Este fin de semana, la Iglesia Católica mexicana publicó en su semanario Desde la Fe, una editorial en donde criticaron a las autoridades por su política de “no ver, no oír y no hablar” ante la ola de violencia que se ha agudizado en el país. No mencionan su papel en el impulso de las movilizaciones del Frente Nacional por la Familia, al lado de los sectores más conservadores del país ni la cadena de crímenes de odio que se han desatado a partir de éstas marchas reaccionarias.
Citando datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, el semanario mencionó los casos de Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos y Veracruz. En este último estado, mencionaron el asesinato de dos sacerdotes, pero ni una sola palabra sobre las más de 300 mujeres que mueren al año producto de los abortos clandestinos en la entidad, que se posiciona ya como el cuarto estado con más muertes de esta naturaleza.
Lo que la Arquidiócesis católica olvidó mencionar en su recuento de la “demencial y tremenda violencia” que azota al país, es el papel que han jugado como institución no sólo para ser cómplice de ella, sino también para promoverla por medio de discursos oscurantistas, profundamente reaccionarios.
Dedican un apartado a la Ciudad de México, en donde dicen que a pesar de que hay registrada una disminución en el índice de delitos, la ciudadanía ha contradicho estas cifras por medio de denuncias por redes sociales. Hablan en general sobre robo, secuestros y extorsión, pero el transfeminicidio de Alessa Flores no mereció una línea en su discurso, a pesar de la gran repercusión que alcanzó.
En una frase irónica, aseguran que las autoridades implementan la política de “no ver, no oír y no hablar”, convirtiendo la seguridad en un “botín” político. Es decir, la institución que tan sólo en México ha hecho de la vista gorda sobre más de 500 casos de niños violados por sacerdotes tan sólo desde Marcial Maciel (en 1994) a la fecha, y que ha buscado silenciar las denuncias por medio de amenazas u ofreciendo puestos en la jerarquía católica, le dice a un régimen que desaparece estudiantes, mata periodistas y encarcela a quienes protestan, que es omiso y que fomenta la impunidad. La serpiente se muerde la cola.
El final de su mensaje, la Arquidiócesis sugirió que la seguridad en un tema tomado a conveniencia, con intenciones de “fortalecimiento de personalidades” ante “eventuales candidaturas”.
“Quien hace oídos sordos al clamor evidente de la ciudadanía pone a la seguridad pública en punto muerto y también su futuro ante cualquier candidatura y aspiración política”, puntualizaron.
¿Este editorial es acaso la continuación de las declaraciones ofrecidas en septiembre por Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ante el asesinato de dos sacerdotes en Poza Rica, Veracruz? En ella, hizo un llamado al gobierno a “hacer su trabajo” y “denunciaron” persecución religiosa.
Los mismos que buscan negar derechos fundamentales a millones de personas en el país y que son responsables por la ola de violencia que se cobra todos los días la vida de mujeres y personas LGBT, cuya sede mundial es una de las más acaudaladas y de mayor influencia en el globo, se dicen perseguidos.
¡Basta de hipocresía! ¡Separación efectiva de la Iglesia y el Estado ya! | 
