Franco Casco era albañil, viajó a Rosario para visitar a su familia, un día después lo detuvo la policía de la comisaría 7°. No se supo más de nada él. El jueves 30 apareció sin vida en el río Paraná.
Podríamos contar aproximadamente 4300 casos que comenzarían con historias de vida, muerte y desaparición similares. Un solo dato es idéntico. Todos fueron asesinados por el gatillo fácil de la policía. Pero hay otras coincidencias, aproximadamente doscientos chicos están desaparecidos. Los sospechosos de siempre: la policía.
Estos datos son desde el 1983, y son aproximados porque las estadísticas no son estatales, sino recogidas por las denuncias que llegan a la CORREPI. Son cifras que sólo dan cuenta de los casos denunciados. Si tuviéramos en cuenta los casos que no pudieron ser denunciados porque la familia sufre amenazada por la misma fuerza que cometiera el delito, las cifras aumentarían exponencialmente.
Ningún gobierno constitucional, desde 1983 a esta parte, tuvo voluntad política de terminar con este accionar criminal. Por el contrario, tanto radicales, como peronistas, sciolistas, macristas, socialistas, massistas, la única voluntad que tienen es de armar hasta los dientes a la maldita policía para que su plomo sea descargada sobre los sectores más vulnerables de la juventud. Los excluidos y explotados de la sociedad reciben los efectos de la mano dura y mayor seguridad que pregonan todos estos gobernantes.
Carla Lacorte, miembro del CeProDH y víctima del gatillo fácil, el jueves 30 participó junto a integrantes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Córdoba en una Audiencia Pública en el Congreso Nacional, Lacorte sostuvo “esta práctica criminal del gatillo fácil se lleva la vida de un pibe cada 28 horas” y afirmó que “la provincia de Córdoba es la tercera en cantidad de casos de gatillo fácil, pero no tiene nada que envidiarle a las otras policías, que además de matar y asesinar con el gatillo fácil reprimen a los trabajadores y están metidas en todos y cada uno de los grandes delitos.”
Encubrimientos, sobreseimientos y reciclajes
El poder político tiene experiencia en encubrir los “malos hábitos” de la Policía.
El gobierno bonaerense se vio obligado de exonerar al policía, Fernando Pedreira. Pedreira está imputado por torturas y apremios ilegales sobre adolescentes detenidos en la comisaría primera de Quilmes. Se comprobó que la noche del 20 de octubre del 2004 Pedreira estuvo a cargo de una brutal requisa realizada a las 19 hs en los calabozos. Cerca de las 22 hs al iniciarse un foco de fuego en los calabozos Pedreira volvió a intervenir en forma violenta sobre los adolescentes. Los sobrevivientes señalan a Pedreira en al menos siete hechos puntuales de tortura.
La Policía Metropolitana de Macri lo incorporó a sus filas en la que se desempeño, durante dos años, como subinspector en la Metropolitana, hasta que denuncias de familiares de las victimas de Quilmes lo denunciaron.
La Metropolitana tiene otro exonerado que hizo historia. Se trata de Alberto “El Fino” Palacios, nombrado en 2009 como jefe de esta fuerza. Había sido exonerado de la federal, entre otras cosas, por encubrimiento en la causa AMIA .
El policía Bonaerense, José Salmo, quien baleó a Carla Lacorte en 2001, fue detenido recién este año, después de trece años de lucha y a pesar de haber recibido varias condenas. En el año 2010 Salmo había sido detenido y la Cámara de Apelaciones de Quilmes lo liberó con un fallo escandaloso que cuestionó la militancia de Lacorte en defensa de los derechos humanos. A pesar de estas condenas el gobierno de Scioli le abona un “salario” del Ministerio de salud.
En Capital Federal, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreseyó a los 41 efectivos de la Policía Federal y la Metropolitana que estaban procesados por el desalojo del Parque Indoamericano a fines del 2010, durante el cual tres personas fueron asesinadas y otras cinco resultaron heridas, por las balas conjuntas de la Federal y la Metropolitana. En cambió fueron procesados dos referentes sociales de las familias que reclaman vivienda digna.
Por el caso de Luciano Arrugas, los ocho policías Bonaerenses involucrados en la detención y posterior desaparició, nunca fueron procesados. Fueron apartados de la fuerza hasta que el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, los volvió a reinstalar.
Esta semana se dio a conocer el decreto que el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados autorizó por decreto la reincorporación de policías expulsados o cesanteados de la fuerza provincial.
En Santa Fe, Antonio Bonfatti, encubrió hasta último momento al jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, por sus vínculos con las mafias del narcotráfico. Tognoli había sido detenido pero después liberado. Para esto contó con el apoyo del gobierno de Bonfatti. Los escándalos continuaron y en junio de este año quedó firme el procesamiento a Tognoli.
El Gobernador de Córdoba José Manuel De La Sota salió a defender al Jefe de la Policía de Córdoba Julio Cesar Suárez luego de que este fuera imputado por la Justicia. El titular de la Policía había amenazado al periodista Dante Leguizamón de Canal10. “Yo me voy a encargar de vos” fueron las palabras que Suárez le dijo a Leguizamón, molesto con la cobertura que el periodista había realizado de la represión al barrio Los Cortaderos el 15 de Agosto de este año.
Los petroleros de Las Heras fueron detenidos después de haberse manifestado contra el impuesto al salario. Durante su detención fueron torturados, a pesar de las duncuncias, ningún policía fue imputado.
Y la lista sigue
Código Procesal Penal
La reforma al Código Procesal Penal prevé que las policías puedan actuar como testigo de cargo, que significa que cuando una persona es acusada por flagrancia, la misma policía que es parte activa de todo los delitos, pude actuar como parte acusatoria en contra de un imputado.
Hace unos días la agencia Argenpress daba cuenta de uno de los casos en que las policías plantan pruebas. Esta vez se trata de una familia peruana, que cosía ropa para la Salada.
La comisaría 10° de Ingeniero Budge, como todas las policías, cobraba un canon por este trabajo informal. Las amenazas eran las más frecuentes: denunciarlo por tener un taller clandestino y deportarlo por no tener documento. Después de un tiempo la familia se negó a pagar. En marzo de 2013 los policías allanaron la casa sin orden judicial, les plantaron dos kilos de cocaína y los detuvieron. Yarim Montero y Giovanna Arroyo, lograron revertir la causa.
Pero la reforma al Código Procesal Penal, dará mayores atribuciones a las policías. Esto incrementará la inseguridad de todos los sectores más vulnerables de la sociedad | 
