En dos conferencias de prensa, el jefe de Gabinete de la Nación juntó esta semana las tres patas de un tema que en 2013 hizo arder a casi todas las provincias del país y dejó 18 muertos: “acuartelamiento”, “saqueos” y “delito”.
En la primera conferencia, al cruce de climas periodísticos que vienen creciendo hace unos meses, Jorge Capitanich expresó desde la Casa de Gobierno que “no existe ni debe existir ninguna circunstancia que promueva saqueos”, que “cualquier saqueo es un delito” y que “la perspectiva de eventuales presunciones o movilizaciones tendientes a producir saqueos constituye apología del delito”.
En la segunda conferencia, ya con la noticia del acuartelamiento de un pequeño sector de la Policía provincial en Santa Cruz y el pedido de ese gobierno de gendarmes y prefectos para patrullar las calles, Capitanich dijo que acuartelarse es delito, e hizo el puente con un tema que el gobierno mantuvo silenciado todo el año: diciembre de 2013, cuando un reclamo policial iniciado con acuartelamientos y manifestaciones en Córdoba en noviembre desembocó en al menos 146 saqueos o intentos de saqueos en 20 provincias, hechos que una comisión creada por la Procuradora Alejandra Gils Carbó evaluó coordinados —fogoneados en muchos casos por referentes de agrupamientos policiales desde las redes sociales, desde el Whatsapp, mensajes de texto y frecuencias policiales—, compatibles “con sedición y rebelión” y dignos de una investigación profunda.
Aquel desmadre ocurrió cuando se cumplían 30 años de la recuperación de la democracia. Se llegó a hacer en Buenos Aires la “Fiesta de la democracia”, con un palco lleno de artistas e intelectuales, mientras Tucumán era desde el 9 de diciembre una zona liberada, ganada por saqueos, incendios y batallas campales, donde se producía la mayor cantidad de muertes (seis de las 18 de todo el país, y decenas heridos por armas de fuego), se sumaba un “cacerolazo” y la Policía coronaba reprimiéndolo.
Todo se fue apagando a fuerza de aumentos salariales arrancados a los gobernadores (liberando zonas, tomando dependencias públicas a tiros, etc.), y con más detenciones masivas a gente común en las calles saqueadas, que investigación sobre quienes alentaron el caos.
Momentos
A partir de ese diciembre fatal se abrieron naturalmente causas judiciales en distintas jurisdicciones, con distinto tono y tenor, y por distintos delitos. A la vez, trabajó durante dos meses esa comisión de fiscales creada por una resolución de Gils Carbó el 9 de diciembre, que a su término le elevó un informe preliminar donde concluyó que los hechos desatados en toda la Argentina daban cuenta de un “temperamento común” compatible con “sedición” o “rebelión”.
Los caminos eran dos: que la Procuración tomara la decisión de recoger el guante y avanzar a fondo, formando una causa única para hilvanar todos los hechos ocurridos, o bien que descentralizara el material recopilado en las fiscalías federales del país. Se tomó este camino y no hubo demasiadas novedades judiciales en el año, a excepción de Córdoba y Santa Fe.
Hay varias razones para explicar por qué se optó por la segunda vía y se le puso candado a la cuestión durante todo el año. La primera es lo delicado de un tema que involucra a policías y penitenciarios retirados y en actividad. La segunda son los gobernadores, que controlaron sus provincias haciendo lugar a reclamos salariales extorsivos y probablemente prefieren esa vía a la investigación del sector.
El propio Capitanich tiene, o tuvo, abierto un frente en su Chaco, uno de los peores puntos del caos de 2013. Los policías reclamaban también por sueldos, con un comisario inspector a la cabeza; se plegaron numerosas comisarías y la Policía montada, hubo saqueos y desmanes por falta de presencia policial en las calles, y cinco muertos. Entre ellos, el subcomisario de la Policía chaqueña Cristian Vera, de una familia amiga de Capitanich (por eso algunos lo consideran “un muerto que le tiraron”). Falleció por una herida de arma de fuego cuando intentaba impedir un saqueo y hace unos días fue recordado, en el Día del Policía, con la entrega de una medalla póstuma recibida por su familia en un acto donde estuvo el actual gobernador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff.
Santa Cruz
Volviendo a 2014, el acuartelamiento actual al que se refirió Capitanich para frenar un efecto espejo, se produce en Caleta Olivia y en Río Gallegos, ciudad que el 5 y el 6 de diciembre de 2013, cuando ya se expresaba el caos en Córdoba, fue sede del primer congreso provincial de “Sindicalización policial”.
La agenda de temas incluía el "reconocimiento al derecho a sindicalizarse y las condiciones salariales, de higiene y seguridad en el trabajo". Participaron, en el auditorio del Teatro Municipal, referentes de agrupaciones policiales de la Argentina (entre ellos, el referente santacruceño Mario Monsalvo) y del exterior, pero también funcionarios provinciales (como José Luis Garrido, de la Subsecretaria de Planeamiento, y Marcial Cane, ex Titular de la Caja de Previsión Social); el diputado de Nuevo Encuentro Marcelo Saín (ex Interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria); y el cabecilla del desmadre santafesino Alberto Martínez, referente de Apropol y ahora por ser indagado en Santa Fe en una de las pocas novedades judiciales que ha habido sobre los hechos de 2013.
Martínez tuvo un perfil altísimo en los alzamientos de 2013, agitando en las redes sociales ya desde Río Gallegos, para sembrar en su provincia lo que ocurría en Córdoba. “Estoy haciendo un desastre en las redes… es lo único que puedo hacer desde acá… Escuchame, negro, cuando pongan los móviles en la puerta tienen que estar bloqueando. Con un cartel que diga: ‘Estamos de paro. Vení a patrullar vos Bonfatti. Vení vos con Berni’”, es uno de los mensajes que le atribuye la Justicia.
Después de ese encuentro se difundieron a través de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciario, FASIPP, algunas conclusiones: los salarios de los “trabajadores policiales” deben ser superiores a los gastos que demanda la canasta familiar; se debe continuar con un “Plan de Lucha Nacional” establecido en un congreso de 2012 en Paraná; y “apoyar todas las medidas de las distintas organizaciones que dentro del marco de la ley reclaman por sus legítimos intereses”; sugerir que los 19 de abril, Día Nacional del Policía, todas las asociaciones se presenten ante los poderes para presentar un documento sobre Sindicalización Policial elaborado en Santa Cruz. También concluyeron que ejercer este derecho no constituye un delito.
Esta tarde, el Fiscal de Estado santacruceño presentó una denuncia contra los acuartelados por “sedición”, el gobierno de Daniel Peralta descubrió que “es político” el reclamo y busca la colaboración de la Justicia federal para contener el conflicto. |
