Como ya informó La Izquierda Diario, finalmente tuvo dictamen en la Cámara de Diputados el proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal que implicaría la salida de la procuradora referenciada en el kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó, entre otros puntos.

La propuesta fue debatida en un plenario de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo de Cambiemos, el FR/UNA de Sergio Massa, el peronismo disidente del Bloque Justicialista y el GEN de Margarita Stolbizer apoyaron el dictamen que pone límite de cinco años al mandato del procurador, renovable por otros cinco, modificando la disposición actual que avala un cargo vitalicio. Por esto, Gils Carbó deberá dejar su cargo que ocupa desde 2012 el año que viene, aunque para su remoción deberá ser sometida a un proceso de juicio político, que requiere de mayoría simple en Diputados para acusarla y de dos tercios en el Senado para destituirla.

Además, la reforma planea restituir en sus funciones a los fiscales que fueron desplazados por Gils Carbó, dando plazo de 48 horas para que vuelvan a las funciones que se les asignó con acuerdo del Senado. También someter a revisión y aprobación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control todas sus designaciones de fiscales, procuradorías especializadas y también las 11 direcciones generales del Ministerio Público Fiscal.

Como parte del acuerdo del oficialismo con el bloque massista para retomar el poder de la Procuraduría, en la reforma queda muy potenciada la Bicameral de Seguimiento, constituida hace poco y cuya presidencia recayó en la diputada massista Graciela Camaño. La Bicameral tendrá entre sus potestades dar el aval a los nuevos fiscales de distrito y a los procuradores especiales que proponga el procurador.

Como vocero del gobierno, Marcos Peña dijo anoche en América TV que en la procuración tiene que estar "alguien de prestigio y que reúna consenso", aunque afirmó que “nos pueden acusar de muchas cosas, menos de estar operando en la Justicia".

Desde la banca de Myriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda explicaron en el rechazo a la reforma que “Cambiemos llegó al Gobierno hablando contra la intromisión del poder político en la Justicia y cuestionando el enrolamiento político de jueces y fiscales, pero esta reforma va claramente en el sentido opuesto a lo dicho en la campaña electoral”, en referencia a que la reforma refuerza la falta de independencia del Ministerio Público del poder político nacional.

Además desde el FIT denunciaron que “se crea una unidad específica para perseguir actos de terrorismo, que todos sabemos que eso reportará en una mayor criminalización de la protesta social y de las persecuciones a opositores y luchadores. Será el funcionario a cargo de dicha procuraduría quien podrá determinar, al igual que el Juez, que actos tienen “finalidad terrorista”.

Este proyecto lo rechazaron también el FPV y el Movimiento Evita.