuda.
Algo similar ocurre cuando estas mujeres se presentan como testigos en las pocas causas que llegan a juicio. Además de tener que soportar el escarnio público de enfrentarse a jueces misóginos, su declaración muchas veces no es tenida en cuenta.
Un negocio millonario
De acuerdo a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) solo en 12 causas judiciales, que representan una cantidad ínfima, la Justicia detectó que las redes de trata en Argentina obtuvieron ganancias por más de 130 millones de pesos por la explotación sexual de mujeres.
El mismo informe detalla que el llamado “clan Ale”, algunos de cuyos miembros fueron juzgados por la desaparición de Marita Verón, logró ganancias por 80 millones de pesos en una estructura compleja de lavado de dinero que iba desde prostíbulos, pasando por remiserías y compra de inmuebles.
Pero los millones de pesos ganados a costa de la esclavitud y la explotación sexual de las mujeres también se blanquea aportando a campañas políticas, tal como fue el caso de Raúl Martins ex agente de la SIDE, quien fue denunciado por su hija por regentear prostíbulos en Buenos Aires y México, y de aportar dinero para la campaña del hoy presidente Mauricio Macri, contando sobre las reuniones que su padre tenía con Macri y Awada en Cancún. Y, como favor con favor se paga, a cambio del dinero , Martins obtenía impunidad para sus prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires.
Es verdad que las mujeres somos víctimas de estas redes, pero no nos victimizamos, por eso ante la desaparición de alguna de nosotras están las amigas y las vecinas, las maestras, las compañeras de trabajo encendiendo la voz de alarma, organizando campañas para exigir su aparición, para terminar con la impunidad que protege y garantiza el funcionamiento de estas redes, para exigir su desmantelamiento.
Porque sabemos que nada podemos esperar del Estado, de los funcionarios políticos, los jueces, las fuerzas de seguridad, que son cómplices, cuando no partícipes activos, y garantes de este negocio que lucra con nuestro cuerpo.
Porque por cada una de nosotras que desaparece tenemos que ser miles en las calles. Porque sabemos luchar y porque tenemos la convicción de que solo con un movimiento organizado de mujeres podremos cambiar este sistema.
Nos sobran las razones. Por eso este 8, 9 y 10 de octubre, en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario hagamos oír nuestra voz: Si tocan a una, nos organizamos miles. | 
