Foto: EFE/EPA/JOSE COELHO
Mientras el Parlament catalán votaba un referéndum para dentro de un año, el Tribunal Constitucional solicitaba a la fiscalía que exija “la responsabilidad penal” que toque a Carme Forcadell, la Presidenta del Parlament, por haberle desobedecido. El TC instaba a la Presidenta a anular la Comisión de estudio del proceso constituyente y sus votaciones.
El Tribunal Supremo ha pedido al Congreso autorización para juzgar a Francesc Homs, el diputado del Partit Demòcrata Català (PDC). Como éste está aforado, el magistrado del caso ha pedido el suplicatorio al Congreso para poder tramitar el juicio por prevaricación y desobediencia.
Tiempo atrás anunciaron que piden 10 años de inhabilitación para el expresident, Artur Mas y 9 años para las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega. El Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya está preparando el juicio para quienes estaban al frente de la consulta del 9N. Para el TSJC y el TC que el pueblo vote es grave.
Todos los poderes del Estado están judicializando la vida política catalana. El Régimen del 78 no es capaz siquiera de oír hablar de la independencia. Un problema de dimensiones políticas, lo llevan al campo judicial. De hecho el Gobierno de Rajoy se ha negado a dialogar con los dirigentes catalanes sobre el referéndum. Cuestión que quedó bien clara, una vez más, cuando los diputados del PP, C’s y del PSC se retiraron del Parlament
Estos anuncios son nuevos pasos en la estrategia judicial que lleva adelante el Gobierno (aunque ahora esté en funciones). Es la respuesta que el Gobierno y las instituciones judiciales dan a las votaciones por un Referéndum del Parlament en esta semana.
Los próximos pasos
El Constitucional y la fiscalía continuarán con la vía judicial. En breve anunciarán la condena a los dirigentes del 9N: seguramente la inhabilitación y está por verse la vía penal seguida por el Constitucional y la Fiscalía del Estado
El Parlamento español tramitará en cuanto pueda la quita de los fueros a Homs. Seguramente las bancadas del PP, PSOE y C’s harán el “trámite” de urgencia si como parece se evitan las terceras elecciones.
El caso más avanzado es el de la Presidenta Carme Forcadell. Ahora la Fiscalía se propone ir por la vía penal y pondrán el máximo posible de años como extorsión a las instituciones catalanas. El Gobierno fue quién requirió al Tribunal por si había responsabilidades penales y que explorara esa vía.
El problema de la salida negociada
Toda esta estrategia digitada desde Madrid pone en cuestión la política de Junts pel Sí y de Catalunya Sí Que Es Pot. Ambas formaciones proclaman que el Referéndum sea convocado en acuerdo con los poderes del Estado. Cuestión completamente utópica, como se puede ver con la ofensiva judicial. Al mismo tiempo, esta ofensiva judicial pone en cuestión que el proceso de autodeterminación sea llevado exclusivamente por las instituciones catalanas.
Los poderes del Estado hacen lo imposible para evitar cualquier Referéndum y buscan responder cada declaración del Parlament con una apuesta mayor. De hecho los juicios se iniciaron con la consulta del 9N. Ahora incluyen a la Presidenta del Parlament en el saco y así seguirán sumando víctimas.
Ni el Régimen del 78, ni en los dirigentes del PP, el PSOE o C’s aceptarán la mínima medida democrática, menos aún están dispuestos a conceder el derecho de autodeterminación a las masas catalanas.
Esta estrategia judicial del Estado solo se puede parar con la movilización en las calles de los trabajadores y el pueblo catalán. Una movilización que apele al sentido democrático de los trabajadores del resto del estado: el 80% del pueblo catalán quiere decidir qué relación tener con el resto de los pueblos españoles.
Para ello es necesario que la izquierda anticapitalista rompa con la estrategia parlamentaria y de conciliación de clases; solo así se podrá acabar con las instituciones del Régimen del 78 y entusiasmar a las masas catalanas con una estrategia para hacer efectivo el Referéndum de manera unilateral. | 
