La agenda de la inseguridad, fogoneada por los grandes medios de comunicación, volvió al centro de la escena política.
En ese marco, ayer el macrismo, en una reunión que realizó por la mañana en Casa Rosada, decidió el envío de 6200 agentes federales a la provincia de Buenos Aires. Participaron del cónclave el presidente Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, su vice Eugenio Burzaco, y el ministro bonaerense Cristian Ritondo.
Tras el encuentro, Bullrich expresó que "la seguridad es una preocupación, cada persona que sufre un asalto, es una preocupación". Asimismo, la ministra informó que las fuerzas provinciales y federales trabajarán en una "relación muy cercana", en el marco de un "rediseño estratégico" en el que habrá un "especial énfasis en el Gran Buenos Aires y en Mar del Plata".
El macrismo busca mostrase activo frente a la inseguridad, agenda que le conviene más que la economía del ajuste. Al mismo tiempo, cabe señalar que el gobierno viene atravesando una crisis en el control de la Policía Bonaerense, que dio lugar a episodios como la “revisación” del despacho de la propia gobernadora por parte de agentes de esta fuerza, la insólita triple fuga del crimen de la efedrina, o el asalto en la casa del intendente de La Plata, entre otros.
Sin embargo, más allá de las complejas internas y la lucha por el control de esta fuerza de decenas de miles de efectivos, es imposible soslayar otro problema, que es la profunda desconfianza que pesa sobre las fuerzas de seguridad. De acuerdo a una investigación realizada por el Centro de Investigaciones Sociales de la Fundación UADE, difundida ayer, el 79% de los argentinos no confía en la policía.
“La cuestión policial como variable de injerencia directa sobre la inseguridad sigue siendo crítica a los ojos de la ciudadanía. El estudio confirma la desconfianza generalizada hacia las fuerzas policiales”, indicó Constanza Cilley, quien trabajó en la investigación.
Los escándalos detrás de la desconfianza
A juzgar no sólo por razones históricas, sino por hechos de los últimos días, la desconfianza tiene motivos fundados. En las últimas dos semanas, la policía bonaerense apareció involucrada en múltiples escándalos. Entre otros, se puede mencionar la detención del jefe de la comisaría de Villa Fiorito acusado de cobrar $ 160.000 por mes a una banda de narcotraficantes; los pedidos de captura para diez jefes policiales por el hallazgo de 36 sobres con $ 153.700, y la acusación del jefe de la “banda del millón” que habría pagado $ 200.000 a un comisario para que liberara la zona donde asaltaron un banco.
Por supuesto, no se trata de una característica exclusiva de la policía bonaerense. Hace pocos días se destituyó a 13 policías de Santa Fe implicados en "la venta de estupefacientes, robos, malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público". Una larga lista podría seguir enumerando casos de cada una de las policías de todo el país.
Esta seguidilla de hechos no hace más que confirmar que en todo el gran delito están involucradas las fuerzas de seguridad, apoyadas por el poder político y judicial. Esto es así para el narcotráfico, las redes de trata, el contrabando, el juego ilegal o los desarmaderos de autos.
El macrismo y la hipocresía de la “depuración”
Según el propio ministro Ritondo, en la Policía Bonaerense “estamos hablando de altos cargos involucrados. Hay comisarios, comisarios inspectores y comisarios mayores. En diez meses fueron separados 2230 policías, se iniciaron 5000 sumarios debido a denuncias por mal desempeño de los efectivos y 186 policías quedaron presos por diversos delitos. Por algo avanzó dentro de la policía un sistema de corrupción tan profundo. No son hechos aislados, hay un sistema”.
Si bien el macrismo hace este discurso bajo la bandera de depurar las fuerzas policiales, su propia historia y presente lo desmienten. En primer lugar, Pablo Bressi, el hombre que puso Vidal al frente de la Bonaerense, viene del riñón del ex jefe de esa fuerza, Hugo Matzkin, y cuenta con un importante prontuario, como su rol en la llamada “Masacre de Ramallo” o las acusaciones que pesan sobre él respecto de su rol en el narcotráfico. ¿Cambiamos?
Por otro lado, la Policía Metropolitana, creada desde su origen por el PRO, estuvo involucrada no sólo en casos de corrupción, gatillo fácil, desalojos brutales y escándalos como la represión en el Hospital Borda, sino que además, más del 70 % de los altos mandos de esa fuerza (38 oficiales) tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar, según surge de informes del Centro de Estudios Legales y Sociales de los años 2011 y 2013. Para sumar al prontuario, difícil no recordar las escuchas ilegales que salieron a la luz con los escándalos del “Fino” Palacios y Ciro James.
Surge claramente entonces que la militarización que busca profundizar el macrismo con el envío de 6200 agentes federales a la provincia de Buenos Aires no tiene objetivos muy nobles. Buscarán fortalecer su control político sobre las fuerzas de seguridad, y apuntalar el control social contra los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre. La Gendarmería Nacional, una de las fuerzas que será parte de este plan, es bien recordada por su rol en las represiones de luchas obreras como la de Lear, o por participar de proyectos de espionaje ilegal como el “Proyecto X”. En esto coinciden también dirigentes como Daniel Scioli, que ayer le recomendó oscuramente al macrismo que “tiene que hablar con un hombre como Berni o Granados”, o Sergio Massa, que hizo campaña electoral proponiendo sacar el Ejército genocida a las calles. Todos los partidos que defienden los intereses de los capitalistas coinciden en apuntar los cañones hacia el mismo lado. |
