Foto: Gender Equality Malta - GEM / Facebook
La manifestación se difundió en las redes bajo el hastag #EmergenzaGhalRaguni #EmergencyForAReason y fue organizada por Igualdad de Género Malta (GEM) en oposición a la decisión de los diputados de recomendar que el acceso al anticonceptivo sea únicamente mediante prescripción médica y permitir a los médicos alegar objeción de conciencia.
“Forzar a una mujer para ir a ver a un médico con el fin de comprar la píldora va contra el propósito de la anticoncepción de emergencia en una situación en la que el tiempo es la esencia”, dijo Mel McElhatton presidenta de GEM.
Los profesionales médicos también han señalado que no es necesario la receta y que, debido a la naturaleza de la medicación, es esencial que esté disponible para aquellas mujeres que la necesitan con la menor demora posible.
“La píldora definitivamente debe estar disponible sin receta médica, ya que debe tomarse dentro de 45 horas ... Las mujeres deben ser libres para tomar decisiones sobre sus cuerpos”, y añadió que es un insulto que las mujeres en Malta tengan que acudir al médico para obtener medicamentos que están disponible sin receta en 23 de los 28 estados miembros de la Unión Europea.
“La píldora del día después es un derecho civil básico en todos los países democráticos que Malta aspira a ser. Y no debe ser tomado por las ideologías” dijo la portavoz de la red de derechos civiles, Michael Briguglio, en referencia a las opiniones del movimiento pro-vida, como la Fundación Red de Vida, que cuestiona el efecto abortivo del medicamento.
La gran mayoría de profesionales de la salud, las organizaciones internacionales y centros de investigación negaron posteriormente los efectos abortivos y el debate se trasladó hacia la disponibilidad de la píldora a través de con o sin receta médica.
Por la legalización de la PDD
El debate sobre el anticonceptivo de emergencia emergió en julio cuando la Fundación de Derechos de la Mujer presentó una protesta judicial contra el Estado pidiendo la legalización de la concesión de licencias, la importación y la distribución de la píldora.
El 8 de octubre, la Confederación de Malta de Organizaciones de Mujeres (MCWO) lanzó una petición en línea a los miembros del Parlamento. Con el título ’Igualdad de derechos para las mujeres en Malta’, ha alcanzado los 1.656 seguidores.
Los firmantes sostienen que las recomendaciones del comité “no sólo van en contra de la esencia misma de la igualdad de género, mediante la eliminación del derecho de la mujer a tomar la mejor decisión para su bienestar, sino que esta decisión también tiene sus raíces no en un sentido general para la salud de una mujer, sino en la necesidad de controlar los cuerpos y las vidas de las mujeres.”
La petición advierte que “tememos que esta decisión hace que ciertos médicos puedan sentir que tienen derecho a juzgar la vida sexual de las mujeres, en base a sus propias convicciones morales, dando la oportunidad de abusar de su poder. No le corresponde a ustedes como parlamentarios, o médicos, o vecinos juzgar sobre las decisiones de los demás cuando se trata de estos asuntos.”
Recuerdan también que no se está teniendo en cuenta las necesidades de las víctimas de agresiones sexuales, quienes a menudo tienen miedo a denunciar y no se acercan a las autoridades hasta sentirse preparadas. E insta al Parlamento a eludir los grupos de presión que desean ver a las mujeres con embarazos no deseos aun con todas las repercusiones que ello conlleva.
Contracepción en Malta
La interrupción voluntaria del embarazo está penado con entre 18 meses y 3 años de cárcel. Malta es junto al Vaticano uno de los nueve países en el mundo que criminalizan el aborto, seguido de El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Surinam, Haití y Chile -aunque la Cámara de Diputados aprobó en marzo la despenalización del aborto en tres causales: peligro de la vida de la madre, malformación fetal y violación, aunque la iniciativa todavía tiene que ser aprobada por el Senado.
Hace quince días, una reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Sociales, la Comisión de Salud y el Comité de Asuntos de la Familia resolvió que la Autoridad de Medicina -a cargo del Prof. Serracino Inglott- debe evaluar y procesar cada caso individual en relación con el Código Penal y la Ley de protección del embrión, basándose en las recomendaciones del Parlamento: si se concede la licencia, el anticonceptivo no debe venderse sin receta médica y el doctor debe poder acogerse a la objeción de conciencia.
En enero de 2015, la Comisión Europea confirmó la propuesta de una Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de clasificar la anticoncepción de emergencia como un producto la venta sin receta. A pesar de que la recomendación no es vinculante, Malta es el único Estado miembro que la ignora.
Para ejercer el derecho a la anticoncepción, las mujeres de Malta –las únicas en Europa- tienen que pedir permiso para acceder a un servicio de emergencias médicas muy básico. Y se preguntan cómo puede ser aceptable tal situación dado que la Autoridad de la Medicina se supone que es un ente autónomo, más aún debido al hecho de que se trata de la política de salud pública.
Denuncian que el propósito de recomendar que la licencia para la píldora sea una ’receta individual’ es el de ejercer presión política indebida sobre la Autoridad de Medicina, para hacerles actuar como títeres en una cadena en lugar de como una autoridad independiente. | 
