Canido planea desmontar cuatro mil hectáreas de bosque nativo reclamadas por comunidad Yaki. La organización ambientalista le llevó una porción de las quinientas que ya ha desmontado ilegalmente.

Bajo la consigna “Canido, por qué destruís lo mejor de nuestro país” (haciendo alusión al eslogan de la empresa), Greenpeace le llevó hoy una porción de bosque nativo desmontado ilegalmente a Orlando Canido, dueño de la reconocida empresa de gaseosas Manaos. El empresario es denunciado por sus intenciones de desmontar más de cuatro mil hectáreas de bosque nativo en Santiago del Estero, tierras que son reclamadas por la comunidad indígena Yaki Cachi Bajo Hondo. Las comunidades vienen sufriendo ataques, que incluyeron incendios, disparos a vehículos, contaminación de los pozos de agua y un tiro en la pierna a un campesino, por parte de grupos armados a las órdenes del empresario Canido.

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de la famosa organización ambientalista, afirmó que “el avance de los desmontes ilegales viene asociado al incremento de los conflictos violentos por parte de los desarrolladores agropecuarios con el objetivo de desalojar a las comunidades. Los que deforestan ilegalmente deben ser considerados delincuentes y Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, es un claro ejemplo”.

Ante los reclamos de los campesinos por sus tierras, la Dirección de Bosques suspendió el proyecto de Canido en noviembre 2014. Desde entonces, señaló el MOCASE-VC, se dan los atropellos sobre los territorios de las comunidades. Y a pesar de las denuncias, Canido ya desmontó 500 hectáreas e intenta desalojar a las familias.

Greenpeace, que le exigió al Congreso Nacional que se sancione el proyecto de ley que establece un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, además, señaló en una carta dirigida a la gobernadora de Santiago del Estero que permitir la deforestación en territorios campesinos e indígenas vulnera en forma flagrante las leyes vigentes e ignora las demandas de la sociedad. En ese sentido, la Ley Nacional de Bosques dicta que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.