El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vio el martes complicarse nuevamente su situación jurídica por una nueva denuncia de la fiscalía ante la Justicia por sospechas de corrupción. La Fiscalía de Curitiba ha acusado a Lula de ser el "comandante máximo" de la red de corrupción enquistada en la petrolera.
El Ministerio Público Federal de Brasilia acusó a Lula de cobrar sumas millonarias de la constructora Odebrecht a cambio de haber favorecido a la empresa entre 2008 y 2015, en la recta final de su gobierno y en los años posteriores.
"En el caso del expresidente, las penas máximas sumadas llegan por lo menos a 35 años de reclusión, además de multa. Ya el empresario Marcelo Odebrecht, de ser condenado, podrá pagar al menos treinta años de prisión", detalló el comunicado del Ministerio Público.
Junto a Lula, otras 10 personas fueron denunciadas por cinco delitos de corrupción relacionados a contratos de una obra de infraestructura en Angola. Entre ellos, figura el empresario Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo constructor Odebrecht. Los delitos de los que se los acusa son corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Las denuncias se refieren al supuesto cobro de sobornos por parte de Lula, a cambio de usar su influencia para que Odebrecht lograse financiación pública del banco de fomento de Brasil, el BNDES, y para que se adjudicase un contrato multimillonario en Angola.
Según la denuncia, la constructora pagó unos 9 millones de dólares en diversos desembolsos a una empresa recién fundada por un sobrino de la primera esposa de Lula, Taiguara Rodrigues dos Santos.
Lula tiene otros dos procesos abiertos en la Justicia común por haber recibido supuestos pagos ilegales y favores de la constructora OAS y por haber ofrecido dinero a cambio del silencio de uno de los testigos que colaboran con las investigaciones de la corrupción en la petrolera Petrobras. El juez Sergio Moro, que lleva la causa por corrupción en torno al desvío de fondos de Petrobras a campañas políticas del entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el 21 de septiembre había dado lugar a la acusación y supuestas pruebas presentadas por la fiscalía, lo que llevará a juicio al líder petista.
El expresidente también es investigado por el Tribunal Supremo en otro proceso paralelo, por su supuesta participación en el escándalo de corrupción que giraba en torno a Petrobras, por el que han sido condenados varios ejecutivos de la petrolera, políticos y directivos de las mayores constructoras del país, implicadas en la trama.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmó el martes que el expresidente está siendo sometido a una "persecución" jurídica que tiene el objetivo manifiesto de impedirle que se presente a las elecciones presidenciales de 2018. Además negó que el exmandatario tuviera cualquier interferencia en las decisiones del banco de fomento. Sobre las otras denuncias, el letrado anunció que la defensa de Lula intentará impugnar al juez Sergio Moro, que ha centralizado las denuncias de corrupción en Petrobras, y a los fiscales, por entender que son parciales.
Martins acusó al juez Moro de haber "violado las garantías constitucionales" de Lula cuando el pasado marzo ordenó llevarle a la fuerza a una comisaría para someterle a un interrogatorio.
Como la acusación del mes de septiembre, se trata de una maniobra que juega al filo de la relación de fuerzas. Los sectores más duros de la derecha pretenden “ir con el golpe hasta el final” y dar un “golpe de gracia” al PT. Aprovechan la casi nula resistencia que presentó ese partido y su negativa rotunda a movilizar a los sindicatos y organizaciones sociales y parar el país. Pero a la vez tienden a profundizar peligrosamente la ya grave crisis que atraviesa el régimen brasilero desde las grandes movilizaciones de 2013. | 
